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MADRID. Garantizar por ley la finalidad del dinero destinado a rescates de las comunidades autónomas es uno de los fines que pretende conseguir la formación Unión Progreso y Democracia (UPyD) con la tramitación de una proposición no de ley en el Congreso. La portavoz del partido, Rosa Díez, criticaba este miércoles el mantenimiento de "redes clientelares" como embajadas, televisiones autonómicas o la creación de organismos como la Agencia Tributaria Catalana con recursos públicos aportados por el Estado.
Según explicaba el abogado de la formación, Andrés Herzog, proponen establecer requisitos previos que se deban cumplir antes de recibir el dinero y apuntaba a unas ayudas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que sean "finalistas", es decir, que su uso esté condicionado a garantizar la igualdad y preservar los servicios esenciales. Entre otros aspectos, Díez criticó las declaraciones de algunos presidentes de comunidades autónomas que no se comprometían a cumplir los objetivos de déficit de su comunidad para 2012.
Para la formación, resulta alarmante que la ayuda europea a España conllevara por parte de la Unión Europea la imposición de hasta 32 condiciones para el sistema financiero, además de otras tantas para la política fiscal y el conjunto de la economía española. De la misma forma, piden que los condicionamientos para las regiones que reciban fondos FLA sean "expresos y no sólo genéricos". "Pedimos que no se dé el dinero hasta que no se hagan determinadas cosas y no garanticen que no harán otras" apuntaba Díez y apuestan por la retención de estas ayudas si no se cumple.
RETENCIÓN DEL FONDO ANTE LA FALTA DE LEALTAD CONSTITUCIONAL
Díez hizo hincapié en reiteradas ocasiones a que el presidente de la Genaralitat de Cataluña, Artur Mas, esté utilizando fondos públicos para ir contra "el propio Estado rescatador" y fue denominado por la portavoz como "secesionista". Además, en la proposición de ley se menciona la retención de la ayuda ante la falta de lealtad constitucional.
Díez defendió que habría que "dejar caer" al Govern que preside Artur Mas para que Catalunya reciba el rescate y no sea la comunidad la que "caiga". Argumentó que es al Gobierno de Mas al que hay que "condicionar" la ayuda, y no a los catalanes, y para ello ha planteado "no darle el dinero" para que no se lo gaste "en lo que no se lo tiene que gastar" y que no siga generando en consecuencia "más distorsión, mas desigualdad y más dificultades para la convivencia".
El portavoz adjunto de la formación en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, apuntaba a una situación de "emergencia democrática". El portavoz criticó que la ley de transparencia del Gobierno era demasiado administrativa, y que la "regeneración democrática" pasa por remodelar las instituciones a través de una normativa de medidas anticorrupción, que también se encuentra en trámite.
Díez apuntaba a la necesidad de "instituciones que funcionen de oficio, que no tengan que funcionar porque hay alguien que les insta". La portavoz hacía referencia a las denuncias a la fiscalía que han tenido que interponer para que se lleven a cabo investigaciones como la de Bankia. Gorriarán también puso como ejemplo los 5.000 ayuntamientos que no presentan las cuentas.
LA LIMITACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE DEPÓSITOS, INJUSTA
Gorriarán fue preguntado por la limitación de la rentabilidad de los depósitos a lo que apuntó que la medida es "muy arbitraria, tremendamente injusta y preocupante". "El portavoz adjunto catalogó el fin como una ayuda a la banca. "Cuando el propio banco de España impone límites a la competencia lo que hace es emprobrecer al ciudadano" afirmaba. "El Gobierno no está para proteger a la banca sino para proteger a la competencia". Y sentenció que, actualmente, "el banco está blindado pero no regulado".
Tambén apuntaron a la petición de que Luis De Guindos declare por el caso Bankia. "El Ministerio de Economía es la tercera pata que falta" apuntaba el portavoz adjunto. Según la formación, de la declaración del que fuera presidente del banco se traduce una intervención importante del Ministerio, rechazando un primer plan de salida a bolsa de la entidad.
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