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VALENCIA. Joaquim Bosch (Cullera, 1965), es portavoz nacional de Jueces para la Democracia (JpD) y magistrado. Asegura que un año después de la llegada de Ruiz Gallardón al Ministerio de justicia, las expectativas de futuro del poder judicial son tremendamente negativas, como dejar fuera del sistema a 1.200 jueces sustitutos, lo cual repressenta un ahorro de 20 millones de euros, pero los asuntos judiciales se van a retrasar más. Lamenta que aunque la Ley de Tasas ya ha conseguido reducir un 10% la letigiosidad, ha sido a costa de una amplia capa de la población que se va a quedar fuera del sistema judicial.

Comenta que el mayor porcentaje del número de delitos indultados son cargos públicos, políticos, policías y personas cercanas al poder ejecutivo. "Por eso, y con razón, la sociedad piensa que la justicia no es igual para todos". Anuncia una posible huelga de la judicatura si el Gobierno sigue adelante con la intención de usurpar funciones del Consejo General del Poder Judicial.

-¿Se ha notado una disminución del número de casos en los juzgados tras la aplicación de las tasas judiciales?
-Los primeros estudios que se han hecho han detectado el descenso de la letigiosidad en un 10%. De todos modos es pronto para saberlo, pero son muchos los abogados que me comentan que no van a presentar recursos porque sus clientes no pueden pagar las tasas.

-¿Puede repercutir negativamente en los casos que llegan a los bufetes de abogados?
-Hay que distinguir dos hechos. Por un lado es cierto que tiene que disminuir la letigiosidad. Si la gente tiene que pagar por un servicio público lo que pasará es que lo utilizará menos. Y por otro, el problema es que si bien descongestionará la justicia será a costa de suprimir el uso de la misma, que por otro lado es un derecho fundamental. Lo que está claro es que una amplia capa de la población va a quedar fuera del sistema judicial. Es una medida, pero no la solución.

-¿Abogados en el paro?
-Está claro que si hay menos casos, los profesionales que los atienden verán mermados sus ingresos. De todos no creo que el problema sea que un colectivo profesional se quede sin trabajo o pierda ingresos, sino el motivo por el que los pierde. Que no es otro que generar un grave perjuicio a la ciudadanía eliminando un derecho fundamental.

-Ley de tasas, desahucios, reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, indultos gubernamentales opuestos a decisiones judiciales, ¿qué futuro le espera al poder judicial?
-Las previsiones son pesimistas y muy negativas. Para nada nos acercamos a Europa. Más bien al contrario. España tiene la ratio de jueces por habitante más baja del ámbito europeo, a unos niveles equiparables a los de Turquía. También estamos en la parte más baja de la UE respecto al porcentaje del PIB que se invierte en justicia. Claro, cuando entró Gallardón en el ministerio se generaron expectativas pensando que esto podía cambiar, pero un año después las evaluaciones de todos: jueces, fiscales, magistrados, abogados, consumidores etc, son tremendamente negativas. En lugar de resolver los problemas estructurales se ha sobrecargado el sistema y aplicado recortes importantes en materia de justicia.

-Respecto a las tasas judiciales, ¿en su juzgado se aplican?
-Hay varias demandas que se están tramitando en los tribunales y es previsible que en el ámbito político se presenten recursos de inconstitucionalidad y por otro lado los jueces podemos plantear esta cuestión de inconstitucionalidad. Aquí no ha llegado ningún asunto en el que la parte alegue esta indefensión.

-¿Qué ha pasado con el proyecto de reforma de la oficina judicial?
-Que al parecer no hay dinero para abordarlo. El actual responde a un organigrama caduco instaurado en el siglo XIX, que no sirve. Hay que aplicar criterios de eficiencia, de eficacia en la gestión, mejorar la ruta de los casos, ir eliminando el papel, etc. Una cosa que va a perjudicar y mucho a los ciudadanos es que en la última reunión con Ruiz Gallardón nos planteó que dentro de la política de recortes del Gobierno, a Justicia le tocaba aportar su parte. Por lo que tenía que recortar 20 millones de euros en la partida de jueces sustitutos. Esto ha dejado fuera del sistema judicial a 1.200 jueces sustitutos y ha recargado de trabajo a los jueces titulares, generando malestar además de resultar de cumplimiento imposible.

-¿Provocará un colapso del sistema?
-Sin duda. El gobierno habrá ahorrado 20 millones de euros, pero los asuntos judiciales todavía se van a retrasar más.

