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El Gobierno aplaza una semana la reforma financiera a petición de Europa

25/08/2012 La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado el aplazamiento de la aprobación del real decreto que permitirá a España recibir hasta 100.000 millones para sanear la banca

MADRID (EFECOM). El Gobierno, a petición de la Comisión Europea, aplaza al próximo viernes 31 de agosto la aprobación del real decreto que adapta la legislación española a las condiciones del memorando que permite a España recibir hasta 100.000 millones para sanear la banca.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el real decreto ley está ultimado, pero la Comisión Europea "ha pedido una semana más" y el Ejecutivo ha accedido.

Expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional mantienen hoy una reunión en Madrid, en la que también participan representantes del Banco de España y el Ministerio de Economía para estudiar estos cambios normativos.

Fuentes financieras explicaron que el encuentro servirá especialmente para aclarar algunas cuestiones sobre la creación del "banco malo" que permitirá a las entidades traspasar sus activos tóxicos.

Hasta el momento, un borrador del real decreto ley, en el que aún no se desarrolla el "banco malo", recoge que en última instancia, se podrán liquidar entidades inviables al tiempo que permite que las instituciones con ayudas pero con visos de ser rentables, como el caso de Bankia, tendrán hasta siete años para devolverlas.

La norma también busca elevar la solvencia de las entidades financieras españolas y dar más potestades al FROB para actuar en aquellas que sólo necesiten una pequeña ayuda ("intervención temprana") o para acometer una profunda reestructuración o una verdadera liquidación.

Con carácter general, las entidades financieras españolas tendrán que elevar antes de finalizar el año su nivel de solvencia del 8 % al 9 %, un porcentaje que hasta ahora sólo se exige a los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, BFA-Bankia y Popular).

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