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MADRID (EP). El Pleno del Congreso debatirá este miércoles las enmiendas de totalidad presentadas contra el proyecto de ley Antidesahucios por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y BNG, así como sus propuestas alternativas de normativa, que pasan por suavizar los requisitos para acogerse a la moratoria de las ejecuciones y congelar los intereses de demora, así como abordar cambios más profundos de la actual legislación hipotecaria. 

La Junta de Portavoces decidió este martes incluir en el orden del día del primer pleno del año, de carácter extraordinario, este debate de totalidad con el objetivo de que el proyecto de ley pase a la Comisión de Economía y se puedan agilizar tanto las comparecencias de expertos --previstas para los días 5 y 6 de febrero-- como las negociaciones parlamentarias.

No es, por tanto, nada probable que las enmiendas de totalidad salgan adelante, aunque el debate del próximo miércoles sí servirá para que las formaciones políticas expongan su punto de partida en las negociaciones, que la oposición pretende aprovechar para renovar en profundidad normativas como la Hipotecaria o la Concursal, o promover la creación de la figura jurídica de la 'dación en pago'.

AMPLIAR LA COBERTURA DE LA MORATORIA

Así, los socialistas reclaman una paralización de todas las ejecuciones hipotecarias --independientemente del punto en que se encuentren-- durante tres años y sin acumulación de intereses de demora, para todas las familias en situación de sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso que tengan una renta familiar inferior a tres veces el IPREM y cuya hipoteca sobre la vivienda habitual supere el 50% de sus ingresos netos.

Y es que el PSOE considera que los requisitos impuestos en el decreto del Ejecutivo son demasiado restrictivos y únicamente retrasan o incluso agravan el problema de estas familias, ya que se paraliza el lanzamiento cuando ya se ha perdido la vivienda y además se continúan acumulando los intereses de demora.

Por otra parte, su texto alternativo incluye también la exigencia de que el Código de Buenas Prácticas aprobado hace casi un año sea permanente y obligatorio para todas las entidades financieras, y no sólo las participadas por el FROB, con el objetivo de que las personas que hayan perdido su vivienda puedan renegociar y reestructurar sus deudas.

Con respecto al fondo social de viviendas, los socialistas reclaman que se destinen al mismo todas las viviendas controladas por el FROB, las que se transfieran al 'banco malo' y las gestionadas por las administraciones públicas.

IU-ICV: MORATORIA UNIVERSAL

Por su parte, la Izquierda Plural reclama una moratoria "universal e indefinida" de las ejecuciones --independientemente de la fase en que se encuentren-- a petición del deudor con insolvencia sobrevenida o de las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales, siempre que se trate de la vivienda habitual y no se disponga de otra donde residir, sin otros requisitos económicos o familiares adicionales.

La moratoria conllevará una suspensión del devengo de intereses y se mantendrá "mientras no se acuerde la dación en pago o un procedimiento de liquidación ordenada" de las deudas --quita o refinanciación ajustada a las posibilidades del deudor--, acompañándose de la puesta a disposición de la familia de una vivienda digna adecuada a sus posibilidades durante al menos cinco años.

En la misma línea, se propone ampliar la moratoria de los desahucios de vivienda urbana en régimen de alquiler en situaciones similares y que se aceleren los términos de realojamiento, además de sugerir la creación de un fondo de pago de rentas para que los arrendadores no se vean perjudicados.

Además, se reclama que el Fondo de Alquiler incluya todas las viviendas de titularidad pública que estén vacías, de entidades financieras nacionalizadas o participadas por el FROB y del 'banco malo'. Este fondo, que será de titularidad estatal pero que gestionarán las comunidades autónomas, deberá ofrecer viviendas en alquiler a precio protegido no superior al 30% de los ingresos mensuales de los beneficiarios durante al menos cinco años.

IU-ICV pide por último que el arbitraje judicial y la mediación sea obligatoria en cualquier proceso de ejecución, que el deudor pueda elegir libremente qué opción de las previstas en el Código de Buenas Prácticas se le aplican, y que se supriman los condicionantes y limitaciones familiares o económicas para fijar el umbral de exclusión.

BNG: CAMBIOS LEGALES PROFUNDOS

Por su parte, la propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclama cambios legales profundos ante una normativa procesal, hipotecaria y civil que "impide que los juzgados adopten medidas intermedias que ponderen el derecho de la entidad financiera acreedora a que les sea resarcida la deuda contraída con el derecho al acceso a una vivienda digna de personas cuyo incumplimiento de la obligación de pago viene motivada por causas ajenas a su voluntad".

En concreto, los nacionalistas gallegos proponen que en los casos de deudores de buena fe que vean en riesgo su vivienda habitual puedan optar a la dación en pago, "de forma que la pérdida de valor de los inmuebles sea asumida también por parte de la entidad". Además, reclaman procesos de negociación de las ejecuciones que conduzcan a una moratoria en los pagos acomodándolos a la situación del deudor, la transformación de la hipoteca en un alquiler con opción a compra o la condonación parcial de la deuda.

El BNG pide también cambios en el Código Civil y la Ley Hipotecaria para que pactos voluntarios o normas legales puedan alterar el principio de responsabilidad ilimitada del deudor, de forma que no se vea abocado a la ruina; así como modificaciones de la Ley Concursal para que puedan acogerse a ella personas físicas. Todos estos cambios deben extenderse a los préstamos hipotecarios en trámite de ejecución anterior a la aprobación de la norma.