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MADRID (EP). La Agencia Tributaria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) serán los administradores concursales de Reyal Urbis, inmobiliaria en concurso con un 'agujero patrimonial' de 1.724 millones de euros, según el auto de declaración de concurso dictado este lunes por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid.

Con la elección de dos organismos públicos como administradores concursales de la inmobiliaria, el juez asegura "atender al indudable y relevante interés público" que estima concurre en este proceso, "tanto por el volumen de créditos titularidad de distintos órganos de la Administración General del Estado como por el volumen del pasivo y la extensión territorial (nacional e internacional) de los efectos del concurso".

Reyal Urbis acordó el pasado 19 de febrero solicitar el concurso de acreedores al concluir sin acuerdo el plazo de cuatro meses que se dio para negociar su deuda con los bancos.

POR DETRÁS DE MARTINSA

Por el volumen de su pasivo, la suspensión de pagos de esta inmobiliaria es la segunda mayor de la historia empresarial de España, por detrás de la de Martinsa Fadesa.

El auto que declara el concurso indica que, "según la documentación aportada", la inmobiliaria que controla y preside Rafael Santamaría soporta una deuda de 4.345,43 millones de euros, frente a un activo valorado en 2.621,38 millones de euros.

Por ello, el juez titular indica que de dicha documentación "se desprende el estado de insolvencia del deudor", según consta en su auto, dictado este lunes y remitido por Reyal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según informó la propia Reyal, cuando acordó acogerse a la Ley Concursal, la inmobiliaria debe unos 700 millones de euros a la Sareb, consecuencia de la transmisión a este 'banco malo' de créditos al promotor de los bancos nacionalizados y de los que han recibido ayudas.

Asimismo, Reyal también adeuda unos 400 millones de euros a la Agencia Tributaria, y otros 215 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

TRES REFINANCIACIONES

La inmobiliaria finalmente suspende pagos tras superar tres refinanciaciones de deuda desde que inició la crisis y con un 'stock' de 780 terminadas y sin vender, pese a que lleva sin construir nuevas casas desde que en mayo de 2010 firmó la última de dichas reestructuraciones de pasivo.

La firma, que cerró el ejercicio 2012 con una pérdida de 910 millones de euros y cuenta con 420 empleados, ha excluido del proceso concursal el 'macrocomplejo' comercial y de oficinas que la compañía promueve junto con un grupo de bancos en el Paseo de la Castellana de Madrid y su cadena de hoteles 'Rafaelhoteles'.