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MADRID (VP/EP). La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Gobierno es "consciente" de la "repercusión inmediata" que tendrá el recorte en obra pública anunciada por el Ministerio de Fomento el pasado jueves, y la enmarcó dentro del ajuste en el plan 'antidéficit' del Ejecutivo.

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, justificó la cancelación de obras y proyectos apuntando que hay que hacer "un esfuerzo de contención del gasto" para reducir el déficit público. Además, añadió que entre 2009 y 2012 la inversión media en infraestructuras será "similar" a la ejecutada entre 2005 y 2008, en plena bonanza y crecimiento económico.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega indicó además que "diversas cuestiones en cuanto a inversiones" deberán verse en las respectivas comisiones para ver si encajan con lo que "mandan los Estatutos" de autonomía.

De la Vega enmarcó el recorte de obra pública en el "plan del Gobierno de revisión de la política de construcción a partir de criterios de eficiencia, de competitividad y de racionalidad". "Se trata de una medida coyuntural, difícil de adoptar, pero que en este momento es muy necesaria para sanear las cuentas del Estado, para reducir el déficit y para sortear esta nueva etapa de crisis", declaró.

No obstante, aseguró que la 'hoja de ruta' de inversión en dotaciones de transporte presentada por el titular de Fomento, José Blanco, "se ha realizado para minimizar el impacto de la reducción del gasto". "Y lo ha hecho con un plan riguroso que mantiene la inmensa mayoría de los contratos en función de las necesidades del país y la cohesión territorial", añadió.

La vicepresidenta, garantizó que en el conjunto de España, y en todas las comunidades autónomas, se siguen "registrando cifras históricas de inversión". "Sobre todo si las comparamos con las del principio de la década", concluyó.

El titular de Fomento anunció una reprogramación de sus proyectos de obra pública para ajustarlos al nuevo escenario presupuestario, que pasan por rescindir y aplazar un total de 231 contratos de carreteras y ferrocarriles, el 20% del total de los 1.166 actualmente en marcha.

Estos proyectos suponen un monto inversor de 9.626 millones de euros, lo que representa el 30% de los 33.000 millones a los que asciende toda la cartera de obras que el departamento tenía hasta ahora adjudicadas y pendientes de ejecución.

Patronales y sindicatos de la construcción coinciden en denunciar que este recorte inversor supondrá la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo en el sector.