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MADRID (EFECOM). El Consejo General del Notariado ha aprobado este fin de semana una circular en la que se establece que las entidades que embarguen una vivienda no podrán hacerlo por menos del 60 % de su valor de tasación.

Y es que los notarios quieren garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales que en las que se realizan por vía judicial, según un comunicado remitido hoy.

En la citada circular "se dan unas directrices claras que todos los notarios deben seguir para garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda y a la debida protección familiar".

Así, se establece que no se autorizarán ejecuciones hipotecarias que no fijen en la tercera subasta un tipo mínimo del 60 % del valor de tasación de la vivienda.

Según el Consejo General del Notariado, aunque la regulación de la ejecución hipotecaria extrajudicial, recogida en el Reglamento de la Ley Hipotecaria, no fija tipo alguno para la tercera subasta y permite al acreedor adjudicarse el bien por cualquier cantidad, los notarios creen "imprescindible" ofrecer a los ciudadanos las mismas garantías que las que tendrían ante un juez".

El presidente del Consejo General del Notariado, Manuel López Pardiñas, ha indicado que "el notario, en su condición de funcionario público, no puede ser ajeno a la situación generada por el cambio normativo, aunque no se haya modificado también la regulación del procedimiento extrajudicial".

En este sentido, ha recordado que los bancos tienen la opción en caso de decidir ejecutar la hipoteca, cuando así se ha pactado en la escritura pública, de hacerlo por vía extrajudicial ante un notario.

La regulación legal de este procedimiento extrajudicial no se ha adaptado a la actual situación de crisis y sobreendeudameniento de las familias españolas, como si se ha hecho con la ejecución hipotecaria por vía judicial, han explicado.

Por ello, además solicitarán al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la reforma del actual sistema de ejecución hipotecaria extrajudicial.

Las propuestas de los notarios llegan después de que la semana pasada el Ejecutivo presentase un programa de medidas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social, que se completa con un código de buenas prácticas que adoptarán las entidades de forma voluntaria.

Entre estas propuestas se incluye la posibilidad de que las familias en el "umbral de la exclusión", que tengan a todos sus miembros en paro y hayan agotado su prestación por desempleo, puedan saldar su deuda con el banco entregando su vivienda, la "dación en pago".

Además, propuso que las familias que se encuentren en la anterior situación también puedan salvarse del desahucio.

Los notarios también han explicado que propondrán al Ministro de Justicia, en desarrollo de la normativa concursal, medidas que permitan tratar adecuadamente el sobreendeudamiento de los ciudadanos, para equiparar el ordenamiento jurídico español al de los países del entorno.

"La normativa concursal española carece de mecanismos eficaces de carácter social cuando el ciudadano se encuentra en una situación de insolvencia, debida a su separación o divorcio, a estar en desempleo prolongado o a una incapacidad".

Así, abogan por establecer medidas con las que los notarios pudieran ayudar en estas situaciones.