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VALENCIA. La Universidad se encuentra en un estado convulso. Como todo el país. El ministro Wert aplicó sus peores recortes (aumento de las tasas, aumento subrepticio de las horas de docencia y recortes de becas y sueldos) con nocturnidad y alevosía (con el curso académico prácticamente terminado), pero es poco probable que el verano contribuya a tranquilizar los ánimos. Dentro de un mes, retomaremos el curso. Y, con él, previsiblemente, retomaremos la cuestión donde se quedó: con huelgas y, por desgracia, con despidos. Unos despidos que, en lo que respecta al profesorado, no hacen más que profundizar aún más lo que ha sido la tónica general de la Universidad española en la última década: ralentizar y, sobre todo, precarizar la promoción del profesorado. 

EN EL PRINCIPIO FUE EL CATEDRÁTICO 

Así fue, durante siglos, en las universidades españolas. No existían departamentos, sino cátedras. El profesor universitario adquiría directamente el estatus de catedrático, previa oposición, y se convertía en responsable de una asignatura. O catedrático, o nada. O casi nada: algunas figuras de formación poco reconocidas y mal remuneradas (y, a veces, nada): becario, profesor ayudante...

Con la llegada de la democracia, las cosas comenzaron a cambiar. La presión ejercida por los profesores no numerarios (los famosos penenes), que eran legión, se sumó a las enormes necesidades de personal que provocó la masificación de la Universidad española en los años 70 y 80 para alumbrar, por parte del Gobierno del PSOE, la Ley de Reforma Universitaria de 1983 (LRU). Esta ley simplificó considerablemente el proceso de las oposiciones, las descentralizó y facilitó. Sobre todo, en su primera fase, cuando convocó oposiciones masivas para funcionarizar a miles de penenes en lo que se conoció como las idoneidades: unas pruebas enormemente sencillas, que casi todo el mundo aprobó.

El posterior desarrollo de la LRU, a lo largo de casi veinte años, infló considerablemente la plantilla docente de las Universidades. En parte, por las necesidades de profesorado, que seguían siendo acuciantes. En parte, por la bonanza económica y la multiplicación de Universidades y especialidades que se vivió en aquellos años. Los profesores leían su tesis doctoral y, poco después, se presentaban a una plaza ("su" plaza, convocada en su departamento, con un perfil afín y un tribunal con al menos dos amigos "de la casa", otros tres por sorteo) y la ganaban en más del 95% de las ocasiones. La endogamia campaba por sus respetos.

UNA PIRÁMIDE EXCAVADA EN LA TIERRA

Todo comenzó a cambiar con la reforma impulsada por el Partido Popular a través de la Ley Orgánica de Universidades de 2001 (LOU). Una reforma que imponía un sistema de habilitación nacional previo a las oposiciones convocadas en cada Universidad (en la que el candidato vencedor obtenía la plaza de funcionario), y que creaba, asimismo, una carrera académica paralela a la de los funcionarios a través de dos figuras nuevas: los profesores colaboradores (hoy casi extintos) y los profesores contratados doctores.

Además, la LOU consagraba la necesidad de conseguir acreditaciones por parte del profesorado para presentarse a estas nuevas figuras, así como a la de profesor Ayudante Doctor (que anteriormente era la antesala del funcionariado). Dichas acreditaciones, emitidas por una agencia nacional (la Aneca) y sus correspondientes autonómicas (en la Comunidad Valenciana la AVAP), obligaban al profesorado joven a preocuparse, desde un principio, por desarrollar un trabajo fecundo en el ámbito de la investigación, más allá de la tesis doctoral, y a obtener méritos en diversos capítulos (artículos, estancias de investigación, innovación docente, ...). El PSOE, en su reforma de la LOU (LOMLOU, de 2007), mantuvo en esencia este sistema, aunque sustituyendo la habilitación nacional por una acreditación por méritos.

Sobre las insuficiencias de los criterios de excelencia académica que se pidieron (y se piden) ya hablaremos otro día. Sus ventajas son evidentes: se obligó al profesorado a profesionalizarse, a trabajar siguiendo unas líneas de investigación cuya calidad e impacto pudieran verse plasmados objetivamente -hasta cierto punto- merced a la intervención de estas agencias. El descontrol de la Universidad de la LRU (donde lo importante era contar con el apoyo del departamento, para promocionar rápidamente, primero, y "controlar" al tribunal de la oposición, después) quedaba paliado en cierta medida. Pero también con un efecto colateral en principio indeseado: la carrera académica se alargó más y más en el tiempo. Cada vez costaba más años promocionar a un puesto estable.

La carrera académica, en resumen, y siguiendo la afortunada metáfora del profesor Julio Carabaña, se convirtió en una pirámide excavada en la tierra, con los catedráticos en la cúspide y todos los demás, que eran cada vez más, debajo (y cada vez más abajo). El gráfico siguiente, extraído de un informe del Ministerio de Educación, resulta más que ilustrativo al respecto. Los profesores titulares, que en 1985 adquirían dicha condición a una edad promedio de 33 años, en 2010 tardaban 14 años más: como promedio, alcanzaban un puesto estable a los 47 años.

UNIVERSIDAD EN CRISIS: ALARGAR, PRECARIZAR Y PULVERIZAR

Esta situación se ha agravado considerablemente con la crisis económica, cuyo impacto ha comenzado a notarse, como tantas cosas en la Universidad, mucho antes en los eslabones más débiles: los profesores asociados, los becarios de investigación (a los que ya no se ofrece ninguna continuidad en perspectiva, una vez finalizadas sus becas), los ayudantes y ayudantes doctores (a los que ya se ha comenzado a despedir en algunas Universidades). Los profesores supervivientes a la crisis, además, descubren que las Universidades ya no convocan plazas estables; o, si las convocan, el Ministerio las recurre para impedirlo.

Se está creando una bolsa de profesores acreditados a los que no se ofrece una salida. Algunos corren incluso el riesgo de ser despedidos de la Universidad, una vez se acaben sus contratos. Otros, de permanecer ad eternum como contratados laborales; estables, pero no funcionarios (peor pagados, y con menor seguridad laboral). Frente a ello, el Ministerio está urdiendo una solución de compromiso: sumar, a la acreditación por méritos, una posterior habilitación nacional, en la que se convocaría un número limitado de plazas. Es decir: sumar los modelos del PSOE y del PP. Y, de paso, retardar un poco más la carrera universitaria de unos profesores que, no lo olvidemos, ya han realizado un recorrido mucho más exigente, en la mayoría de los casos, que los de las generaciones que les antecedieron... Para conseguir un resultado mucho peor. La precariedad laboral y el paro, que afectan de manera abrumadora a las generaciones más jóvenes, en versión universitaria. Excelencia exangüe.

#prayfor... Felipe González, ayer y hoy

El pasado domingo, Felipe González concedió una entrevista al diario El País []. En dicha entrevista, entre otras muchas cosas, figuraba esta afirmación: "[Felipe González] Considera una estupidez creer que ‘España es demasiado grande como para dejarla caer porque se destruiría el euro'. ¿Acaso Europa no fue capaz de destruirse a sí misma?, recuerda".

Curiosamente, entre las personas que en el pasado opinaban dicha "estupidez" estaba... Felipe González. Y hace apenas un par de meses. En una conferencia en abril de este mismo año afirmaba: "No habrá rescate y si lo hay se acaba el euro y hay que rescatar a toda Europa. Punto". Tajante ayer, y tajante hoy... ¡Desmintiéndose a sí mismo!

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(*) Guillermo López García es profesor titular de Periodismo en la Universitat de València