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VALENCIA. Mariano Durán, decano del Colegio de Abogados de Valencia desde 2011, considera una "salvajada y una barbaridad" las tasas judiciales aprobadas por el Gobierno. Responderán con la inconstitucionalidad de la medida argumentando que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. No se explica por qué la medida no se aplica a áreas como el penal, económico y tributario dados los elevados casos de corrupción en los tribunales.

Sobre los desahucios considera que legislar a base de noticias es un error. "Ha habido mucha inacción política y se ha reaccionado porque se han producido tres suicidios". Durán vive cerca del barrio de Ruzafa donde nació. Es un lector de prensa empedernido desde su juventud y un asiduo de la novela histórica. Lleva 25 años casado y hace 11 adoptó a una niña China, que es un completo "bellezón", según el padre. Se plantea aprender Chino y ha empezado por los coleccionables, pero solo sabe decir "nï häo" (hola).

-¿Las nuevas tasas judiciales propuestas por el Gobierno son una injusticia?
-Si porque la justicia es un sector público esencial en democracia. La justicia se sustenta con los presupuestos, y éstos con los impuestos, que cada vez son más elevados. Establecer tasas para prestar servicios que deben sustentarse con los impuestos de los españoles es una barbaridad.

-Por cierto, esta semana el Consell Valenciano decidió suspender su proyecto de tasas judiciales, que en principio era menos gravoso para los bolsillos de los ciudadanos, para no multiplicar impuestos, ¿qué le parece?
-Una decisión prudente dado los tiempos que corren. No obstante hemos solicitado un estudio sobre la inconstitucionalidad de las tasas judiciales estatales y desarrollaremos recursos y medidas que pueden adoptar los ciudadanos para responder ante estos casos.

-El Gobierno justifica la medida porque los juzgados están atiborrados de casos...
-Sí, dice que hay mucha litigiosidad. ¿Piensan que las personas acuden a los juzgados por gusto? El Gobierno dice que estas tasas crearán un efecto disuasorio y la gente no recurrirá tanto a la justicia. Esa creencia es una salvajada.

-¿En la gestación del proyecto de ley se contó con ustedes?
-No. Y nos ha sorprendido que una persona como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con formación jurídica y conocimiento de los entresijos de la justicia se le haya ocurrido frenar la litigiosidad imponiendo tasas. El Consejo General de la Abogacía envió enmiendas a la comisión de justicia del Congreso sin que ninguna fuera atendida. Personalmente escuché a Gallardón comprometerse con tener en cuenta nuestra opinión en todos los proyectos de la Administración de Justicia que se fueran a acometer. En este caso no ha sido así y encima se ha tramitado por la vía de urgencia.

-¿Se imaginaba alguna vez ver a los abogados manifestándose?
-No, pero el gesto ha sido contundente. Si no funciona y se aprueban las tasas, empezaremos a plantear cuestiones de inconstitucionalidad al primer requerimiento de tasas que se haga. Es decir los casos llegarán al juzgado, éste suspenderá la aplicación de tasas y planteará la inconstitucionalidad de la norma porque limita la tutela judicial efectiva.

-Casi es más efectivo que manifestarse...
-Sí. Pero ya veremos cuando resuelve el Tribunal Constitucional.

-¿De qué cantidades estamos hablando?
-Un ejemplo. Un jubilado que tenga sus ahorros perjudicados por unas obligaciones preferentes y que cobre una pensión de más de 1.100 euros tendrá que pagar 300 euros de tasa y un porcentaje sobre el total de sus ahorros, por lo que si tuviera 100.000 euros ahorrados, para reclamar al banco que sus preferentes se conviertan en dinero, tendría que gastarse la salvajada de 800 euros, como mínimo.

-¿Es normal que la aplicación de tasas no se aplique en áreas como el penal, económico y tributario dada la tradición, en los últimos años, de casos de corrupción en los tribunales?
-Ni lo entiendo, ni le veo justificación. No han dado ninguna razón de por qué se han excluido estas competencias. Si en lo penal se puede entender esta exclusión porque no también en lo civil. Qué culpa tiene una persona de que su vecino de arriba le haya inundado el piso. El de arriba podrá recurrir a la justicia gratuita si está en paro, pero el de abajo si trabaja deberá pagar tasas. Y si pierde le tocará pagar además la reparación. Vamos a reducir la litigiosidad limitando los derechos de los ciudadanos.

-Se escucha que es una justicia para ricos. ¿Opina igual?
-Sí, porque ellos podrán pagar, aunque sea un barbaridad. Ahora, para la clase media, que ingresa 2.000 euros al mes, cualquier procedimiento como una reclamación sobre la herencia o contra la promotora del piso por incumplimiento de contrato... puede salir excesivamente caro. También me hace mucha gracia escuchar al Gobierno comparar la tasa que quieren imponer con los honorarios de los profesionales. Eso no es así. En la Administración de Justicia para que funcione un caso se necesita un juez, un secretario judicial, un fiscal, funcionarios y sobre todo un abogado porque sin él no funciona nada. Normalmente los abogados pactan con los clientes los honorarios y formas de pago. Incluso hay empresas que por 20 euros al mes te llevan casos. Creo que lo que está pasando es una salvajada y una regresión del Estado de Derecho.

-¿La justicia actual está preparada para este siglo?
-Ese es el debate. Hay que plantearse qué elementos hay que incorporar para tener una justicia del siglo XXI. A ese modelo de la Administración de Justicia sólo se puede llegar por la vía del consenso entre abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, procuradores, funcionarios y consumidores.

