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MADRID. La asociación de grandes constructoras Seopan, se reunió el pasado 8 de enero con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para analizar las inversiones necesarias en agua en los próximos años, que incluirán un programa de trasvase de cuencas hidrológicas, tal como anunció el propio Arias Cañete al comienzo de la legislatura.

Aunque de momento todo son proyectos dados los recortes presupuestarios, distintas fuentes del sector de la construcción consideran que con los planes de trasvases, regadíos y de calidad de las aguas, que se plantearán a mediados o finales de la actual legislatura, pueden movilizarse recursos por valor de unos 16.000 millones de euros.

La cifra coincide con la presupuestada por la Comisión de Concesiones y Servicios de la CEOE, el pasado año, que propuso al Gobierno un plan de inversión de unos 80.600 millones en infraestructuras, con colaboración del capital privado y hasta el horizonte de 2016 y de ese montante preveían la posibilidad de que unos 16.000 millones fuesen para dotaciones de gestión de agua. Desde el ministerio no han querido precisar cifras concretas y se han limitado a las declaraciones del ministro.

CARÁCTER ESTRATÉGICO Y VERTEBRADOR

Arias Cañete ha explicado recientemente que el Pacto Nacional del Agua "obedece a la necesidad de poner orden en las políticas de aguas" que se desarrollan en España y cumplir con las obligaciones del país en la UE. Añadió que será un pacto de larga duración y tendrá carácter "estratégico y vertebrador" para todo el territorio nacional, además de dar como resultado la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, "que contemple acuerdos y materialice objetivos". Y en eso es en lo que actualmente trabaja su departamento y para lo que se entrevista con el sector de las construcción.

Al encuentro del pasado 8 de enero, celebrado en la sede del Ministerio, asistieron el todavía presidente de Seopan, Baldomero Falcones, y el vicepresidente ejecutivo de esta organización empresarial, Julián Núñez y por parte de Agricultura, además del ministro, asistió la directora general del Agua, Liana Ardiles.

Después del Ministerio de Fomento el de Agricultura es el segundo organismo inversor en obra pública de la Administración central. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, según fuentes del departamento ministerial, prevén una inversión en infraestructuras hidrológicas de cerca de 1.500 millones de euros, bastante parecida a la del año pasado.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Por estas limitaciones presupuestarias, el ministerio de Agricultura aspira a que el capital privado pueda entrar en el desarrollo de las infraestructuras hidrológicas, ya que hay muchos mecanismos disponibles para articular su entrada, como concesiones y a través del pago de cánones o tasas que impidan que determinadas inversiones y deuda computen como déficit público. Pero también el sector de la construcción necesita obras dado el desplome de la licitación pública en los últimos ejercicios, que está obligando a las grandes constructoras a su internacionalización, y todo parece indicar que lo relacionado con el agua es el único capítulo inversor con posibilidad de crecer en España en el futuro.

Como se recordará, el pasado mes de febrero, nada más comenzar la actual legislatura del PP, el ministro Miguel Arias Cañete, abrió las puertas a un posible nuevo plan hidrológico y de trasvase de cuencas, aunque el propio ministro recordó ya entonces que las inversiones, que son las que ahora se están planificando, no llegarían hasta la segunda mitad o el final de la legislatura.

En resumidas cuentas, Arias Cañete dejo claro que primero habría que cerrar todos los planes de cuencas para tener un mapa real del agua en España y luego con ese trabajo hecho, preparar y lanzar un plan de trasvase de cuencas que soluciona de una vez uno de los más graves problemas de España, que sobra agua que se tira en la mitad del país y falta en la otra mitad, que sufre restricciones cuando no llueve.

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES CONTRA ESPAÑA

Pero el ministro también ha alertado recientemente de que en España no se depuran todas las aguas y se debe dar cumplimiento a lo que establece la directiva europea del Consejo sobre aguas residuales. De hecho, ha señalado que cinco años después de poner en marcha el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración 2007-2015, con una inversión prometida de 6.233 millones de euros, la Comisión Europea ha iniciado ya dos procedimientos sancionadores y un requerimiento contra España.

Por hacer un poco de historia, habría que recordar que el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero anuló el plan que tenía preparado el Ejecutivo de Aznar hace más de ocho años y apostó por la construcción de desaladoras. Ese proyecto fue defendido por Cristina Narbona cuando era ministra de Medio Ambiente, cuando ella misma durante los Gobiernos de Felipe González había defendido la necesidad del trasvase de cuencas que se plasmaron en los planes de Borrell, como una de las únicas formas posibles de garantizar el agua en el sur y el levante español cuando no llueve.

DESALADORAS PARA EVITAR UNA GUERRA DE REGIONES

El problema del que huyó Zapatero con las desaladoras es político y fue para evitar una nueva batalla del agua entre regiones por la titularidad de los ríos y los recursos hidrológicos. El sector de las infraestructuras dijo entonces que aceptaba hacer el plan de desaladoras propuesto por Zapatero, aunque estaban seguros que en un plazo de tiempo corto habría que terminar por plantearse un programa de trasvases de cuencas, como todo indica que está sucediendo.

Miguel Arias Cañete ha sido muy crítico con este plan de desaladoras. Hace poco indicó que de las 51 instalaciones programadas, tan sólo 17 están en explotación, y 15 todavía en trámite de construcción y añadió que se han realizado inversiones de 1.664 millones de euros pero faltan otros 762 millones para poner en funcionamiento aquellas desaladoras todavía en ejecución.