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MADRID. El Partido Popular ha presentado esta mañana una demanda por vulneración del derecho al honor contra la empresa editora del diario El País, así como contra el autor de los falsos papeles publicados que, según dicho medio de comunicación, es Luis Bárcenas, aunque él lo haya negado públicamente y ante la Fiscalía Anticorrupción.

De la misma forma, Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato han emprendido las mismas acciones legales que el Partido Popular, por entender que se ha vulnerado su derecho al honor. Todos los demandantes manifiestan igualmente su intención de dirigir la acción contra la persona o personas que hayan entregado al diario El País los falsos documentos publicados, cuya identidad se desconoce actualmente.

Según la demanda presentada esta mañana, "la difusión premeditada e irresponsable, inexplicable en un medio de comunicación, de documentos (presumiblemente prefabricados ad hoc) cuya autenticidad, veracidad y autoría no se ha contrastado ni de otro modo consta a quien los difunde, pone evidentemente de manifiesto el criticable e inexistente rigor profesional y mala praxis de lo que hace".

Además, la demanda explica que "como han venido manifestando inequívocamente durante estas últimas fechas todos y cada uno de sus dirigentes a quienes se ha preguntado sobre el particular, el PP lleva, y siempre ha llevado, una única contabilidad que, siguiendo lo preceptuado en la legislación vigente, somete con la periodicidad normativamente prevista a la supervisión y control del Tribunal de Cuentas, sin que la revisión de las mismas por el citado órgano haya sido objeto de tacha o reserva de ningún tipo".

Por consiguiente, continúa, "cualquier información o documento que ponga en duda la existencia de una única contabilidad en el PP debemos, pues reputarla como radicalmente falsa, temeraria y tendenciosa".Por todo esto, tanto el PP como el resto de los demandantes consideran que "lo que subyace en la forma de actuar no es sino la clara intención de dañar la imagen y buena reputación del PP y de sus dirigentes y empleados".

En este sentido, la trascendencia de la difusión de las infundadas noticias que se denuncian en este escrito de demanda ha sido de grandes dimensiones. Las conclusiones "indebidamente extraídas de documentos falsos y muy probablemente manipulados, y los infundios derivados de su subjetiva interpretación por el medio, han dañado gravemente la imagen del Partido Popular y de sus dirigentes", según la demanda presentada hoy.

Según la demanda, pocas veces ha podido someterse al enjuiciamiento jurisdiccional un caso de lesión del derecho al honor de tan graves consecuencias para los perjudicados como el que han provocado la conductas de los demandados. Por todo esto, y por medio de esta demanda, el PP y los dirigentes populares afectados solicitan que:

1.- Se declare que por parte de los demandados se ha vulnerado el derecho al honor de los demandantes.

2.- Se declare que dicha vulneración ha supuesto un daño efectivo en la imagen y prestigio de los demandantes.

3.- Se condene a los demandados a la publicación a su costa, de la Sentencia dictada en estos autos estimativa de la demanda, en los mismos medios utilizados para divulgar y poner a disposición de su público los artículos ofensivos, y durante los mismos días en que se han publicado las informaciones objeto del presente procedimiento.

4.- Abonar en concepto de indemnización de daños y perjuicios, que incluye el daño moral, a los demandantes el importe de 500.000 euros, que será destinado a organizaciones de carácter social.

BÁRCENAS DENUNCIA AL PP POR MALTRATO LABORAL

 Según publica 'El País', el extesorero del PP presentó ayer una denuncia por maltrato laboral contra el partido para el que llevó y gestionó sus cuentas durante casi 20 años. Bárcenas tramitó la denuncia ante la Dirección General de Trabajo en Madrid porque considera que el comportamiento del PP la semana pasada, cuando tomó la decisión de vaciar el despacho en el que había situado sus pertenencias y ordenadores desde que en marzo de 2010 fue apartado de sus responsabilidades por el caso Gürtel, constituye "un atentado a su intimidad como trabajador".

La Dirección Provincial de Trabajo ha remitido ya la denuncia a la Inspección General de Trabajo, que depende directamente del Ministerio de Trabajo que dirige la ministra Fátima Báñez.