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MADRID (EFE). El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha avanzado que el impuesto estatal sobre los depósitos bancarios tendrá un gravamen de entre el 0,1 y el 0,2 %, y ha recordado que lo pagarán las entidades de crédito, en ningún caso los ahorradores.

El Gobierno se ha visto obligado a recalcar que los depositantes no van a cargar con este impuesto para evitar cualquier comparación con la situación de Chipre, donde se pretende gravar a los ahorradores como condición para que Europa rescate a la banca. El jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Álvaro Nadal, ha desvinculado ambas cosas y ha abogado por "evitar alarmas innecesarias".

En España el impuesto estatal sobre los depósitos bancarios está en vigor desde enero, pero de momento se mantiene al 0 %, ya que se creó sin propósito recaudatorio con el único fin de garantizar la unidad de mercado y evitar que cada comunidad autónoma pudiera tener una tasa propia, algo que ya ocurría en Andalucía, Canarias y Extremadura.

Cuando se anunció su creación en diciembre el Gobierno ya dijo que dejaba la puerta abierta a subir "muy moderadamente" el tipo de gravamen para compensar a estas tres comunidades que lo tenían vigente en ese momento, algo que ha confirmado Montoro al avanzar que estará entre el 0,1 y el 0,2 %.

Antes de ayer en el Senado el ministro ya indicó que se subiría el gravamen, lo que -a su juicio- generó "cierta confusión en los medios de comunicación", algo que hoy ha querido aclarar en el Congreso.

"En primer lugar, en España no existe ni va a existir un impuesto sobre depositantes o ahorradores como el que se trata de implantar en Chipre; en segundo lugar, grava a las entidades bancarias en función de su volumen de depósitos y viene a sustituir al que aplicaban tres comunidades autónomas hasta diciembre", ha dicho durante la sesión de control.

Montoro ha pedido además que se "normalice" el debate y que no se traslade a los españoles sensación de intranquilidad.

La cantidad con la que se compensará a las comunidades que tenían el impuesto establecido por ley antes del 1 de diciembre de 2012 -después lo implantaron Cataluña y Asturias- será negociada en comisiones bilaterales con cada una de ellas, si bien este tema podría salir en la reunión de mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La firma de servicios financieros N+1 ha considerado que el impuesto debería situarse en el entorno del 0,03 % si su finalidad es sólo compensatoria, y no recaudatoria, ya que la cantidad que reclaman las comunidades autónomas cuyos impuestos quedaron anulados con la creación del tributo estatal es de poco más de 200 millones de euros anuales.

Además, la firma cree que tendrá un impacto "ligeramente negativo" para las entidades y acabará por rebajar las mejoras de márgenes previstas tras la desaparición de la guerra de depósitos.