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LONDRES. Standard and Poor's (S&P) ha confirmado el rating del Reino de España de ‘BBB+/A-2'. La perspectiva del rating a largo plazo se mantiene negativa. Así reza la nota de prensa de la agencia internacional de medición de riesgos:

Nuestra valoración de transferencia y convertibilidad (T&C) para España, como para todos los miembros de la Unión Económica y Monetaria (UEM o eurozona), es ‘AAA', lo que refleja nuestra visión de que la probabilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) restrinja el acceso a moneda extranjera necesaria para el servicio de la deuda denominada en divisa es extremadamente bajo.

Actualmente, auditores externos están valorando las necesidades de capital del sistema financiero español. Analizaremos el resultado de la auditoría, que se espera que esté completada a finales de septiembre, antes de determinar nuestra estimación sobre el coste exacto de la recapitalización. Nuestro rating actual está basado en el supuesto de que el Estado no aportará apoyo directo adicional al sector bancario comercial más allá del máximo de 100 mil millones de euros que inicialmente se han puesto a disposición desde Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF en sus siglas en inglés), y posteriormente desde el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM en sus siglas en inglés).

Nuestra previsión es que el coste real para el Estado por prestar apoyo a los bancos españoles en dificultades será significativamente menor que los actualmente estimados 100 mil millones, dado el compromiso del gobierno para minimizar la carga de la reestructuración bancaria sobre los contribuyentes.

INSTRUMENTOS HÍBRIDOS 

Creemos que esto se logrará mediante la absorción de las pérdidas a través de capital e instrumentos híbridos así como compartiendo la carga entre los tenedores de deuda subordinada. Nuestras proyecciones actuales de deuda pública neta asumen que los préstamos públicos a instituciones financieras españolas en dificultades serán finalmente mutualizados entre todos los Estados de la Eurozona y que, en consecuencia, la deuda pública neta de España se mantendrá por debajo del 80% del PIB después de 2015.

RAZONES

Nuestro rating a largo plazo ‘BBB+' de España está respaldado por nuestra visión de su economía diversificada y próspera, su sistema político estable y la implementación ya en marcha de una completa agenda de reformas fiscales y estructurales. El rating está limitado por el alto endeudamiento exterior del sector financiero español, por unos pasivos contingentes significativos y por las aún existentes rigideces de la economía, incluyendo un mercado de trabajo todavía altamente dual.

La economía española se está ajustando rápidamente desde la demanda interna hacia la externa, como demuestra el buen comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios desde 2010.

Las exportaciones españolas de bienes y servicios desde abril de 2011 a abril de 2012 alcanzaron cifras récord, ayudando a la rápida reducción del déficit por cuenta corriente desde el 9.7% del PIB en 2007, a un esperado 2% del PIB en 2012. En la medida en que la demanda externa se mantenga, el ritmo de las exportaciones debería continuar.

Sin embargo, una consecuencia de esta reorientación de la economía (más rápida de lo esperada) ha sido la disminución de los ingresos por impuestos tributarios, sobre todo los indirectos, que ha supuesto que el déficit público haya superado consistentemente nuestras previsiones y que los niveles de deuda pública se hayan situado por encima de nuestras anteriores proyecciones. Durante 2012, el ritmo de desapalancamiento se ha acelerado y es probable que se produzca una contracción todavía mayor de la inversión y el consumo tanto en el sector privado como en el público. Esta prolongada debilidad de la demanda podría seguir poniendo en riesgo el ambicioso objetivo fiscal del 6.3% del PIB en 2012 (frente al 8.9% del PIB en 2011), especialmente por la importancia de la recaudación de impuestos indirectos.

MEDIDAS POR EL BUEN CAMINO

Con el fin de alcanzar el objetivo presupuestario de 2012, el gobierno español anunció el 13 de julio una serie de medidas detalladas de consolidación fiscal que se sumaban a las ya anunciadas en abril del presente año. Las nuevas medidas incluyen una subida del IVA del 18% al 21%, incremento de impuestos directos (renta y sociedades), aumento de impuestos especiales, recortes adicionales en los salarios del sector público y un acuerdo para adelantar los ajustes en el sistema de pensiones.

Asimismo, en julio, el gobierno central estableció un nuevo mecanismo de liquidez regional (Fondo de Liquidez Autonómico o FLA) por un total de 18 mil millones de euros o un 1.7% de PIB español previsto. Entendemos que la mayor parte de los 18 mil millones provendrán de un consorcio de bancos comerciales nacionales más un préstamo de 6 mil millones de euros del sistema estatal de loterías. Teniendo en cuenta los elevados vencimientos de deuda a los que muchas regiones tendrán que hacer frente el próximo año, es probable que el FLA también requiera líneas para 2013.

