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MADRID (EFECOM). Las instituciones públicas y privadas implicadas en el fondo social de vivienda (FSV), creado para que determinados colectivos afectados por un desahucio accedan a un alquiler social, firmarán el próximo jueves el convenio que regula sus características y funcionamiento.
La operativa diseñada, cuyas líneas básicas se pactaron en diciembre pasado, exige la colaboración entre las entidades financieras, el Gobierno, los servicios sociales municipales o provinciales y las ONG en la difusión de información sobre las viviendas disponibles y en su asignación entre los beneficiarios.
El fondo cuenta inicialmente con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras de entre los inmuebles no cedidos a la Sareb, la sociedad que debe dar salida a los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca, conocida comúnmente como "banco malo".
Cada entidad formará su propio fondo con un número indeterminado de viviendas que podrá ampliar posteriormente y las ofrecerá a sus clientes desalojados.
Los arrendatarios serán personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad especial fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos años.
El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de la situación del beneficiario y concluya que ya no cumple las condiciones.
El arrendatario debe comprometerse a destinar ese inmueble a su vivienda habitual y a conservarlo en las mismas condiciones de uso y habitabilidad en la que lo recibió.
Las entidades financieras informarán a los eventuales beneficiarios, ayuntamientos, diputaciones provinciales y ONG de las características básicas de las viviendas y facilitarán también los datos también a través de sus sucursales y sus páginas web.
Entre otras cuestiones, deberá figurar la ubicación y superficie de cada vivienda, su distribución por municipios y CCAA, así como los requisitos para lograr un contrato y sus condiciones.
Las solicitudes se dirigirán a las entidades de crédito, que evaluarán la idoneidad del beneficiario a partir de un informe sobre su situación social realizado por los ayuntamientos o diputaciones provinciales en un plazo de 15 días.
Los alquileres sociales se adjudicarán a los beneficiarios trimestralmente y la primera asignación será el 31 de marzo de este año.
El convenio se firmará el jueves próximo, 17 de enero, por representantes de los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad, el Banco de España, la FEMP, ONG y las entidades financieras.
Los firmantes constituirán una comisión de coordinación y seguimiento del fondo social de vivienda que se reunirá cada tres meses.
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