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MADRID. El Gobierno se compromete con la oposición a acelerar, a través del Banco de España, el proceso de reestructuración del sistema financiero y a "agilizar en su caso" la utilización del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al tiempo que pone en marcha nuevas medidas para resolver las "dificultades" de acceso al crédito de empresas y pymes, así como a reducir la morosidad.

En el documento remitido a los grupos de la oposición, al que tuvo acceso Europa Press, el ejecutivo constata que las actuaciones de carácter extraordinario llevadas a cabo ante la crisis financiera tienen como "fin último" facilitar que la financiación llegue a los ciudadanos y a las empresas, en especial a las pymes.

El texto no incluye ninguna mención a una posible reforma de la Ley de Órganos de Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) ni a la reestructuración de las entidades, que el Gobierno confía en ver completada en el primer semestre de este año, y centra todas las propuestas en el ámbito de la financiación de las empresas.

"Existe evidencia de que los canales financieros tradicionales continúan enfrentándose a dificultades, que, en el ámbito empresarial, afectan especialmente a las pymes y a los autónomos", incide el documento, que aboga por "mantener los esfuerzos ya realizados" y por poner en marcha nuevas iniciativas, con la finalidad de combatir la morosidad.

EL ICO CONCEDERÁ CRÉDITOS DIRECTOS

En primer lugar, propone que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) conceda créditos directos con un importe máximo de 200.000 euros y cobertura de riesgo del 100% y comercializados a través de una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso.

"Con esta medida se conseguirá que toda pequeña empresa cuente con financiación", asegura el Ejecutivo, para el que supone un "salto cualitativo" en el respaldo público a las pymes, porque ya no es una línea, sino que va a ser el propio ICO el que atienda las peticiones de crédito en las oficinas bancarias. Asimismo, propone ampliar el apoyo financiero del ICO a promotores de VPO para cuando las viviendas se destinen a la venta.

También aumentará el capital de Cersa, para mejorar su capacidad de reafianzar a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) e impulsar la colaboración del ICO con estas entidades para que las operaciones inferiores a los 600.000 euros cuenten con un reaval por el 100% de la operación. Además, propone elevar el tope de riesgo que asume el ICO en las líneas de mediación.

INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE FACTURAS IMPAGADAS

Para hacer frente a la morosidad, el Ejecutivo plantea la necesidad de establecer "de modo progresivo" la reducción de los plazos para que las facturas que se emitan a partir de ahora, fijando un plazo de pago máximo de 30 días para los pagos de las administraciones públicas y de 60 días para el pago a las pymes y autónomos por parte de las grandes empresas.

Asimismo, se establecerá un procedimiento específico y ágil para hacer efectivas las deudas de las administraciones públicas si se supera el plazo máximo de pago, incluyendo en su caso el cobro de los intereses de demora.

También incorpora mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago de las Administración General del Estado (AGE) comunidades autónomas y corporaciones locales que permitirá que los interventores requieran a los órganos gestores la tramitación en plazo de los expedientes. Así, el Pleno de las Corporaciones Locales recibirá trimestralmente información sobre las facturas pendientes de pago.

SE REFUERZA EL DERECHO A PEDIR INDEMNIZACIÓN

En el ámbito empresarial, el Gobierno acepta la propuesta de establecer un plazo máximo de pago de 60 días en las relaciones comerciales entre empresas, que no podrá ampliarse por acuerdo entre las partes cuando los proveedores sean empresas de reducida dimensión o trabajadores autónomos.

Además, se refuerza el derecho a percibir la indemnización que corresponda por los costes de cobro que la morosidad haya ocasionado a las empresas. Además, potenciará la capacidad de las asociaciones empresariales para actuar en nombre de sus asociados frente a cláusulas abusivas en materia de plazos de pago.