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VALENCIA. La reforma del sistema financiero que hoy aprobará el Consejo de Ministros tendrá un fuerte impacto en las cuentas de los bancos y cajas de ahorros españoles. No en vano se les va a obligar a hacer nuevas provisiones por 50.000 millones de euros antes de final de año con la finalidad de garantizar los créditos problemáticos y activos inmobiliarios que tienen en su cartera.

Y pese a que las nuevas normas obligarán a las entidades a captar tanto dinero como puedan para poder guardar en sus cajas el capital, el ministro de Economía, Luis de Guindos aseguró ayer al presentar el real decreto que el objetivo final es que vuelva a fluir el crédito a los particulares.

La explicación técnica es relativamente sencilla sobre el papel. Desde hace meses los mercados de deuda dudan de la valoración de los activos inmobiliarios de la banca española, que ascienden a 320.000 millones de euros. Ese recelo dificulta el acceso a los mercados mayoristas por parte de la banca que no puede captar dinero por esa vía con lo que, para compensar las necesidades de capital, no presta a sus clientes.

Según De Guindos, al sanear los balances con las nuevas dotaciones, los bancos españoles (los que soporten el proceso) se mostrarán al mercado solventes y recuperarán su confianza. Y una vez puedan volver a captar fondos en los mercados mayoristas podrán volver a prestar dinero a sus clientes y empresas. Un razonamiento que entra en la lógica económica pero que deberá confirmarse más allá de la teoría. Y eso no ocurrirá a corto plazo.

Los bancos tienen de plazo hasta final de este año para cumplir con los requisitos. Aunque para los que estén esperando que le den un préstamo o le renueven una línea de crédito puede parecer eterno, para los bancos, especialmente para los que tienen más riesgo inmobiliario, no va a ser un camino fácil. Conseguir miles de millones de euros no es tarea fácil, y se supone, en la lógica argumental de De Guindos, que mientras esto no ocurra, no va a cambiar la situación actual.

MÁS TIEMPO PARA LOS QUE SE FUSIONEN PERO CON OBLIGACIÓN DE DAR CRÉDITO

El plazo de un año para cumplir las normas se alargará a dos para aquellas entidades que acuerden fusionarse, ya que otro de los objetivos de la reforma es forzar la consolidación del sistema financiero español, eliminando del escenario aquellas entidades que no sean viables.

Los bancos que deseen acogerse a los incentivos para la fusión (más tiempo para cumplir los requisitos, la posibilidad de sanear los activos contra el patrimonio y ayudas del FROB a través de bonos convertibles) también tendrán que cumplir unas condiciones, entre las cuales está, cuanto menos, no disminuir su actividad crediticia.

BAJADA DEL PRECIO DE LOS PISOS

La otra variable que De Guindos espera surja de este proceso es una rebaja de los precios de la vivienda. El incremento de las dotaciones sobre los activos inmobiliarios problemáticos tiene un efecto en la valoración de los solares y pisos que tiene el banco.

"Se va a acercar el precio de la vivienda a la realidad del mercado", aseguró De Guindos, que augura que las entidades ya no tendrán razones objetivas para resistirse a bajar los precios de los pisos que tiene en cartera. "Los bancos dejarán de hacer de inmobiliarias y se dedicarán a captar pasivo y dar crédito", aseguró el ministro.

Crédito y bajada del precio de la vivienda, los dos efectos que los ciudadanos deberán percibir de un proceso de concentración financiera que, como contrapartida para muchos, supondrá nuevas fusiones con el consiguiente efecto sobre las plantillas de los bancos. Y aunque De Guindos insistió en que esta segunda fase de la reordenación bancaria en España no costará dinero público, lo cierto es que se ha incrementado los fondos del FROB en 6.000 millones más para poder comprar bonos de los bancos que participen en una fusión y lo necesiten para alcanzar los ratios de solvencia. La pregunta es si después serán capaces de devolverlo.

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