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BRUSELAS (EFE). El ministro de Economía de España, Luis de Guindos, afirmó hoy que el Gobierno estará abierto a nuevas propuestas contra los desahucios durante la tramitación del Real Decreto-ley aprobado recientemente, y que afectará a un colectivo máximo de 621.000 personas.

"El Gobierno ha tomado unas medidas inmediatas en el decreto ley que creemos que van a ser efectivas, que afectan a más de 600.000 familias teóricamente", indicó el ministro a su llegada a la reunión de titulares de Finanzas de la zona del euro.

Según los cálculos de Economía, en España hay unas 621.000 familias que cumplen con dos de los requisitos para frenar un desahucio, como son no ganar al año mas de 19.170 euros y destinar más del 50 % de sus ingresos a la hipoteca.

Todavía habría que añadir dos condiciones más, como son que la vivienda afectada sea la única en propiedad y que el esfuerzo en el pago de la cuota se haya multiplicado por 1,5 veces, es decir, un aumento del 50 %, en los últimos cuatro años.

Las familias que cumplan estos cuatro requisitos económicos deberán pertenecer además a un colectivo de los siguientes, familias numerosas, monoparental con dos hijos, con menores de tres años, discapacitados, dependientes o haber sufrido violencia de género.

En Bruselas, De Guindos ha asegurado que, durante el proceso parlamentario, el Ejecutivo "está abierto a la toma de nuevas actuaciones en el sentido que siempre hemos comentado".

En este contexto, el ministro afirmó que es "muy positivo" que se paguen las hipotecas en España y que la tasa de mora sea muy reducida, en torno al 3 %, a la vez que se defienden a aquellos deudores que "se han visto golpeados de una forma desmesurada por la crisis, por lo que hay que protegerlos para evitar que pierdan el piso".

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno instaura la suspensión de los desahucios durante los próximos dos años para aquellos deudores que cumplan con una serie de requisitos.

Además, como primer paso ante la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca, el banco establecería un periodo de carencia de hasta 4 años del pago del capital.

La vida de la hipoteca se alargaría hasta los 40 años, con el consiguiente descenso de las cuotas mensuales, y se limitarían los intereses moratorios, que no podrán exceder un 2,5 % a los intereses que se pactaron al comprar la vivienda.

Preguntado por si el Gobierno planea frenar los intereses de mora, De Guindos destacó la importancia de esta limitación al 2,5 % de los intereses de mora adicionales recogida ya en el decreto.