Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• El Presupuesto de 2016 sale del Congreso tras 585 votaciones sin incluir ninguna enmienda de la oposición
• Fomento certifica que la vivienda sube por vez primera desde 2008
• La banca amplía en 3.000 viviendas la aportación al fondo social

MADRID (EP). El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, intervendrá el próximo jueves ante el Pleno del Congreso para defender la convalidación del decreto ley de Reestructuración Bancaria que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 31 y que, según el Gobierno, tendrá efectos positivos tanto en el crédito como en la "transparencia" de los precios de activos y pasivos financieros.

Así consta en la Memoria del Impacto Normativo del decreto, a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que el Ejecutivo reconoce que esta nueva reforma financiera está "muy determinada" por los compromisos asumidos por España en el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate bancario acordado con la UE.

Por eso, el decreto persigue garantizar a los poderes públicos los instrumentos necesarios para reestructurar o resolver entidades de crédito inviables, pero también garantizar que "son los accionistas y los acreedores los que en primera instancia asumen las pérdidas del proceso", evitando así que los costes sean asumidos por el erario público como ha ocurrido en esta crisis.

"Es necesario que los poderes públicos cuenten con procedimientos e instrumentos eficaces, ágiles y flexibles que tenga en cuenta la realidad de este tipo de entidades, de forma que puedan realmente afrontar situaciones de dificultad de entidades de crédito. Es imperativo contar con estos instrumentos en un contexto de crisis económica y financiera, para hacer frente a una situación problemática que tiene consecuencias negativas para la economía", insista el Ejecutivo.

IMPACTO POSITIVO EN LA ECONOMÍA Y LA COMPETENCIA

En cualquier caso, el Gobierno confía en que la reforma será positiva tanto para el crédito como para la estabilidad del sector, ya que se podrá "evitar que las entidades puedan llegar a encontrarse en situaciones tan graves que pongan en peligro" a todo el sistema.

"Se objetivizan los criterios de gestión de crisis bancarias y, en particular, aplica la resolución para aquellas entidades que sean inviables. Se asegura la utilización más eficiente de los recursos públicos y se minimizan las distorsiones que el apoyo público pueda generar en el tratamiento de inversores y entidades", se explica en el texto, defendiendo así el impacto positivo de la medida en la competencia.

En el mismo sentido, el Gobierno defiende que el decreto impone "criterios de valoración a precios de mercado y otras medidas similares de forma que los precios de los activos y pasivos se actualizarán, favoreciendo unos precios transparentes más cercanos al verdadero precio de mercado".

En cuanto a los costes asociados a la incorporación de un nuevo miembro al consejo rector del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que también se incluye en la norma, la Memoria cifra el incremento en 14.295 euros anuales derivados del incremento de una nueva dieta en cada una de las doce sesiones.

ENTRAR EN VIGOR CON CELERIDAD

Aunque la norma se tramitará en las Cortes como proyecto de ley, dando la ocasión a los grupos parlamentarios de presentar enmiendas, la aprobación como decreto ley está justificada, según el Ejecutivo, en que su entrada en vigor debe tener lugar "con la mayor celeridad", dado que recoge "una serie de compromisos que deberán ser cumplidos en los plazos previstos".

De momento, el PSOE ha expresado sus dudas de que esta reestructuración bancaria --incluida la creación del 'banco malo'-- no vaya a costar ni un euro a los contribuyentes, como afirmó el ministro De Guindos al explicar el decreto ley. Además, alerta de la posible distorsión de los precios del mercado inmobiliario que podría provocar el traspaso de activos tóxicos en función de la valoración de precio que finalmente se haga.

Así, aunque los socialistas no han concretado aún su voto en contra a la convalidación del decreto, sí han advertido al Gobierno de que no estarán "nunca a favor de una solución que socialice las pérdidas de la burbuja inmobiliaria".