-Sugiere aplicar un ligero copago judicial. ¿Qué entendemos por ligero?
-Si nos dejan hablar sobre el modelo de Administración de Justicia que queremos y revisamos normas que se redactaron hace un siglo podremos funcionar mejor. En momentos como estos de crisis se puede aplicar, por ejemplo, un coste simbólico de 20 euros por plantear una demanda como se hace por renovarte el pasaporte.

-En términos prácticos, ¿cuánto dinero piensa el Estado que recaudará con estas tasas?
-La memoria económica del proyecto habla de 400 millones de euros y dicen que lo destinarán a mejorar la justicia gratuita.

-Cambiemos de tema. La banca anuncia una moratoria de dos años en casos de desahucio. ¿Le parece suficiente? [esta entrevista fue realizada antes de la aprobación de la ley del Gobierno sobre desahucios].
-No es una buena solución posponer el problema. Además se habla de personas en situaciones extremas, lo cual es un concepto abstracto y habrá que ver quién lo define. Si ese va a ser el colectivo. ¿Alguien piensa que dentro de dos años ese colectivo va a estar mejor? ¿Qué pasa con los intereses?

-¿Habrá carácter retroactivo?
-La retroactividad de las leyes es un principio consagrado. No se puede aplicar. No veo la posibilidad de la retroactividad en las hipotecas firmadas. ¿Soluciones? Nosotros empezamos con el centro de mediaciones del Colegio de Abogados. Hemos firmado con varios ayuntamientos y 40 bancos. Desde el pasado mes de mayo se han atendido más de 300 mediaciones hipotecarias. Nuestro porcentaje de éxito es de un 54%.

-¿Soluciones como dación en pago, alquiler social?
-Ha habido de todo incluso dación de pago y alquiler social a la vez. Es una vía en la que se tiene que seguir investigando. Antes del desahucio hay posibilidades.

-Otra curiosidad, ¿cómo es posible que se siga aplicando una ley hipotecaria de 1909 en el 2012?
-Se ha ido modificando. En su día la garantía era el inmueble, con los años los bancos además del inmueble pidieron la garantía personal.

-¿Con una Constitución que garantiza el derecho a la vivienda cómo se permiten estos casos?
-Es evidente que no se está cumpliendo. Hay un artículo específico que dice que además de garantizar el derecho a una vivienda digna, impone a los poderes del Estado la obligación de legislar para que eso sea una realidad.

-Justo lo que se está haciendo...
-Esta claro que si se ha reaccionado es porque ha habido tres suicidios y que hasta la fecha ha habido mucha inacción política. Y ahora parece que en tres días tenemos que encontrar la solución. En la Comunidad Valenciana desde 2008 ha habido 45.000 desahucios. No todos derivados de ejecuciones hipotecarias. Para legislar hay que escuchar y contar con todos. Legislar a base de noticias es un completo error.

-Poder ejecutivo, legislativo, judicial y económico ¿quién manda? ¿Existe la separación de poderes?
-Yo sigo creyendo en la separación de poderes. ¿Quién manda hoy? Europa y el dinero. La banca española tiene concedidos 900.000 millones de euros en préstamos hipotecarios, de éstos, 700.000 millones los obhtuvieron de bancos alemanes. Durante estos años, hasta que la crisis explotó, los alemanes ganaron mucho a base de intereses. El riesgo de la banca es prestar dinero. Sin embargo hasta ahora la banca ha jugado cinco manos de poker y cuatro las ha ganado. Solo una le ha salido mal. Sin embargo ya que reciben ayudas lo conveniente es que fueran corresponsables de la situación en la que estamos. Hay que proponer soluciones para poder salir de esta tercera guerra mundial en la que se utilizan billetes en lugar de balas.

-Hablemos de corrupción. ¿Por qué los casos se eternizan en los tribunales?
-La justicia trabaja con los medios que tiene. Los asuntos son complejos de investigar. Además estamos en un estado garantista en el que por definición todo el mundo es inocente hasta que haya una condena, pero también es verdad que socialmente a uno le sacan en los medios y lo condenan. La presunción de inocencia socialmente nos la hemos cargado. Un ejemplo, Jorge Bellver. Socialmente lo condenaron, aunque salió absuelto. Era un tema administrativo. El ponente de la sentencia fue José Flors, un magistrado que es un lujo y al que no se le puede poner ninguna pega.

-A lo mejor ahora con las tasas judiciales, hay menos casos en los jugados y esta clase de temas van a ir más rápidos. ¿Cuántos casos faltan por analizar en esta comunidad?
-A lo mejor esa es la explicación para aplicar las tasas, pero... no lo creo. Actualmente hay 11 imputados en Cortes y que yo sepa no hay sentencia de ninguno de ellos. La condición humana es lo que es y la corrupción va añadida al poder. Hay quien tiene las cosas muy claras, pero otros dudan y caen en la trampa del ansia de dinero. Gala decía que antes se adoraba al becerro de oro y ahora estamos adorando el oro del becerro.

-La reforma laboral está frenada en el Constitucional, ¿qué pasará con todos aquellos despedidos con 20 días por año trabajado? Según tengo entendido los despidos se han incrementado este año un 53%
-Si el único fin de la reforma son los despidos mala cosa. Lo normal es que la reforma incentivara la contratación. Es verdad que España necesita adaptar su mercado de trabajo al resto de Europa, pero esa medida debe ir acompañada de otras que incentiven el empleo.

-¿En qué se diferencia la justicia de sus inicios profesionales de la actual?
-Uno siempre piensa que su pasado fue mejor. Pero es verdad que entonces había más cercanía. Por ejemplo, era fácil hablar con los jueces. Te atendían. No había un mostrador como hoy. Actualmente algunos jueces son asequibles, pero se ha establecido un muro entre Judicatura y Magistratura que estoy intentando romper. De todos modos para exigir hay que mirarse primero en el espejo y corregirlo. Y eso estamos haciendo los abogados.