Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• El Presupuesto de 2016 sale del Congreso tras 585 votaciones sin incluir ninguna enmienda de la oposición
• Fomento certifica que la vivienda sube por vez primera desde 2008
• La banca amplía en 3.000 viviendas la aportación al fondo social

MADRID (EP). El Gobierno exigirá a la banca provisiones adicionales para cubrir el riesgo del 'ladrillo' por importe de hasta 40.000 millones de euros, así como una aportación extraordinaria al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de en torno a 18.000 millones.

Según informaron a Europa Press en fuentes en conocedoras del decreto que ultima Economía, la banca deberá incrementar las provisiones para cubrir eventuales pérdidas en la cartera de créditos vinculada al sector inmobiliario que aún está al corriente de pago.

Concretamente, este importe supondría elevar la cobertura de los activos inmobiliarios sanos desde el 7% a en torno al 30% y se suma a la exigencia de 52.000 millones de euros en saneamiento contenida en la reforma financiera de febrero entre requisitos de provisiones y capital.

Con esta nueva vuelta de tuerca en el saneamiento del sector financiero por su exposición inmobiliaria, el Gobierno aspira a despejar las dudas de los inversores internacionales sobre la solvencia del mismo.

En aras de este objetivo, el departamento que dirige Luis de Guindos también aprobará, previsiblemente, la creación de una fórmula que permita a las entidades aparcar los activos inmobiliarios dañados en una sociedad independiente.

Por otro lado, el Gobierno exigirá a la banca una derrama que consistirá en adelantar las aportaciones anuales al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) correspondientes a ocho ejercicios, lo que eleva el importe global a entre 18.000 y 20.000 millones de euros.

El FGD cuenta en la actualidad con menos de 2.000 millones de euros, cantidad insuficiente para afrontar las subastas de las entidades intervenidas pendientes: Banco de Valencia, Catalunya Caixa, y previsiblemente, Novacaixagalicia, si no encuentra inversores privados que sustituyan la presencia del Estado en su capital.

El objetivo fundacional de este fondo es garantizar los ahorros de los depositantes, pero el anterior Ejecutivo socialista amplió su función para minimizar el coste para el contribuyente de las integraciones inscritas en la reordenación del sistema financiero español en aras de reducir su capacidad y aumentar su solvencia.

En la actualidad, el FGD se nutre de las aportaciones privadas que las entidades realizan, correspondientes al 2 por mil de los depósitos, aunque se contempla la posibilidad de elevarlas hasta el 3 por mil y de que se lleven a cabo contribuciones extraordinarias, tal y como ha establecido por norma el Gobierno.