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MADRID. Distintos ministerios del Gobierno como Fomento, Agricultura, Sanidad o Industria, entre otros, analizan actualmente planes para afrontar los recortes presupuestarios que ya tienen encima de la mesa, para que esta disminución del presupuesto no paralice en exceso sus actuaciones futuras. Además se encuentran con el mismo problema que tiene la economía española en estos momentos, no sólo hay que tomar medidas de recorte de actividad, sino que hay que mantener la inversión para fomentar el crecimiento.

La necesidad de reducir gastos para cumplir con el compromiso de recorte del déficit ante Bruselas, para el que faltaría todavía una fuerte disminución de los gastos de 12.000 millones este año, hace que desde estos departamentos ministeriales se estudien planes tendentes a asegurarse las actuaciones previstas o las que ellos mismos están diseñando con un menor presupuesto. Y las medidas que barajan se centran en gran parte en cargar a los usuarios el coste de algunos servicios, peajes por el uso de autopistas o subidas de la fiscalidad de las gasolinas y de los recibos del agua y de la luz. Es más o menos lo mismo que el copago para la sanidad pública, que se alienta desde las organizaciones empresariales apoyando modelos de gestión público-privada.

Aunque no hay ninguna decisión en firme, dado que son opciones que en la mayor parte ni siquiera tienen que ver unas con otras al depender de ministerios distintos y también de comunidades y ayuntamientos, todo parece indicar que a medio plazo la puesta en marcha de algunos de estos planteamientos van a suponer subidas de las tarifas de la mayor parte de servicios que se pagan en España.

En diciembre pasado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuvo que incumplir su promesa electoral respecto a  los impuestos y anunció una subida del IRPF y del IBI para dos años, para recaudar más y poder afrontar el recorte del déficit público al que España se ha comprometido con la Comisión Europea. Posteriormente, el propio Rajoy ha recortado la rebaja prevista ante el mayor aumento real del déficit público para sorpresa de la Comisión Europea y ha anunciado que "bajar el déficit del 8,5 % de 2011, frente al 6 % previsto, al 5,8 % este año va a implicar un recorte del 2,7 %, es decir, de un total de 27.000 millones". Y como ya se previeron 15.000 millones el pasado diciembre con la subida de impuesto, ahora se habrán de sumar otros 12.000 millones adicionales.

PORTUGAL ACABA DE HACERLO

Por lo que se refiere al pago por uso de las autopistas libres, la propuesta que baraja el nuevo Gobierno es algo que ya está instalado en muchos países europeos. El último de ellos ha sido Portugal, que empezó el pasado mes de diciembre a cobrar peajes en autopistas libres de peaje, muchas de ellas construidas además con fondos comunitarios. Pero también en Francia, Italia o Reino Unido se cobran peajes y en otros países como Austria o Suiza se paga una cantidad al año para poder usar las carreteras, cantidad que también se cobra a los extranjeros que viajan en coche por esos países.

En España sólo el 20% de las vías terrestres son de peaje. Ya en la etapa del anterior ministro de Fomento, José Blanco, se dejó caer en varias ocasiones que las necesidades de mantenimiento de la red de autopistas, más de 2.000 millones de euros al año, puede ser más que suficiente para justificar el cobro de peajes blandos. Técnicamente el argumento es sencillo, cobrar a los usuarios, aunque no se tenga en cuenta que también han sido los impuestos que pagamos los españoles los que sirvieron en parte, además de los fondos europeos, para la construcción de esas infraestructuras.

El Ministerio de Fomento trabaja además actualmente en un plan para sanear el sector concesional de autopistas, que en su mayor parte se encuentra en quiebra técnica, en el que previsiblemente apostará en una parte por las fusiones de concesionarias, pero en el que también tendrá que alargar los plazos de las cuentas de compensación que la Administración tiene con las empresas en forma de créditos y eso es dinero, aunque no compute en el déficit.

RELANZAR LA ECONOMÍA

La pasada semana, David Taguas, presidente de la asociación de grandes constructoras Seopan y de la Comisión de Concesiones y Servicios de la CEOE, presentó un plan que le ha sido enviado al Gobierno para que se inviertan 80.000 millones de euros en los próximos cinco años y con ello conseguir un crecimiento del PIB del 1,3% en ese periodo, así como la creación de 480.000 puestos de trabajo. Pero para ello propuso medidas como el pago por uso de las autovías para mantener la inversión en carreteras, una subida del agua a través de la revisión de los cánones de saneamiento o el encarecimiento del combustible para que el Estado recaude unos 150 millones más al año, así como cobrar por la entrada en las grandes ciudades, una especie de peaje para descongestionar los centros de las grandes urbes que ya se aplica en ciudades como Londres. También defendió la imposición de la Euroviñeta en España, que grava a los vehículos pesados de transporte.

