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MADRID (EFECOM). La fase final del saneamiento de los bancos en España se encuentra atascada en medio de un debate sobre cómo financiarla, si con fondos públicos, como reclaman organismos como el FMI, o con dinero privado, como exige el Gobierno.

La discusión se ha intensificado esta semana con la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la agencia de calificación Standard & Poor's, que han puesto en evidencia sus dudas de que el Gobierno concluya la reestructuración bancaria sin poner dinero publico.

Una opinión que no comparte el Ejecutivo, que insiste en que el Estado, para no afectar al déficit, no sufragará el proceso.

Su argumento sigue siendo que los fondos necesarios sean aportados exclusivamente por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de los bancos.

El problema es que dicho fondo ya se ha utilizado para financiar varias subastas de entidades nacionalizadas, la CAM y Unnim, lo que le ha dejado sin recursos para hacer frente a nuevas operaciones como la del Banco de Valencia, que acaba de arrancar.

Aunque el Gobierno busca vías de financiación, como el aumento de las aportaciones de la banca o la concesión de un crédito del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el FMI ya se ha pronunciado al respecto.

Así, ha advertido en un informe publicado esta semana que "pueden ser necesarias" inyecciones de capital público para este proceso, una vez se agoten las aportaciones de los bancos.

Para el FMI es urgente que las entidades saneen sus balances y ve como una opción viable la constitución de un "banco malo" o sociedad a la que trasladar los activos inmobiliarios, posibilidad a la que el Gobierno se había negado hasta ahora.

Ahora, ante la constancia de que el saneamiento realizado no ha servido para desbloquear la concesión de crédito, el Ministerio de Economía y el Banco de España han comenzado a abrazar la posibilidad de que los bancos saquen de su balance los activos "tóxicos".

Las grandes entidades españolas son reticentes a esta opción, porque tienen capacidad suficiente para soportar el peso de sus activos morosos sin sacarlos de sus balances, aunque no se niegan a que los más pequeños lo hagan.

Una opinión que han compartido esta semana tanto el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, como el del BBVA, Ángel Cano, o el director general Corporativo y de Finanzas del Banco Popular, Jacobo González-Robatto.

El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, o la de Bankinter, María Dolores Dancausa, también han asegurado que estas entidades no necesitan el "banco malo", un instrumento que cuenta además con el apoyo de entidades internacionales.

El banco Goldman Sachs alertaba hace unos días de que a los casi 54.000 millones que ha supuesto la primera fase del saneamiento del sector, habría que sumarle otros 58.000 millones en una segunda fase por el empeoramiento de la economía, salvo que se cree un "banco malo", en cuyo caso la factura se reduciría a 21.000 millones.

La posibilidad de que el Estado tenga que financiar con más ayudas públicas la reestructuración ha sido uno de los argumentos que ha utilizado la agencia Standard & Poor's (S&P) para rebajar la calificación de la deuda española hasta situarla en "BBB+".

En concreto, la agencia ha explicado que esta rebaja es consecuencia del deterioro de la trayectoria del déficit presupuestario del país y el aumento de las probabilidades de que el Gobierno necesite proveer de mayores ayudas fiscales al sector bancario.

En el caso de que el Estado tuviera que ayudar a la banca con dinero público, el déficit podría verse afectado, por lo que otra de las opciones podría ser que el sector demande recursos europeos, algo que ha descartado tajantemente en los últimos días el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre.