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MADRID (EP). El Defensor del Pueblo afirma en su informe anual que la banca debería haber limitado la concesión de préstamos hipotecarios a un porcentaje del valor del inmueble para evitar la situación actual en la que muchas familias están siendo desahuciadas de sus viviendas, y ha señalado que "nunca" se tendrían que haber concedido hipotecas por encima del 80% del valor de tasación.

La institución considera que tanto la vivienda como el local de negocio en el que se ejerce la actividad que constituye el medio de vida deberían regularse separadamente en el conjunto del sector hipotecario "de forma que obtengan una mayor protección acorde con la voluntad de la Comunidad Europea, a fin de paliar la desigualdad existente entre los sujetos que intervienen en este tipo de contratos".

Entiende que el problema que están sufriendo los deudores hipotecarios comenzó a vislumbrarse en 2001 pero, sin embargo, no se valoró su verdadera dimensión, y advierte de que "no se puede considerar que la responsabilidad en el sobreendeudamiento de los particulares sea únicamente de estos, pues el sistema no ha funcionado".

En este sentido, destaca que "es la banca quien debe evaluar la capacidad de endeudamiento del cliente y abstenerse de ofrecer préstamos por encima de la capacidad de reembolso", y apunta que las entidades financieras "deben implicarse en la protección de los consumidores".

A su juicio, las normas de transparencia hipotecaria recogidas en la Orden del 5 de mayo de 1994 han demostrado ser "ineficaces", por lo que cree que debe llevarse a cabo una mejora del marco normativo "desarrollada con la elaboración de una guía de acceso al préstamo hipotecario".

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo recomienda reforzar la independencia del Banco de España frente a las entidades de crédito para que ejerza una "verdadera" labor mediadora entre banco y cliente con la finalidad de evitar procesos judiciales.

A la hora de tomar medidas preventivas, la institución aboga por mejorar la transparencia, hacer efectivo el asesoramiento técnico por parte de las entidades financieras y de los notarios y desarrollar la obligación de concesión responsable de crédito.

También aboga por desarrollar de forma "adecuada al momento social" la regulación de las hipotecas que afectan a la vivienda habitual y al local de negocio donde se ejerce la actividad que constituye el medio de vida de los particulares del resto de su patrimonio.

Además, propone una serie de medidas paliativas que pasan por regular un procedimiento específico para la insolvencia de las personas físicas, ya sea procesal o extraprocesal, y que permita al deudor quedar liberado de sus deudas tras el concurso, al igual que sucede con las empresas.

Asimismo, defiende la adopción de medidas extraordinarias que permitan a los deudores de buena fe continuar utilizando su vivienda o local de negocio mediante un precio asumible "buscando su recuperación económica e integración social".