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MADRID. La reforma de la vieja ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, puede acabar con un negocio que algunas fuentes consideran "muy lucrativo" de numerosas asociaciones de usuarios de servicios y de consumidores. Se trata del ejercido por organizaciones como Ausbanc, Adicae, Manos Limpias, Aemec y otras muchas de este estilo, que en los últimos años se han personado como acusación popular en numerosos pleitos de todo tipo, sobre todo relacionados con casos de presunta corrupción, pero cuyos intereses no quedan claros la mayor parte de las veces.

Se trata en algunos casos de asociaciones de usuarios de servicios pero directamente relacionadas con grupos editoriales que viven de la publicidad, en otros de sindicatos que no parecen ejercer la actividad sindical, por supuesto también de muchas asociaciones vinculadas al consumo de productos de todo tipo también con publicaciones y hasta otra que dice representar a accionistas minoritarios de empresas cotizadas.

Coinciden casi todas también en que la mayor parte de sus querellas se basan en artículos periodísticos publicados en los medios de comunicación y también que en muchos casos además de la notoriedad pública hay también indicios de la búsqueda de beneficios económicos y de intereses partidistas.

El borrador del Código Procesal Penal, que sustituirá a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1882, y que le ha sido presentado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón por una comisión de expertos, restringe el uso de esta figura jurídica a casos de terrorismo, por lo que impedirá presentarse como acusación popular a partidos, sindicatos y personas jurídicas, es decir asociaciones o empresas, en procesos de los que no son parte.

PURA ACTUALIDAD MEDIÁTICA

Sería difícil, por no decir imposible, dicen las fuentes jurídicas consultadas, encontrar algún caso judicial de los que ahora copan la actualidad mediática como el Madrid Arena, Noos, Bárcenas, Gurtel, familia Pujol Ferrusola, Palma Arena, preferentes y los que afectan a antiguas cajas de ahorros, etc, donde no haya acusación popular. Una figura jurídica de cierta peculiaridad del ordenamiento jurídico español, que algunas fuentes definen como la capacidad de ejercer una pretensión penal plena al margen del ministerio fiscal y sin ser víctima del delito.

Por ejemplo, con este nuevo código procesal que se prepara, UPyD no podría haber interpuesto como partido una querella por estafa contra todos los miembros del consejo de administración de Bankia. Tampoco podría intervenir Manos Limpias en el caso Urdangarín, en el que este colectivo pide la imputación de la infanta Cristina, que rechaza la Fiscalía.

La realidad es que la mayor parte de estas asociaciones han estado o están ejerciendo la acusación popular en casi todos los casos de corrupción de los últimos años.

Adicae estuvo en el asunto Euroforum, en Bankia-BFA, en Caja Castilla-La Mancha y en la CAM y en las preferentes, Ausbanc, que tiene asociado un grupo editorial con intereses en distintos sectores económicos sobre todo el financiero.

Estuvo en Forum Filatélico y Afinsa hasta que fue apartado por la Audiencia Nacional, Manos Limpias en Madrid Arena y Urdangarín y la asociación de accionistas minoritarios Aemec se personó como acusación popular en el caso de SOS Cuétara contra los hermanos Salazar. Pero hay muchísimos más casos en los que estas y otras asociaciones han estado presentes.

USO Y ABUSO DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El propio Partido Popular cuyo Gobierno prepara esta reforma jurídica, se personó como acusación popular en Filesa, la financiación irregular del PSOE en tiempos de Felipe González, y en otros que también afectaban a su principal adversario político como fue el caso de Juan Guerra, o los famosos ERE de la Junta de Andalucía. Y el PSOE, que no podría ser menos, también fue acusación en los casos Gurtel y Camps, y está pendiente de la decisión del Supremo contra la absolución del ex presidente autonómico del PP.

Lo que las fuentes consideran una certeza es que con la reforma que prepara Gallardón, la mayor parte de los asuntos que ahora mismo están investigando los tribunales y que se iniciaron gracias a la acción popular ejercida por partidos políticos, sindicatos o asociaciones, no se habrían abierto o no habrían derivado a donde hoy se encuentran.

Sin embargo, fuentes judiciales que prefieren no ser citadas, aseguran que la mitad de estos casos obedecen a intereses económicos de alguna de estas asociaciones que se llaman así mismas de usuarios de servicios, y la otra mitad a la propia confrontación política que los partidos llevan del Congreso a los tribunales, a veces directamente y otras utilizando otros medios interpuestos.

OPINIONES EN CONTRA Y POSIBLES RECURSOS

Sin embargo, no todo el mundo opina de la misma forma y la iniciativa del Gobierno también ha provocado muchas y airadas reacciones en contra. Y han sido muchos los colectivos que han clamado en contra de lo que consideran un derecho ciudadano, como es el de la acusación popular, que otorga el artículo 125 de la Constitución española.

Antonio Lorca Navarrete, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco y director del Instituto Vasco de Derecho Procesal opinaba hace poco en la web que "hasta que no haya una Fiscalía madura e independiente, porque se ha reformulado su estructura orgánica y pierde el cordón umbilical del Gobierno, limitar la acusación popular sería nefasto", sostiene este profesor que cree que la acción popular ha sido "una garantía ante fiscales manipulados por el poder ejecutivo".

Algunos de las propias asociaciones afectados como Manos Limpias, Voces Contra el Terrorismo, Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, entre otras, podrían estar estudiando medidas jurídicas contra la posible reforma por limitar un derecho constitucional sin que se modifique la Constitución. Se ha hablado hasta de la posibilidad de que vayan a denunciarlo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

LIMITACIONES

Esta reforma procesal en estudio limitará la acusación popular a estos delitos: prevaricación, aquellos cometidos por funcionarios, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, delitos electorales, provocación a la discriminación o que inciten al odio y a la violencia contra grupos y minorías, y los delitos de terrorismo.

Otro requisito para personarse como acusación popular será presentar la querella antes de que la Fiscalía formule su escrito de acusación. Finalmente, los únicos colectivos registrados que podrían ejercer una acción popular con la nueva norma serían aquellos relacionados con las víctimas del terrorismo.