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MADRID (EFECOM). El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, ha estimado que los ayuntamientos dejarán de percibir aproximadamente doscientos millones de euros al año al no poder imponer tasas a las compañías de telecomunicaciones por el uso de antenas y redes.

En declaraciones a Efe, De la Serna se ha referido a la pérdida de ingresos que supone para las arcas municipales las sentencias que impiden a los consistorios imponer un canon a los operadores, que sin ser propietarios de las infraestructuras, las utilizan para la prestación de servicios de telefonía móvil, y ha comentado que se está buscando "un nuevo mecanismo para poder cobrar a los operadores de telefonía móvil".

De la Serna ha mostrado la preocupación de la FEMP por la imposibilidad de cobrar esta tasa que estaba "reconocida en la inmensa mayoría de los ayuntamientos" y que "en algunos casos estaba devengada, e incluso probablemente cobrada aparte".

"Estamos hablando de dejar de ingresar grandes cantidades de dinero", ha dicho el también alcalde de Santander antes de añadir que ello "produce un desajuste" como consecuencia de la pérdida de un ingreso que estaba previsto.

Ante esta situación, el presidente de la FEMP ha dicho que esta institución y el Gobierno están buscando "un nuevo mecanismo para poder cobrar a los operadores de telefonía móvil en el marco de la nueva Ley General de Telecomunicaciones".

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno trabaja en un documento, que empezará a tramitar pronto sobre la Ley General de Telecomunicaciones, y es "ahí donde se establece la relación que tiene que haber entre el sector y los municipios para el despliegue de las infraestructuras.

De la Serna ha explicado que es necesario defender el interés de los municipios y actuar para algo que consideran "justo" ya que "si cualquier tipo de prestador de servicio que despliegue una red en la ciudad tiene que cobrar por la utilización del espacio público, las operadoras de telefonía móvil no deberían quedarse al margen".

El presidente de la FEMP ha recordado que todos los que utilizan el espacio público, desde el gas hasta la electricidad, pagan por la ocupación de ese espacio.

Preguntado sobre la regulación, ha explicado que puede ser del tipo a la que ahora se establece con Telefónica, que "cobra una tarifa fija por porcentaje de la facturación total de la empresa en el municipio, o bien "cobrar en diferentes conceptos por todas y cada una de las acciones que realiza el operador.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó el pasado mes de julio que las localidades de Tudela (Navarra), Santa Amalia y Torremayor (ambas en Badajoz) no tenían derecho a imponer tasas por el uso de antenas y redes a Vodafone España y France Telecom España.

Según la legislación comunitaria, un Estado miembro puede imponer un canon por la instalación de recursos en una propiedad pública o privada para garantizar el uso óptimo de los mismos, pero ese canon debe ser no discriminatorio, transparente, proporcionado y estar justificado objetivamente.

La máxima instancia judicial comunitaria respondió así a la petición de aclaración de las normas de la UE en este área del Tribunal Supremo, al que recurrieron Vodafone España y France Telecom España para denunciar las ordenanzas municipales de estas tres localidades.

La legislación española daba hasta ahora cierta autonomía tributaria a los municipios en el sector de las telecomunicaciones, de manera que las entidades locales tienen la competencia para establecer tasas por el uso del dominio público local.

Una posibilidad que se esfuma en este momento para los municipios, que se han mostrado "muy preocupados", como ha manifestado De la Serna, porque la no imposición de las tasas les "afectará mucho" en sus previsiones de ingresos.