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VALENCIA. Pocas percepciones parecen haberse consolidado con más firmeza dentro de la opinión de los españoles como la de que la gestión presupuestaria de las comunidades autónomas ha estado dominada por la corrupción y el despilfarro. Y que ese mal uso de los fondos públicos es hoy es la principal responsable del déficit público. Ese desequilibrio entre ingresos y gastos que nos vemos obligados a reducir a marchas forzadas por imperativo del Pacto de Estabilidad aprobado por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y que, en España, dada la orientación ideológica del gobierno elegido el pasado noviembre está teniendo en la educación, y sobre todo, la sanidad sus principales víctimas.

Comunidades Autónomas, corrupción y despilfarro

Que en las comunidades autónomas españolas ha habido corrupción es una obviedad. Y que ha habido despilfarro en el uso de los recursos también. Durante la etapa de la burbuja inmobiliaria fueron los ayuntamientos los que ocuparon las primeras páginas de la actualidad por los sucesivos escándalos de su actuación. De eso en la Comunidad Valenciana sabemos mucho, y la Ley Valenciana del Suelo y la actuación de la figura del agente urbanizador, cuyos abusos fueron reiteradamente primera páginas en los más influyentes medios europeos. Y desde el inicio de la crisis, si no antes, de la basura a las derivaciones fiscales del negocio del Naranjax pasando por la gestión de los lodos, la actuación de algunos valencianos, asimilados a todos por gran parte de los españoles ante la falta de repulsa de quienes nos gobiernas, no hemos abandonado la primera plana de los medios de comunicación.

Y que el despilfarro no ha sido excepcional en las comunidades autónomas también es una constatación innecesaria. El mapa de los aeropuertos construidos en la última década que jamás en este siglo XXI alcanzarán el umbral de rentabilidad es un buen exponente de los muchos ejemplos que pueden mencionarse.

Es cierto que aquí, una vez más, es donde se ha alcanzando la genialidad en el esperpento con ese aeropuerto "del abuelito" sin aviones. Pero el uso irresponsable de los recursos de los contribuyentes se ha dado igualmente en muchas otras comunidades. Y, al igual que en la Comunidad Valenciana no sólo en los aeropuertos. Pero los casi 5.000 euros que ha costado cada usuario del aeropuerto de Ciudad Real, ese que contribuyó decisivamente a la quiebra de Caja Castilla La Mancha y una obra inseparable de la larga trayectoria de José Bono al frente de Castilla La Mancha, han calado en la convicción colectiva de que la gestión presupuestaria de las autonomías ha sido un desastre. Y es que los aeropuertos de Lléida, Burgos Huesca o León son excelentes ejemplos de un uso irresponsable de los fondos públicos.

Condenar a los inocentes

Pero todo lo anterior no justifica la creciente pretensión de convertir a los gobiernos de las CC.AA. en los responsables de las dificultades para alcanzar el compromiso del Gobierno con la UE de reducción del déficit para 2012. El reciente informe del IVIE para Ave sobre las causas del déficit público en la Comunidad Valenciana recoge información suficiente para poner en duda que ello sea así. A partir de la información suministrada por el prestigioso instituto de investigación de la Comunidad Valenciana todo indica, por el contrario, que bajo esta creciente culpabilización de las administraciones autonómicas se esconden intereses políticos no explicitados. A continuación se pueden encontrar algunos de los elementos centrales de su argumentación aunque la prudencia de los informes del IVIE los subraye con mayor prudencia.

Porque lo que se oculta en toda esta campaña de condena de las administraciones autonómicas es que éstas tienen bajo su responsabilidad -todas ellas desde hace al menos una década y otras como la Comunidad Valenciana desde mucho más tiempo- la gestión de un tercio del gasto público total. Son las que tienen las competencias de a prestar a los ciudadanos los tres servicios públicos fundamentales desde la perspectiva del importe absoluto que suponen: sanidad, educación y protección social.

Pese a la importancia presupuestaria de este paquete de competencias, hasta 2007 el endeudamiento acumulado por las CCAA fue muy moderado: tan sólo el 5,7% del Producto Interior Bruto (PIB) cuando el de la Administración central, cuyo despilfarro se soslaya sistemáticamente, alcanzaba en ese año el 27,7%. Y ello a pesar de que esa administración central nunca cuestionada gestionaba entonces y ahora un gasto menor y no provee a ningún ciudadano el servicio sanitario desde 2002 (y a los valencianos desde 1987).

Lo que ha ocurrido después, es que desde el inicio de la crisis ambas administraciones han experimentado una brutal reducción de ingresos dado que la desaceleración de la actividad económica disminuye la recaudación fiscal. Al desequilibrarse la relación entre ingresos y gasto, y no querer ajustar sus gastos a esos ingresos decrecientes, el déficit se ha incrementado a un ritmo muy rápido.

La alternativa, con ingresos decrecientes, era dejar de prestar en las mismas condiciones esos servicios básicos en el terreno de la educación y la sanidad o aumentar el déficit. Y esto segundo es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Así, según señala el Informe del IVIE, entre 2007 y 2011 el endeudamiento público ha crecido en España el 29,8% del PIB. La Administración central ha contribuido a ese incremento con un 22,3% del PIB y las comunidades autónomas con el 6,9% del PIB. La razón: el coste de la sanidad y de la educación no depende de la evolución de la economía. Los ingresos autonómicos sí. Por tanto, el mantenimiento del mismo nivel de servicios obligaba, en ausencia de aportaciones compensadoras de la Administración Central, a endeudarse.

