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BARCELONA (EFECOM).- Cataluña se expone a que el Gobierno español ponga en marcha "medidas coercitivas" que pueden acabar en la intervención de sus finanzas si sigue incluyendo la deuda correspondiente al Estatut como un ingreso en su plan de ajuste.

Así se contempla en la ley de estabilidad presupuestaria, que esta semana ha entrado en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En el primer documento sobre el plan de ajuste que la Generalitat ha remitido al ministerio de Hacienda constan como ingresos los 211 millones de euros que el Estado debe a la Generalitat en cumplimiento de la liquidación de 2009 de la disposición adicional tercera del Estatut.

Aunque el Gobierno español destacó el lunes que Cataluña había corregido "en la buena dirección" una serie de partidas y que no pretendía intervenir ninguna comunidad, ese mismo día su portavoz, Francesc Homs, subrayó a la vez que la Generalitat mantendría el criterio de hacer constar esos 211 millones como ingreso.

En cambio, Hacienda, que se ha desentendido del cumplimiento de las previsiones del Estatut catalán, ha pedido a las comunidades que eviten incluir como ingresos aquellos fondos que no estén sustentados en los presupuestos generales del Estado para 2012.

Fuentes de la Generalitat consultadas por Efe insisten en que se busca el entendimiento con Hacienda, subrayan que esos 211 millones son solo una pequeña parte del plan de ajuste y añaden que se barajan fórmulas para hacer constar la reivindicación respecto a la deuda del Estatut como un ingreso, sin que ello suponga el veto del Gobierno al plan de ajuste.

A falta de conocer cuál será la postura que finalmente adopte la Generalitat en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este mes, la ley de estabilidad presupuestaria expone en su disposición adicional primera las consecuencias de no contar con el visto bueno de Hacienda y recuerda que todas las comunidades que han solicitado acceso a medidas extraordinarias de apoyo "a la liquidez" están "obligadas" a acordar con Hacienda el plan de ajuste.

"La falta de remisión, la valoración desfavorable o el incumplimiento del plan de ajuste por parte de una comunidad o corporación local dará lugar a la aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 25 y 26 previstas para el incumplimiento del plan económico financiero", dice el texto.

Las medidas coercitivas incluidas en esos artículos consisten, de entrada, en que la comunidad debería aprobar "la no disponibilidad de créditos" y constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % del PIB nominal, que en caso de incumplimiento se convertiría en multa.

Asimismo, el artículo 25.2 precisa que, si persiste el desacuerdo, el Gobierno podrá acordar el envío, "bajo la dirección del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada", cuyas propuestas serían "de obligado cumplimiento".

Si aún así persistiera el conflicto, el Gobierno podría requerir al presidente de esa comunidad que cumpliera las medidas previstas y, en caso de no atender el requerimiento, el Gobierno, con mayoría absoluta del Senado, podría obligar a la comunidad a la "ejecución forzosa" de las medidas.

Entretanto, la Generalitat, cuyo presidente, Artur Mas, ha dicho que una intervención de Cataluña sería algo "impensable", no ha aclarado aún qué cambios introducirá en los presupuestos de la Generalitat para reducir el déficit hasta el 1,5 % del PIB.

Aunque Homs cifró el ajuste pendiente en más de 1.500 millones, la semana pasada el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, admitió en el Parlament que los presupuestos del Estado restan unos 2.305 millones de euros en ingresos a la Generalitat.

De estos, 1.733 millones corresponden a la pérdida de ingresos por el modelo de financiación en relación a lo previsto, 211 millones de euros a la disposición adicional tercera y unos 361,7 millones son los que se perderán en transferencias de carácter finalista.

Aunque el presupuesto de la Generalitat que se aprobó contemplaba un déficit del 1,3 %, y finalmente se aceptó relajarlo dos décimas, hasta el 1,5 % del PIB, el conseller dijo que, por el descenso del PIB previsto para 2012, el déficit que consta en las cuentas aprobadas "está más cerca del 1,4 % que del 1,3 %", con lo que quedaría una décima de margen, esto es, más de 200 millones de euros. EFECOM