Taguas defendió sin tapujos el pago de peajes blandos en las autopistas libres para el mantenimiento de la red y lo comparó con el copago sanitario que se está más que estudiado. Eso sí, pidió que en las vías que se pague se pueda elevar la velocidad permitida como acicate para su uso, siempre que no se comprometa la seguridad.

También se refirió a la necesidad de resolver de una vez por todas el déficit inversor en las infraestructuras del ciclo integral del agua y pidió la revisión de tarifas del agua y que se recurra a la financiación por fórmulas de colaboración público-privado. Según el informe de CEOE, que ya tienen los Ministerios afectados, "actualmente el coste anual de todos los servicios del agua asciende a una cifra de unos 13.000 millones de euros, de los que casi una tercera parte no se imputan a ningún usuario por considerarlos de interés general". Y añade "que de los 9.000 millones que se imputan, se pagan sólo alrededor de 6.000 millones, un 65% de lo que se pretende cobrar y menos del 50% de los costes totales".

PRECIO DEL AGUA MUY BARATO

La situación contrasta, según la CEOE, con los principales países de nuestro entorno y ciudades comparables que, con mayor pluviometría y sin los problemas de escasez de agua que padece España, cuentan con tarifas dos o tres veces superior a las nuestras. En los cuadros que aportó se ve que España tiene unas tarifas del agua que son una cuarta parte que otros países europeos como Dinamarca o la mitad de lo que pagan en Francia o Alemania.

A su juicio, "los últimos datos de depuración en España demuestran que se tratan alrededor de 4.000 hectómetros cúbicos al año, por lo que se si pudiera generalizar un canon de saneamiento de 0,5 euros por metro cúbico, los ingresos por este concepto alcanzarían los 2.000 millones al año".

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha anunciado recientemente que a mitad de la legislatura quiere sacar adelante un Plan Hidrológico que puede acarrear trasvases de cuencas, y es bastante posible que apele a la iniciativa privada para su realización, según todas las fuentes consultadas.

CNE PIDE GRAVAR LOS CARBURANTES

Respecto a la propuesta para elevar la fiscalidad de las gasolinas, además de la de la CEOE, la pasada semana el consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) también propuso al ministerio de Industria un impuesto de 0,07 euros por litro para las gasolinas y los gasóleos que permitiría recaudar unos 2.000 millones de euros anuales para usar estos fondos en la financiación de las energías renovables, a las que el gobierno ha puesto recientemente una moratoria de primas. El impuesto elevaría del 48 al 52% la fiscalidad de la gasolina y del 43 al 46% la de los gasóleos, pero añade la CNE, estas tasas seguirían por debajo de la media comunitaria que es del 56% para gasolinas y 48% para gasóleos.

Esta medida que no es vinculante, como se ha apresurado a explicar Industria, está incluida en el informe de la CNE para solucionar el problema del déficit de tarifa del sector energético, que ya ronda la friolera de 24.000 millones de euros, y al que el Gobierno sabe no habrá otra forma de meter mano que utilizando en parte las tarifas eléctricas que pagan los consumidores, como afirman todos los expertos consultados.

DÉFICIT DE TARIFA ELÉCTRICO

Aunque puede que sea un poco radical, un estudio de PwC presentado el pasado mes de diciembre, aseguraba que el precio final de la electricidad para los consumidores domésticos debería aumentar un 23% en 2012 y un 18% en 2013 para resolver el problema del déficit de tarifa y equilibrar el sistema eléctrico.

Asimismo, el nuevo ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó recientemente en su puesta de largo en Madrid que la solución del millonario déficit de tarifa debe ser compartida por empresas, consumidores y los presupuestos del Estado. Más claro no se puede ser.

El déficit de tarifa, 24.000 millones acumulados, es la diferencia entre lo que paga el consumidor en su factura y el coste reconocido por la compañía eléctrica.^[] Desde la liberalización abierta por los gobiernos de Aznar y que siguieron los de Zapatero, se aplicó esta política de congelación de la tarifa de la luz al margen de los costes declarados de la energía, que se transformó en deuda del Estado con las empresas eléctricas.

Han pasado los años y todos los agentes implicados están de acuerdo en que hay que cambiar esta medida que se aplicó con el objetivo de controlar el impacto inflacionista de las tarifas, ya que toda la actividad económica depende de los precios de la energía. Pero la deuda ha crecido y hay que pagarla y aunque evidentemente no recaerá sólo en los consumidores, no es nada descartable que estos tengan que pagar una buena parte de la misma, señalan todos los expertos.