VALENCIAPLAZA.COM. 08/09/2012 El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acepta que un Expediente de Regulación de Empleo pueda afectar por primera vez a jugadores de fútbol, que cobrarán una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades

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VALENCIA/MADRID. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha aceptado que un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pueda afectar por primera vez a jugadores de fútbol, que cobrarán una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. 

En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, los magistrados de la Sala de lo Social han avalado así el ERE que presentó el Hércules después de entrar en concurso de acreedores y que afectó a 20 trabajadores, de los que cinco eran futbolistas.

Tal y como hizo el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, el TSJCV entiende que se puede echar a los jugadores para sustituirlos posteriormente por otros de menor coste, siempre que concurran "contundentes razones económicas" que justifiquen ese cambio y que busquen la "viabilidad futura" de la sociedad.

En el caso del Hércules, el tribunal recuerda que arrastra pérdidas de entre 27 y 34 millones de euros en los últimos ejercicios y que los ingresos han pasado de los 25,9 millones de euros de la temporada 2010/11, en la que militó en Primera División, a una previsión de 10,98 millones para la campaña 2011/12, en la que bajó a Segunda División.

Los gastos de personal ascendieron en la temporada 2010/11 a 17,8 millones de euros, de modo que suponían el 70 % de los gastos totales del club.

El Hércules, que pagaba a los cinco jugadores despedidos unos salarios brutos totales de 2,48 millones de euros, fichó posteriormente a 17 jugadores con un coste total de 3,51 millones de euros.

Eso sirvió a tres de los futbolistas despedidos (Joseba del Olmo, Cristian Hidalgo y Francisco Joaquín Pérez Rufete) para recurrir la aprobación del ERE por parte del juzgado mercantil, alegando no sólo que el Hércules no pretendía recortar costes sino también que existieron razones deportivas para prescindir de ellos, además de que se les dio un trato discriminatorio.

Los magistrados de la Sala de lo Social rechazan esos argumentos al insistir en que concurren causas económicas que motivaran el ERE, derivadas "no sólo del descenso del club a la Segunda Categoría sino también "la crisis global que atraviesa el país que se ha plasmado más profundamente en actividades de ocio como lo son los espectáculos deportivos".

"Aunque no cabe duda de que motivos deportivos han sido considerados al reestructurar la plantilla de la sociedad concursada, no pueden obviarse las contundentes razones económicas" del club, señalan los jueces, que añaden que de esta manera "se reducirán los costes de manera muy importante para en definitiva conseguir la viabilidad futura de la empresa".