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MADRID (EP). El Ministerio de Industria, Energía y Turismo contendrá el déficit de tarifa de 2013 gracias a un crédito "extraordinario" de 2.200 millones de euros procedente del propio Estado, que evitará incrementos en las exigencias de ingresos regulados del sistema y, con ello, "subidas de la luz", anunció el ministro José Manuel Soria.

La aprobación de este crédito viene acompañada de otras medidas que permitirán reducir costes en el sistema eléctrico por un total de entre 600 y 800 millones de euros. Habrá un nuevo recorte en las retribuciones reguladas del sistema eléctrico y un cambio en el método de cobro de las primas a las renovables, cuyo impacto oscilará entre 250 y 500 millones al año.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Soria indicó que las medidas tienen como objetivo que el déficit de tarifa sea "el mínimo posible" en 2013. "El objetivo que nos planteamos es que el déficit sea cero" durante el año, añadió.

Sobre el crédito extraordinario, el ministro aseguró que computará o no como déficit público "en función de si se utiliza o no". "Una cosa es que se apruebe y otra cosa es que se utilice o no se utilice, lo que no podemos saber", señaló.

Este crédito extraordinario para "hacer frente a los desfases" de 2013 forma parte de un proyecto de ley y, en ningún caso, se cargará a los presupuestos de su departamento, explicó.

De esta forma, se evitará que "puedan aparecer en el sistema incrementos de costes y que, si aparecen, no se traduzcan en un incremento de peajes que provoquen una subida de la luz a hogares o empresas", señaló, antes de precisar que el proyecto se ha remitido al Consejo de Estado para su informe.

Este crédito, cuyo importe se asemeja al coste para la tarifa del principal e intereses de la deuda eléctrica, permitirá contener el déficit de tarifa de 2013 junto a otros aspectos, entre ellos los 3.000 millones de ingresos previstos con los nuevos impuestos eléctricos o 450 millones de las subastas de derechos de CO2.

REVISIÓN SIN IPC

Además, el Gobierno ha dado este viernes el visto bueno a un real decreto ley que elimina la revisión anual de las retribuciones reguladas del sistema conforme al IPC y establece un nuevo referente de revisión a partir de IPC subyacente (excluidos productos energéticos y alimentación) y a precios constantes.

Esta segunda medida supondrá un ahorro de costes de entre 330 y 340 millones de euros al año al sistema eléctrico y se aplicará a retribuciones reguladas, entre las que figuran el transporte, la distribución, los sistemas insulares y extrapeninsulares, y las primas al régimen especial, entre ellas las renovables.

TARIFA O MERCADO

Por otro lado, dentro de las tecnologías 'verdes', los productores dejarán de tener la opción de elegir entre una tarifa fija y un precio de mercado más prima. A partir de ahora, deberán decidir si, para el conjunto de los años de funcionamiento de la instalación, desean tarifa regulada o, por el contrario, ir al mercado sin prima.

La medida tendrá un impacto de entre 250 y 500 millones de euros y, para abordarla, se modificará el real decreto 661/2007, en el que se da a los productores la opción de disfrutar de una tarifa fija o, por el contrario, de un precio de mercado más prima, y de elegir entre las dos opciones cada año.

"Lo ocurrido hasta ahora es que cuando los precios del mercado suben, las empresas eligen mercado más prima, y cuando baja les interesa más la tarifa regulada", señaló el ministro.

"A partir de ahora, tendrán o bien tarifa regulada o mercado sin prima" para evitar que cambios en el precio de mercado repercutan en más costes del sistema y más precios de la luz", aseveró.

LITIGIOS DE LAS RENOVABLES

Al ser preguntado acerca la posibilidad de que el sector renovables conteste con demandas judiciales a estas medidas, Soria aseguró que su contenido "no cambia las reglas del juego, sino que racionalizan la metodología" actual.

"El Gobierno adopta las medidas que considera necesarias para el interés general, e intentamos que el interés general coincida con el interés particular. Como parte del interés general, está que no se repercutan sobre la tarifa final los incrementos en los costes de peajes", señaló.