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MADRID (EP). El Ministerio de Hacienda ha precisado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas desde el próximo mes de septiembre si no cumplen con la senda de consolidación presupuestaria, aunque cree que no será necesario.

Según sus cálculos, todas ellas "tienen capacidad real" para cumplir con los objetivos de déficit y, en todo caso, podrán solicitar antes una "intervención voluntaria", de la que ninguna de ellas ha hablado hasta el momento.

Así lo han asegurado fuentes del gabinete que dirige Cristóbal Montoro, que han señalado además que la intervención supondría una merma en la imagen de las comunidades autónomas, que todas ellas tratarán de evitar cumpliendo el objetivo de déficit fijado en el 1,5% del PIB.

En cualquier caso, cualquier eventual intervención es una posibilidad recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que este lunes ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor mañana.

Este lunes finaliza el plazo para que las comunidades autónomas presente sus planes económicos y financieros para reconducir sus desviaciones. De acuerdo con la nueva Ley, a partir de ese momento el Gobierno tiene 15 días para darles su aprobación, antes dar paso a otras medidas.

En caso de no presentación del plan o su incumplimiento, la administración debe constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.

Sin embargo, en el caso de que la administración en cuestión obviase incluso la creación de dicho depósito, el plazo de la intervención se reduciría a tres meses, de ahí que el plazo para las primeras intervenciones se sitúe en el mes de septiembre.

LAS COMUNIDADES PIDEN AYUDA PARA CONFECCIONAR SUS PLANES

Aunque ninguna de las comunidades autónomas han solicitado hasta el momento la intervención voluntaria, todas han pedido ayuda a la Administración central para confeccionar sus planes económico-financieros antes del cierre del plazo esta medianoche.

Para ello, ha habido reuniones del máximo nivel entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Monotoro, y presidentes autonómicos, por lo que desde Hacienda no se espera "ninguna sorpresa" en los informes presentados. Más aún, este "diálogo" ha sido interpretado como una primera garantía de cumplimiento.

En el caso de Cataluña, el plan está ya presentado y, según Hacienda, la Generalitat "ha corregido mucho y en la buena dirección", después de que el Gobierno avisara de que los 219 millones que reclaman por la aplicación del Estatut no podían computarse como deuda pendiente de cobro por parte del Estado.

En cualquier caso, habrá que esperar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará previsiblemente en la primera quincena de mayo para conocer las comunidades autónomas que 'suspenden'.

"YA NO HAY EXCUSA"

Por otro lado, en un encuentro con los medios, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, junto a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, han comentado que los planes económico-financieros presentados muestran la capacidad de las comunidades para ahorrar hasta 10.000 millones de euros, a los que habría que añadir otros 10.000 millones a través de los recortes en sanidad y educación.

A la vista de ello, Beteta ha asegurado que "desde este instante no hay excusa ninguna para incumplir la ley, ninguna", a lo que insistió en que, si alguna comunidad autónoma requiriese "apoyo especial", podría evitar medidas coercitivas, cuyo último recurso sería la intervención y podría solicitar "apoyo voluntario" a la AGE.

Además, Beteta puso el acento en que las intervenciones no supondrían "eliminar la autonomía de las comunidades autónomas", ya que en la práctica sería una "ayuda" por parte de expertos para que estas administraciones tomarán las medidas necesarias para reequilibrar sus cuentas.

Por su parte, Fernández Currás puso el acento en la importancia de la Ley y aseguró que marcará el inicio de una senda de recuperación de la confianza, que llevará a un mayor crecimiento y a la creación de empleo. "Hay que arreglar las desgobernanzas internas porque fuera no interesan, porque nos ven como un solo país", añadió.