MADRID (EP). El Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE) tiene previsto seguir recurriendo a todos los mecanismos a su alcance para titulizar el déficit de tarifa, entre los que figuran tanto las colocaciones privadas como las sindicaciones bancarias.
Esta consideración aparece recogida en una respuesta remitida por el Gobierno a una pregunta del diputado de CiU Josep Sánchez i Llibre, a la que ha tenido acceso Europa Press.
En su respuesta, el Ejecutivo ratifica el compromiso del FADE con la titulización en el plazo de un año de los últimos derechos de cobro de deuda eléctrica transferidos por las compañías.
El fondo para la titulización de la deuda eléctrica se encuentra en la actualidad "monitorizando los mercados" con el objetivo de "aprovechar las ventanas de emisión que surjan", explica el Gobierno en su respuesta.
En todo caso, reconoce que el momento actual no resulta "el más favorable" para las emisiones y que esta circunstancia está "ralentizando su colocación".
INTERÉS PUNTUAL
"La velocidad de colocación de este tipo de producto titulizado depende fuertemente del interés puntual de los mercados financieros en los mismos", explica.
En su respuesta, el Gobierno indica además que a principios de este año quedaban pendientes de titulización aproximadamente 10.000 millones de euros en concepto de derechos de cobro propiedad de las empresas eléctricas.
FUERTE DEMANDA
En los dos primeros meses del año, aprovechando una fuerte demanda por parte de inversores institucionales, el FADE adquirió derechos de cobro del déficit tarifario mediante la emisión de bonos en mercados de capitales por un importe nominal aproximado de 3.210 millones de euros.
Tras estas operaciones, aún quedan por titulizar 2.500 millones correspondientes a la ampliación de derechos de cobro del déficit de 2010, así como 3.000 millones de 2011 y los 1.500 millones del presente ejercicio.
La legislación establece que, tras la cesión por parte de las eléctricas de estos cerca de 7.000 millones pendientes de titulizar, el FADE dispone de un año para su colocación en los mercados, siempre que "no se produzcan supuestos excepcionales en los mercados".
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