MADRID (EP/VP). En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ejecutivo "deplora profundamente la decisión tomada hoy por las autoridades bolivianas de nacionalizar" Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA), filial de las españolas Abertis y Aena, y que se haya procedido a "la ocupación policial de sus sedes y demás medidas que han acompañado la nacionalización".
"España no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos pero defiende que toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio según una valoración justa e independiente del bien expropiado", ha subrayado el Gobierno.
Asimismo, ha lamentado que "las expropiaciones sin previo aviso y con ocupación por la fuerza pública de las instalaciones expropiadas no se correspondían con el buen clima que se supone preside las relaciones entre Bolivia y España".
Así las cosas, "el Gobierno español considera esta expropiación como un acto inamistoso que se suma a medidas similares emprendidas en meses recientes contra otras empresas españolas en Bolivia y que contrastan con el papel que hasta ahora ha jugado España en defensa de los intereses bolivianos", prosigue el comunicado.
Frente a "esta reiteración de decisiones que cuestionan la voluntad" del Gobierno boliviano "de mantener con España las relaciones de amistad, cordialidad y cooperación que España siempre ha favorecido en todas los ámbitos, el Gobierno español, muy a su pesar, procederá a replantear el conjunto de las relaciones bilaterales", ha remachado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, había advertido desde Bruselas de que el Gobierno iba a estudiar "todas las medidas" necesarias, tanto a nivel bilateral como apelando a la "solidaridad" de sus socios de la Unión Europea, en respuesta a la expropiación de SABSA.
García-Margallo había apuntado que "no es la primera vez que ocurre" un incidente de este tipo con el Gobierno boliviano y ha lamentado que esta actuación "contraste vivamente" con la cooperación de España en otros asuntos.
"Es obvio que un movimiento de este tipo, una expropiación saltándose los procedimientos habituales y no respetando el principio de la indemnización requerida en caso de expropiación, tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales", había advertido.
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