MADRID. La Secretaría de Estado de Comercio, integrada en el ministerio de Economía y Competitividad, al frente de la que está Jaime García-Legaz, tiene ya prácticamente ultimado un anteproyecto de ley sobre licencia única que será un paso de gigante en la vuelta a un mercado único en España, según ha sabido este diario de fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Acabar con el actual disparate autonómico de cara a la actividad comercial y darle una racionalidad que ahora no tiene es una de las promesas estrellas del Partido Popular antes de la últimas elecciones, y en la que el departamento de García-Legaz no ha dejado de trabajar ni un segundo desde el comienzo de la legislatura, por lo que la norma podría ser presentada a primeros de 2013.
PRECAUCIONES CON EL CONSTITUCIONAL
Pero se han producido algunos retrasos al tratarse de un asunto que hay que lanzar sólo cuando esté absolutamente bien cerrado jurídicamente, y negociado con todas las comunidades autónomas. Si no se hace así, sería una norma que acabaría con toda seguridad siendo recurrida al Tribunal Constitucional (TC), como lo han sido hasta la fecha tantas que afectaban competencias autonómicas que estaban blindadas en la mayor parte de los sectores económicos.
Sin embargo, aunque el objetivo de Comercio sea que el articulado del anteproyecto no choque con las competencias de las comunidades autónomas o municipios, nadie puede descartar que esto acabe sucediendo con algunas regiones, pero más por la política que por la economía. Podría ser el caso de Cataluña, inmersa ahora mismo en una deriva secesionista de España y en la que racionalidad económica siempre estará por detrás de la política.
La norma está preparándose y tras estudiarse en la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha tomado cuerpo como anteproyecto de ley. Pero antes de su lanzamiento deberá primero ser estudiada por el Consejo de Ministros, previo paso a su aprobación y envío al Consejo de Estado y al Congreso para que comience su trámite parlamentario, según las mismas fuentes.
UNA SOLA LICENCIA PARA TODA ESPAÑA
La idea que se ha negociado con los 17 gobiernos regionales, es conseguir que cualquier empresa pueda comercializar en toda España un proyecto que le haya sido aprobado por cualquier comunidad, lo que no pasa en la actualidad, en que muchas regiones exigen cambios para aprobar la comercialización de esos productos.
Hay sectores, que alguna vez se han puesto de ejemplo del actual caos en esta materia, como es por ejemplo el del juego, en concreto las famosas maquinas tragaperras, en las que cada una de las diecisiete regiones exige una homologación de terminada pieza, de forma que se necesitan hasta 17 licencias distintas para que ese producto se pueda comercializar en todas las regiones de España.
Pero hay muchos más sectores afectados, sobre todo en alimentación, automóvil, transporte, construcción, telecomunicaciones, transporte y seguros, entre otros.
EL CAOS LEGISLATIVO AHUYENTA LA INVERSIÓN
Según un informe de la patronal española CEOE del pasado mes de noviembre, en España actualmente hay vigentes del entorno de unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales 67.000 son de carácter autonómico.
El informe es muy duro contra los gobiernos autonómicos a los que tacha de responsables por complicar las distintas legislaciones, con lo que ello supone de coste económico y burocrático extra para las compañías españolas o extranjeras. Y añade que este marasmo legislativo lo que está provocando en estos momentos en ahuyentar a la inversión, algo que con la actual crisis este país no puede permitirse.
Pero es sólo CEOE, la mayor parte de consultoras que han abordado el asunto en los últimos tiempos han destacado que la complejidad legislativa sobre el comercio creada en los últimos años entre las tres administraciones, central, autonómica y local, legislando todas sobre las mismas materias, han terminado por poner todo tipo de trabas a crear una empresa que opere en todo el territorio nacional, lo que está frenando inversiones.
LA UE RECOMIENDA ESTAS POLÍTICAS
La propia Unión Europea a partir del conocido como Informe Cecchini, por el nombre del experto que lo elaboró en 1998, considera muy alto el coste de una economía fragmentada como sucede en nuestro país y añade que la fragmentación regional y el exceso reglamentario dificultan seriamente el crecimiento de la productividad. De hecho, la Eurocámara, ha recomendado a los gobiernos europeos que aborden reformas de este tipo en sus respectivos parlamentos antes de la primavera de 2014.
En un artículo de opinión sobre este asunto, del pasado mes de noviembre, el secretario de Estado de Comercio aseguraba que "paradójicamente, en los últimos años, mientras en el plano europeo seguíamos avanzando en la creación de un Mercado Único, en España hemos ido fragmentando y deteriorando nuestro mercado interior hasta el punto de que, hoy en día, pocos discuten que en nuestro país existe un serio problema de unidad de mercado".
Para García-Legaz "la existencia de distintos requisitos para el ejercicio de una actividad económica en función de la región en que se ejerza, hace que las empresas tengan que asumir importantes gastos para adaptar sus productos o servicios en función del lugar en el que los comercialicen. La inflación normativa también entraña que sean numerosos los casos en los que existen normas contradictorias. Este hecho se traduce en inseguridad jurídica, que actúa como claro desincentivo a la inversión nacional y extranjera".
GARCÍA-LEGAZ BUSCA EL CONSENSO
El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, añadía que la nueva ley "incluirá importantes mecanismos de cooperación interadministrativa para garantizar la inspección y el control de los operadores en todo el territorio nacional, así como la seguridad de consumidores y usuarios".
Y concluía con esta afirmación: "Estoy convencido de que un entorno regulador claro, sencillo y preciso es un elemento fundamental de mejora de la competitividad y de atracción de inversión extranjera hacia España. Estas mejoras son muy necesarias en estos momentos, por lo que espero que podamos llevarlas a cabo lo antes posible con la colaboración y el consenso de todos".
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