Eso es que lo que explica, como también subraya de manera contundente la investigación presentada recientemente por el IVIE, que la deuda autonómica se haya disparado durante los años de crisis en todas las comunidades ya que se han producido reducciones de ingresos del 25%, como consecuencia de las intensas caídas de los ingresos fiscales.

Este desequilibro que pone sobre el tapete un interrogante fundamental hoy en España que nadie parece interesado en plantear ¿pueden l-o deben- as comunidades autónomas absorber por sí solas una reducción de ingresos de esa magnitud, habida cuenta que son las que gestionan la sanidad y la educación, servicios que suponen el 55% de su gasto del total?

En otras palabras y con un ejemplo tosco pero claro: ante la caída de los ingresos deben de recortarse el gasto en los servicios básicos o deben de recortarse otros gastos del Estado Central aportando éste fondos extras para mantener esos servicios que son juzgados, al menos hasta ahora, por los ciudadanos como preferentes. Como de manera textual indica el Informe, "Si la respuesta es negativa, (que no deben suprimirse esos servicios preferentes) la crisis actual requiere plantear los ajustes fiscales necesarios desde perspectivas distintas de las hasta ahora consideradas".

CINCO CONCLUSIONES IRREBATIBLES

Y por eso mismo, el informe del IVIE obtiene conclusiones muy contundentes y muy diferentes a las que a menudo se leen en los medios de comunicación sobre las causas del déficit público en España y de las causas por las que se reduce menos de lo exigido por el Pacto de Estabilidad.

De la evolución del déficit y del endeudamiento de cada una de las AA.PP se pueden extraer conclusiones relevantes para comenzar a modificar el diagnóstico que con frecuencia se hace sobre la responsabilidad de las distintas administraciones en el desequilibrio financiero público:

• Las tres cuartas partes del endeudamiento público (75,8%) corresponden a la Administración central. Esto sucede una década después de que se completara la descentralización en las CC.AA. de las funciones de gasto más expansivas (sanidad, educación, protección social e infraestructuras regionales) y tras ya casi tres décadas del traspaso de todas estas funciones a cinco regiones que agrupaban a más del 50% de la población.

• Con la llegada de la crisis y el derrumbe de los ingresos fiscales a partir de 2008 reaparece con fuerza el déficit, sobre todo en la Administración central. La causa de ello es doble: el impulso durante los dos primeros años de crisis de políticas anticíclicas de gasto y la rápida expansión de las prestaciones por desempleo. En las CC.AA. el déficit también repunta, a causa de la caída de ingresos y la rigidez de los gastos en bienes públicos de carácter social: sanidad, educación y prestaciones sociales. La deuda acumulada por la Administración central en el tercer trimestre de 2011 asciende al 50% del PIB, la de las CC.AA. alcanza el 12,6% y la de las corporaciones locales (CC. LL.) el 3,4%.

• Del incremento del endeudamiento que se produce entre 2007 y el tercer trimestre de 2011 -que se eleva al 29,8% del PIB-, 22,3 puntos porcentuales son aportados por la Administración central y 6,9 por las Administraciones autonómicas. La falta de ajuste se ha producido como consecuencia tanto de la caída de los ingresos como de la inercia del gasto en las funciones que desempeñan las CC.AA., y también porque las medidas necesarias para reducir el gasto se han retrasado hasta bien entrado 2011, en algunos casos por interés electoral.

• El endeudamiento de las CC.AA. -que se mantenía estable en un 6% del PIB hasta 2007 y se ha elevado al 12,6% en el tercer trimestre de 2011- representa un 19% del endeudamiento total de las AA.PP., un porcentaje bastante menor que el peso que tienen las CC.AA. en el gasto público total.

• La deuda acumulada en 2011 representa un 75% del gasto de un ejercicio de las CC.AA., de modo que su desequilibrio financiero es claramente menor que el de la Administración central aunque su crecimiento y permanencia no son menos preocupantes. Las diferencias de endeudamiento entre CC.AA. son notables, pero ni siquiera las comunidades más endeudadas se acercan a la ratio deuda/gasto de la Administración central.

Como conclusión, en toda la Administración española los gastos se distancian de los ingresos cuando llega la crisis. EL resultado es una brecha entre ambas magnitudes que indica la existencia de déficit. La mayor de esas brechas aparece en la Administración central, aunque el ritmo de aumento es mayor en las CC.AA.

Por tanto, ambos son preocupantes. Ahora bien, el crecimiento de los gastos que impulsa el déficit en cada una de ellas es muy diferente: en la Administración central se expanden las partidas asociadas a los estabilizadores automáticos (prestaciones por desempleo) y a las políticas compensatorias discrecionales; en cambio, en las CC.AA. se debe a la inercia expansiva del gasto en algunas de sus funciones principales, en particular del gasto sanitario, que crece claramente por encima del PIB.

El resto de las principales funciones del gasto público -pensiones y protección social, educación- solo crecen a mayor ritmo que el PIB después de 2007, cuando la renta se frena primero y retrocede bruscamente en 2009.

A la hora de buscar culpables, si es eso de lo que se trata, cuestión harto discutible, las CCAA no deben de figurar en primer lugar. A no ser que lo que se pretenda sea acabar con la provisión de la sanidad y de la educación como se ha venido haciendo en los últimos treinta años de la historia de España. Pero en tal caso, se debiera explicitar claramente que lo que se pretende es acabar con el Estado de las Autonomías y con la provisión pública de sanidad y educación tal y como la conocemos. Algo que de momento no se ha hecho.