-Por un lado se recorta y ralentiza la justicia y por otra el Gobierno indulta casos sentenciados por ustedes, ¿cómo sienta esta intromisión en las funciones del poder judicial?
-Los indultos de la manera en que se están aplicando suponen usurpar las funciones del poder judicial, que es el que tiene la competencia en un estado de derecho de juzgar qué conductas son o no delictivas. El gobierno está aplicando los indultos de manera arbitraria, sin explicar las razones de porqué se conceden y por tanto no resultan justificables. La Constitución prohíbe la arbitrariedad y obliga a la Administración a explicar y fundamentar sus decisiones. La sociedad no entiende porqué a unas personas se les indulta y a otras, en la misma situación, no.

-Entonces, ¿la Ley de Transparencia es un brindis al sol?
-Efectivamente. El Bobierno debe dar razones y si además, como han publicado los medios de comunicación, en uno de los últimos casos, en Valencia, había conexiones entre el abogado del último indultado y personas del Gobierno, entre ellas el propio ministro, en la sociedad se asienta la sensación de impunidad. El mayor porcentaje del número de delitos indultados son cargos públicos, de carácter político, funcionarios de alto rango, policías y personas cercanas a los que toman las decisiones. La sociedad ante estas medidas piensa que la justicia no es igual para todos.

-¿Qué proponen al respecto desde Jueces para la Democracia?
-Una reforma de la Ley de Indultos y que solo pueda otorgarse por causas justificadas aplicada con criterio de equidad y sometida al poder judicial. Hay que recordar que es una ley de 1870 que ha sido modificada, pero su esencia sigue siendo la misma.

-¿Y por qué se mantiene dos siglos después?
-Porque a los sucesivos gobiernos les ha permitido utilizarla de manera arbitraria. Ningún gobierno ha mostrado su intención de modificarla. El indulto es un vestigio del antiguo régimen, y una institución previa al estado de derecho cuando el monarca absoluto podía revocar lo que quisiera.

-¿Otra nueva vuelta de tuerca al poder judicial puede ser la próxima reforma del Consejo General del Poder Judicial?
-La comisión de estudios del CGPJ ya ha informado negativamente sobre esta reforma que propone el Gobierno. La reforma pretende despojar al CGPJ de una serie de competencias para reservárselas al Gobierno y por tanto subordinar a los miembros del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Es una reforma que atenta contra la independencia judicial. Si el Gobierno asume estas competencias, cuando los jueces asuman causas incómodas para el poder político o económico se puede atacar su independencia. La sociedad necesita espacios de garantía y contrapoder para poder frenar determinados abusos. Además resulta incompatible la intención del ministro de querer despolitizar la justicia con el hecho de haber presionado al CGPJ para tratar de resolver la crisis ocasionada por el caso Dívar.

-¿La huelga es la única medida para frenar estas situaciones?
-No debería ser la única, debería ser la última. Hemos acordado que si todas estas medidas no dan marcha atrás se convocará una huelga en todo el sector de la justicia. La semana próxima habrá una reunión con todas las asociaciones judiciales donde decidiremos si finalmente damos el paso. No es una medida que nos guste, porque el sistema está ya bastante saturado como para generar más perjuicios al servicio público, pero si no tomamos medidas todavía va a empeorar más el sector de la justicia. Es el camino para poder abrir una mesa negociadora que busque soluciones.

-¿Qué tal es Gallardón en las mesas de negociación?
-Es un político experimentado que se mueve a golpe de titular desviando la atención de los problemas reales. Además nuestra experiencia con él ha sido negativa porque nos dio a entender que iba a adoptar soluciones respecto a todos estos problemas, que luego no ha cumplido. Esto ha generado una gran desconfianza por lo que hemos manifestado públicamente que no lo consideramos interlocutor válido, tanto por su falta de palabra como por sus continuas descalificaciones hacia los jueces. Por eso hemos pedido que sea Mariano Rajoy el que se siente en la mesa negociadora.

-¿Qué les parece la última medida de Gallardón de privatizar los registros civiles?
-Es una forma de copago singular y única en el mundo. Hasta ahora, y yo soy juez de registro civil, cualquier persona que pide una partida de nacimiento, tramite un matrimonio o pida una partida de defunción, como servicio público que es, se le da. Gallardón pretende entregar el servicio a los registradores de la propiedad, los registradores mercantiles y notarios para que cobren por todo esto. La medida se ha adoptado para favorecer intereses corporativos de estos cuerpos profesionales, pero no benefician al conjunto de la sociedad. A diferencia de otros copagos, el dinero recogido no irá a las arcas públicas, sino al beneficio de estos colectivos que históricamente han tenido un trato privilegiado. La sociedad no tiene la culpa de que pinchara la burbuja inmobiliaria, ni de que ellos ganaran mucho dinero en su momento.

