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MADRID. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha rechazado esta misma semana que su departamento haya estudiado la introducción de peajes blandos en la red pública de autopistas o que tenga intenciones de hacerlo en el futuro más inmediato.

Lo hizo en Sevilla en la inauguración del segundo tramo de la autovía metropolitana S 40, donde declaró que la posibilidad de imponer peajes en algunas autovías públicas construidas por el Estado, extremo sucedido por ejemplo en Portugal, "no está sobre la mesa ni nunca lo ha estado".

Y añadió, que al contrario, el Gobierno central está "trabajando" con las autoridades portuguesas para solventar las "dificultades de movilidad" surgidas al imponer Portugal peajes en autovías hasta ahora de uso gratuito.

Sin embargo, pese a las rotundas afirmaciones de la ministra, numerosas fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario han asegurado que se trata de una iniciativa que ha estado numerosas veces sobre la mesa y que nunca se ha descartado del todo, aunque las mejores perspectivas económicas para el final de este año son ahora mismo el mejor argumento para retrasar la adopción de esta medida y otras similares.

MÁS LIBERTAD QUE LOS PAÍSES INTERVENIDOS

Haber evitado el rescate de Europa da al Gobierno español mucho más margen de libertad del que tienen otros países intervenidos, como nuestro vecino Portugal, que se ha visto obligado a imponer este peaje a su red de autopistas en parte por la presión de la Troika.

Las subidas de impuestos en el IRPF y las del IVA tomadas por el Gobierno de Rajoy el año pasado para cumplir los objetivos de déficit público, han sido realmente los que motivos que dieron al traste con una tarificación de la red pública de autopistas, pese a que es una petición que lleva años haciéndose desde el sector constructor y también desde otros países de la UE.

FUERTE IMPACTO ELECTORAL

El IVA provocó una subida de muchos productos a partir de septiembre y el IRPF se paga una vez al año, pero el área más política del Gobierno consideró entonces, y sigue pensando lo mismo, que empezar a cobrar por algo que siempre ha sido gratis, como el uso de una autopista, hubiera provocado airadas protestas de la ciudadanía y menguado aún más las posibilidades electorales del PP después de los incumplimientos del programa con el que ganaron las últimas elecciones generales.

Ana Pastor está en el núcleo duro de ministros por proximidad al presidente del Gobierno, gallega como él, lleva años acompañándole desde distintas responsabilidades, y es público que Mariano Rajoy tiene muy en cuenta sus opiniones.

Hay mucho argumentos para tomar la medida, quizás el más obvio, es la pretendida racionalidad de que los usuarios pagan las infraestructuras que utilizan a diferencia de hacerse vía impuestos.

Pero la todavía triste realidad económica se sigue imponiendo cada día un poco más. Los números hablan por sí mismos. Aunque Ana Pastor también ha dicho recientemente que su departamento ha puesto en servicio "y pagado" más de 300 kilómetros de autovías desde que hace algo más de un año llegó al Gobierno como distintos tramos de Despeñaperros y la Autovía del Cantábrico, lo cierto que las necesidades financieras del ministerio son muchas y apenas cubre los compromisos adquiridos.

Fomento lleva un año aplicando el máximo rigor y austeridad a su gestión pero apenas contrata nada, sobre todo si se compara con años anteriores, y lo que sí está haciendo es terminar los programas que estaban en marcha, sobre todo de AVE.

NO HAY DINERO DISPONIBLE

Fomento adjudicó contratos de construcción de infraestructuras por 2.004 millones de euros en el ejercicio 2012, un importe mínimo histórico que además arroja un descenso del 23% respecto a 2011, según datos oficiales del propio departamento ministerial. Con ello, el Ministerio encadena así al menos cuatro años de retrocesos en adjudicación de obras. Desde 2008, año de inicio de la crisis, la contratación de este Ministerio, principal organismo inversor de la Administración central, se ha contraído un 81% y quienes contratan y muy poco son sus organismos como AENA, ADIF, etc.

Por todos estos recortes presupuestarios es por lo que vuelven a aparecer las presiones del sector y hasta de Europa para que se ponga en marcha una tarificación del uso de infraestructuras viarias, insistiendo en que además la red de carreteras y autopistas española está cada vez más deteriorada y con mayor número de puntos negros por la falta de inversiones de mantenimiento.

La aplicación de un pago por el uso de la red de carreteras españolas conllevaría una tarifa media para vehículos ligeros de 3,1 céntimos de euro por kilómetro recorrido si se aplicaran los mismos parámetros recogidos en la Euroviñeta, según el estudio del Centro Español de Excelencia y Conocimiento de la colaboración Público Privada (Cecopp) presentado el año pasado.

CONCURSOS POR VALOR DE 14.700 MILLONES

Cecopp, en un claro guiño al sector privado, añadía que la Administración podría obtener con la puesta en marcha de la tarificación por uso de infraestructuras unos ingresos iniciales cifrados en torno a 14.700 millones de euros si optase por sacar a concesión la explotación del sistema.

Y más cifras, que podría generarse un ahorro total de 101.678 millones de euros en el período 2013-2043, es decir los próximos 30 años, que se produciría en la partida de gastos e inversores de los presupuestos públicos derivados de la construcción, mantenimiento y explotación de carreteras durante el período de vigencia de las concesiones.

Ya en la presentación de este estudio, en mayor de 2012, Cecopp dijo que el Gobierno estaba estudiando la medida, aunque en ningún momento haya dada por segura su aplicación.