MADRID (EP). Cinco de los siete imputados en la trama Gürtel que han regularizado fiscalmente por la vía ordinaria han pagado un total de 11,3 millones de euros a Hacienda, según las fuentes consultadas por Europa Press. El grueso de esta cantidad lo ha pagado una sóla persona, 9 millones de euros.
El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, explicó hoy en el Parlamento que ha informado al juez de la Audiencia Nacional que uno de los imputados en la trama Gürtel se ha acogido a la regularización fiscal extraordinaria, es decir, a la llamada amnistía fiscal, mientras que otros siete han regularizado por la vía ordinaria. De estos siete, cinco lo hicieron antes de que tomara posesión el Gobierno popular y los otros dos restantes, a lo largo de 2012.
Pues bien, esos cinco que lo hicieron con anterioridad a la amnistía fiscal, pagaron un total de 11,3 millones de euros. Y uno de los contribuyentes llegó a pagar un total de 9 millones. Este imputado realizó declaraciones complementarias los años 2009 y 2010 por los ejercicios fiscales anteriores que no habían prescrito y por diferentes impuestos, entre los que pueden estar sociedades e IVA.
Estas cinco regularizaciones las han realizado personas físicas, pero pueden declarar como propietarios de una sociedad y también por los diferentes impuestos que no se hubieran declarado correctamente con anterioridad. Por ello, es difícil calcular cuál serían las bases imponibles afloradas, aunque las fuentes consultadas señalaban que como mínimo más del doble de lo pagado.
Otros de los imputados pagó a Hacienda por la regularización ordinaria 1,5 millones de euros y un tercero tuvo que tributar 800.000 euros.
Los otros dos, de esos cinco imputados que regularizaron antes de 2012, pagaron cuotas muy bajas, de poco más de 3.000 euros cada uno. En cuanto a los dos imputados que realizaron complemtenarias por la vía ordinaria ante Hacienda durante el periodo en que estaba en vigor la amnistía fiscal, es decir, en 2012, uno de ellos declaró a través del impuesto de sociedades y otro, como persona física. En ambos casos, las cuantías tampoco fueron elevadas y rondaron los 3.000 euros cada una.
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