Como Standard and Poor's ya incluye la deuda de las Comunidades Autónomas españolas en el conjunto de deuda general del Estado, las cifras de deuda del Estado no cambian como consecuencia de que el endeudamiento de las regiones se realice a través del FLA. Los ratings, sin embargo, sí estarían influenciados por cualquier importante o persistente desviación presupuestaria de las regiones en relación a sus objetivos de consolidación, ya que estas desviaciones incrementarían la deuda general del Estado.

REDUCCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN NETAS

Nuestro escenario base es que durante este periodo de intensa reducción de las necesidades de financiación netas del sector público y privado, España seguirá recibiendo el apoyo, incluida financiación, de sus socios europeos y del Banco Central Europeo. Desde nuestro punto de vista, esto debería ayudar a los esfuerzos del gobierno por restaurar la confianza en el sector financiero y sentar las bases para una recuperación sostenible.

Aunque esperamos que el déficit (incluyendo todos los niveles de gobierno) se reduzca sustancialmente durante 2012, prevemos que superará ligeramente el 6.3% del PIB en 2012; de hecho, creemos que el déficit sólo caerá por debajo del 4% en 2015. Sin embargo, existe el riesgo de que veamos un mayor deslizamiento durante los años 2012 y 2013, a pesar de la introducción este año de medidas de ajuste adicionales, incluyendo la reforma integral del marco de control de las comunidades autónomas españolas.

De acuerdo con declaraciones públicas, el Mecanismo de Estabilidad Europeo remplazará finalmente al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera como la fuente de nuevo capital para bancos con problemas sin gozar de la condición de acreedor preferente. No está claro si se pedirá al ESM la toma de participaciones directas en el capital de algún banco comercial español.

MUTUALIZACIÓN 

Nuestra actual previsión de deuda pública neta asume que los préstamos públicos a instituciones financieras españolas en dificultades serán finalmente mutualizados entre todos los Estados de la eurozona y que, de este modo, la deuda neta de España permanecerá por debajo del 80% del PIB después de 2015.

Seguimos viendo que España y otros países de la eurozona que están recibiendo ayudas públicas son vulnerables a los retrasos o contratiempos en los planes de la eurozona para reunir suficientes recursos comunes que permitan respaldar el apoyo financiero a los Estados, crear una unión bancaria con un solo regulador y un marco de resolución común antes de finales de 2012, y avanzar hacia una mayor integración fiscal. Estamos de acuerdo con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, cuando dijo el pasado 26 de julio que la fragmentación en la financiación dentro de la zona euro es uno de los problemas económicos más importantes de la Unión. Desde nuestro punto de vista, si esta fragmentación no se invierte, la economía española podría contraerse bruscamente, el desempleo aumentaría todavía más, la cohesión social se desvanecería y las reformas se estancarían o darían marcha atrás.

PERSPECTIVA

La perspectiva negativa del rating de España refleja nuestra visión de los riesgos sobre nuestro escenario base principalmente por dos motivos: 

• La posibilidad de una contracción del PIB todavía más pronunciada de lo esperada, como consecuencia del rápido desapalancamiento del sector financiero y de un debilitamiento de la demanda externa, acompañada por un mayor aumento de la tasa de desempleo que socavaría la disposición del gobierno para implementar reformas adicionales. Esto podría ocurrir si hubiera un retraso o una marcha atrás en la integración fiscal y bancaria de la eurozona. 

• Cambios en nuestras asunciones respecto al coste de la recapitalización del sector financiero español. En este sentido, vemos que la deuda comercial externa del sector financiero español (deuda externa de los bancos excluyendo los pasivos del Banco de España con respecto al Eurosistema), que al término del primer trimestre de 2012, alcanzó un total de 656 mil millones de euros (o un 61% del PIB español), es considerablemente mayor que los 230 mil millones (22% del PIB) de stock de deuda pública contraída con no residentes en el mismo periodo. Datos no oficiales indican que durante el segundo trimestre de 2012, la deuda tanto pública como del sector financiero en manos de inversores privados no residentes ha caído considerablemente al continuar las salidas de capital.

Si esto ocurriera, veríamos, entre otras cosas, que la deuda pública neta se situaría por encima del 80% del PIB durante el periodo 2012-2014.

REBAJAS DE RATING

Podríamos también rebajar nuestros ratings de España, potencialmente por debajo de BBB-, si vemos que el apoyo de la eurozona no logra generar confianza suficiente para mantener los costes de financiación del Estado a niveles compatibles con la sostenibilidad de la deuda y un saldo fiscal primario en equilibrio.

Por otra parte, podríamos revisar la perspectiva del rating a estable si las reformas presupuestarias y estructurales del gobierno, junto con un exitoso programa de apoyo de la eurozona, estabilizan las principales medidas que determinan de calidad crediticia de España.