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VALENCIA. Cuando el país se apresta a asumir una reforma laboral nunca antes intentada en el sistema institucional de la economía española, y la Sanidad y la Educación públicas, además de los funcionarios, se ven obligados a apretarse el cinturón sin que tengan responsabilidad alguna en el desastroso estado de nuestras cuentas públicas, el Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca en su plan contra la crisis anunciando una amnistía fiscal para el dinero negro.
La medida, cuyo objetivo es intentar 'aflorar' 25.000 millones de euros 'sumergidos' y obtener de ellos 2.500 millones con un impuesto del 10%, demuestra que no existe simetría a la hora de repartir los costes de la crisis. En otras palabras, hay quién gana y hay quien pierde con su gestión.
El Gobierno presidido por Mariano Rajoy ya había 'mostrado maneras', que diría un taurino, con los miles de millones de dinero público aportado sin contrapartida a las cajas de ahorro mientras mantiene en sus cargos a los administradores que las han quebrado. Excepto en el caso de la CAM y de CLLM, los consejeros siguen siendo los mismos que las llevaron al desastre (o nombrados por el mismo perverso procedimiento).
Pero la decisión tomada por el consejo de ministros de este viernes de establecer un sistema especial de regulación para aquellos que se han puesto la ley por montera en el terreno tributario, excede todo gesto de moderación. Y refleja hasta qué punto en España la diferencia ente lo que declaran los gestores públicos y lo que hacen sigue siendo abismal. Lo cual es la causa de que una inmensa mayoría de la población tenga una confianza nula en los políticos, debilitando la reputación de España en los mercados internacionales.
A ello se añade que el tipo de gravamen establecido para la regularización de las rentas defraudadas es irrisorio. Hacer pagar un 10% a los que han defraudado a la Hacienda Pública no es sólo una mofa a aquello de "Hacienda somos todos", sino una constatación de la veracidad de la coletilla que ya se le añadió entonces de "pero unos más que otros". Recién elevado el IRPF y el impuesto sobre las rentas del capital y cuando se anuncia el aumento del impuesto de sociedades, el gobierno decide un trato de favor para los defraudadores.
O en caso de que se aclare, cosa que en estos momentos se desconoce, que el 10% es a añadir a los impuestos no pagados, se trataría de una penalización mínima para quienes se han mofado de la solidaridad social que tanto ha reclamado Rajoy y sus ministros económicos a la hora de exigir sacrificios.
No ayudan medidas de este calado a templar los ánimos de un país soliviantado por la reciente convocatoria de una huelga general que, independientemente de sus convocantes, resultados y objetivos, no deja de ser un trauma social y económico que complica aun más una solución de consenso para salir de una crisis cuya término aún distamos mucho vislumbrar.
En un no menos sorprendente gesto, Luis de Guindos, ministro de Economía, ha decido explicar antes en Bruselas que en las Cortes -en donde Constitucionalmente reside la soberanía popular de la nación española- el contenido de los Presupuestos de 2012. A este comportamiento, que a buen seguro no habrá pasado desapercibo a los socios en la UE, ha añadido que con ellos España va a dejar de ser un problema para la UE. Ojala sea cierto.
Pero mucho nos tememos que acompañados de esta amnistía fiscal, propia del tercer mundo, España va a convertirse en el problema de Europa. Con el agravante de que a diferencia de Grecia, un comportamiento tan irresponsable en un país del tamaño de España, convierte nuestros problemas en sistémicos. Esto es, que se pueden llevar a la UE por delante.
Realmente de juzgado de guardia, se recompensa a los ladrones junto con la enorme cantidad de economia negra que hay en este pais, al final solo pagan los tontos y encima se recortan en aspectos como la ley de dependencia
Una ingenuidad increiíle: si se vota a la derecha se tienen políticas de derecha. Punto pelota. Lamentarse es cosa de débiles. A lo hecho pecho.
Me parece un editorial valiente pero suave para la estafa que ha supuesto la decisión. Las hmerotecas no mienten, las declaraciones apelando a la solidaridad realizadas también están ahí. La anmistía es una estafa y una demostración de al lado de quien está este gobierno. No me volverán a engañar. No me pueden devovler mi voto pero no lo volverán a tener en lo que me resta de vida. Y como salga un partido para llevarlos a los tribunales por estafa ahí estará mi voto. Son un peligro para la democracia.
Conforme con casi todo. Matices: No es malo, es bueno, que Guindos de explicaciones en Bruselas. Rajoy las dará en Madrid. Después de más de 25 años de pertenencia a la Unión Europea, ya es hora de que la sociedad, la Academia, los medios de comunicación, los gobernantes españoles-valencianos caigan en la cuenta de que la capital de la Comunitat Valenciana y de España está en Bruselas. Donde se toman las decisiones trascendentales es allí, aquí se toman las decisiones importantes y, sobre todo, las (solo) mediáticas.
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