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MADRID (EP). La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presentado tras el Consejo de Ministros el proyecto de ley de transparecia. Las empresas públicas están sometidas a la ley y las que contratan con Administraciones deberán suministrar a la Administracion para la que trabajen la información necesaria para conocer cómo se gestiona el servicio que prestan.

El Gobierno prevé la creación de una página web a través de la que los ciudadanos puedan acceder a la información de todas las Administraciones del Estado, independientemente de las que los ministerios puedan crear.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que, a la hora de fijar los servicios mínimos de cara al paro general convocado para el 29 de marzo, el Ejecutivo buscará el equilibrio entre el derecho de huelga y el derecho al trabajo.

"El objetivo de esta ley devuelva la credibilidad a las instituciones, garantice el cumplimiento de obligaciones y que los altos cargos respondan con su cargo si no cumplen sus obligaciones", ha asegurado.

BAREMOS PARA FIJAR SUELDOS 

Según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que establecerá también baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales, los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa.

La norma prevé un "código de buen gobierno con rango legal" que incluye "principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones porque se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal", por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones.

Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha indicado que las infracciones consideradas "muy graves y algunas graves" por el anteproyecto de ley podrán llevar a la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años.

Las conductas que se sancionarán serán aquellas contrarias a las formas de buen gobierno, a la ley presupuestaria actual y a la futura ley orgánica de estabilidad presupuestaria que actualmente se tramita en el Parlamento

Además, en el caso de "verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable, la conducta será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con la inhabilitación por diez años y la correspondiente multa".

PENA DE PRISIÓN 

Aunque no se prevé pena de prisión para este nuevo delito, la vicepresidenta ha recordado que dicha multa, "si no se cumple, se sustituye por la pena de prisión".

Además, el anteproyecto de ley fija un "primer paso" hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.

Para fijar estos baremos, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño de la misma y sus circunstancias económicas o administrativas.

"Esta ley precisamente prevé que un Gobierno diga que deja el 6% de déficit y este sea del 8%", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno.

Para poner en marcha las consultas de los ciudadanos, se abre un porcedimiento administrativo, que puede recurrirse ante la agencia correspondiente y ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que así se establezca. La vicepresidenta también ha especificado que probablemente todas estas nuevas normas no serán aprobadas antes de junio.

Además, los ciudadanos tienen la posibilidad de incluir sugerencias a esta normativa durante un plazo de quince días.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha subrayado que el Gobierno "protegerá" ambos derechos y tratará de encontrar un equilibrio entre ellos cuando se determinen los servicios mínimos.