-Últimamente da la sensación que la justicia parece estar más cerca de los ciudadanos que los políticos al cuestionar los intereses de demora del sistema financiero...
-La justicia está empezando a actuar porque se están paralizando las ejecuciones hipotecarias, mientras espera que la jurisdicción europea declare si nuestro sistema procesal incumple la directiva europea de protección de los consumidores dado que nuestra ley concede privilegios y ventajas a los bancos frente a los ciudadanos. Desde la justicia se está frenando los intereses de demora abusivos, que en algunos casos pueden llegar hasta casi el 30%, siendo incluso mayores que la propia deuda, cuando lo mejor sería que fuera el Gobierno el que regulara estas cuestiones.

-Recientemente se ha puesto en evidencia la relación entre los 22 millones de Bárcenas en Suiza y Frederic François Mentha, empleado de Lombard Odier e imputado en la Operación Emperador, llama la atención que tras descubrirse esta gran operación de blanqueo de dinero los 20 imputados de la trama fueran puestos en libertad. ¿Y a usted?
-Es un asunto que se está juzgando en otro órgano judicial y no sería prudente que me pronunciara para que el compañero juez que lleva la investigación pueda hacerlo de manera independiente, sin presiones, ni opiniones que puedan condicionarle. Pero en efecto hay muchas cosas que deben ser aclaradas.

-¿Por qué en unas causas se acepta como prueba el tráfico de e-mails interceptados y no se aceptan las grabaciones o escuchas telefónicas?
-El Tribunal Supremo tomó una decisión y nosotros como jueces debemos limitarnos a respetarla. Efectivamente Baltasar Garzón ha recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señalando que su decisión era correcta y ajustada a derecho, y estaremos a lo que decida el Tribunal Europeo, para saber hasta dónde llegan los límites de la actuación judicial.

-También se habla mucho del paralelismo existente entre las consecuencias que los casos Gürtel y Naseiro tuvieron sobre sus respectivos jueces, Baltasar Garzón y Luís Manglano. ¿Y usted que cree?
-Es verdad que los tribunales anularon las escuchas del caso Naseiro y esto imposibilitó cualquier tipo de condena y en el caso Gürtel o Barcenas todavía está en investigación abierta y hay elementos probatorios que tendrán que ser analizados para poder establecer un paralelismo entre ambas causas.

-¿Qué piensa de la prescripción de los delitos de corrupción?
-En general todos los delitos tienen unos plazos de prescripción, excepto el caso de genocidios o crímenes sobre lesa humanidad. Pero es cierto que los delitos de corrupción no tienen un tratamiento adecuado, en primer lugar porque no hay medios adecuados en los juzgados para poder perseguirlos y esto dificulta las investigaciones; en segundo lugar porque las penas no son proporcionadas al daño causado a la sociedad, son penas muy benignas comparadas con los delitos comunes. En España está muy criminalizada la pobreza con unas penas muy altas para los delitos contra la propiedad, pero son muy bajas las penas que afectan al conjunto de la sociedad. Y en tercer lugar los plazos de prescripción, efectivamente, son muy cortos.

-¿Y algunos acaban además siendo indultados?
-Sin duda. Hace poco vimos los casos del exalcalde y tres exconcejales de Valle de Abdalajis (Málaga) condenados por prevaricación urbanística a penas de entre 3 y 10 años de prisión que fueron indultados sin la consiguiente explicación por parte del Gobierno de los motivos de esta gracia.

-Hablando de otras cosas, ¿por qué se hizo juez?
-Aunque en mi familia no hay antecedentes jurídicos siempre he visto el Derecho como un avance de la civilización y como forma de sustituir la venganza privada por una resolución. Y dentro de la estructura del derecho, la función judicial me parecía el ámbito perfecto para colaborar en la preservación de los derechos fundamentales. Ordenar conflictos humanos con una solución razonada y razonable es una labor importante para la sociedad.

-¿En su casa también ejerce de juez?
-Imposible. Tengo dos hijos pequeños y como cualquier padre paso todo el tiempo que puedo jugando con ellos. Por lo demás me considero una persona normal, a la que no le sale la vena de juez ni en un debate con los amigos. Más bien al contrario, sus ironías y bromas me ayudan a relativizar y no llevarme al espacio personal mi faceta como juez. Afortunadamente separo bastante bien mi vida personal de la profesional.