La normativa suprime la posibilidad de pactos entre las empresas para pagar fuera de plazo

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VALENCIA (LIDIA MASERES/JORDI FERRER). Los retrasos en los pagos entre las administraciones públicas y las empresas, así como entre ellas mismas, estará penalizado a partir de ahora. Ayer entró en vigor la nueva Ley de Morosidad que modifica los plazos para realizar pagos con un claro objetivo: corregir los desequilibrios económicos para mejorar la competitividad de las empresas y lograr el crecimiento de la economía española. Según los empresarios, se podrían recuperar 100.000 millones de euros.

En 30 días tendrán que pagar las administraciones a las empresas, y en un máximo de 60, las empresas a sus proveedores, con un período de adaptación de tres años, es decir, hasta el 2013. "Si somos Europa, que seamos Europa, también en este sentido", afirma a Valenciaplaza.com Joan del Riu, presidente de la Asociación para la Construcción de Estructuras Metálicas de Cataluña (Ascem) y miembro de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, creada en 2009 por empresarios españoles (representa a 783.000 pymes y autónomos) ante el incremento de los impagos.

La ley, impulsada hace un par de años por esta plataforma y por Convergencia i Unió (CiU), fija los plazos de pago y establece un calendario transitorio que finalizará el 1 de enero de 2013. Según éste, las administraciones públicas deberán reducir su límite de plazo con una escala de 55 días para este año, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013.

En el caso de las empresas privadas, a excepción del sector de la alimentación y los productos perecederos (obligados a pagar en 30 días en todos los casos), el período transitorio también se extiende hasta dentro de tres años, de forma que desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año.

"Los plazos, tal y como están, son perfectos si logramos que se cumplan. Las constructoras, por ejemplo, pagan con unos de retrasos que van desde los 180 días a los 210", explica Del Riu.

"EN UN AÑO SE HA TRIPLICADO LA MOROSIDAD"

Cifras exactas y claras sobre la tasa de la morosidad parece que no hay. Valenciaplaza.com consultó con una decena de organismos -Cámaras de Comercio, patronales, ministerios, consellerias, asociaciones sectoriales, e incluso con el Banco de España-, y ninguno pudo ofrecer datos a pesar de que todos celebraron la entrada en vigor de la norma por la enorme de cantidad de empresas que padecen los retrasos. "En un año se ha triplicado la morosidad de las administraciones", aseguró el pasado martes el presidente de Cierval, Rafael Ferrando.

Según las cifras de la Plataforma contra la Morosidad, la administración pública debe a las empresas alrededor de 40.000 millones de euros; y entre empresas proveedoras hay una mora de 60.000 millones de euros. En total, 100.000 millones que deberían estar en manos de los empresarios, ahogados por la falta de créditos, expedientes de regulación de empleo y un largo etcétera de problemas económicos.

A pesar de no existen datos, y quienes dicen tenerlos desconocen la fuente original de los mismos (ni el INE ni el Banco de España los manejan, pese a ser citados constantemente como informadores), algunas noticias publicadas en los últimos meses podrían confirmar la tesis de Ferrando.

En marzo de 2009 el colectivo de técnicos de Hacienda, agrupados en Gestha, cifraban en 12.300 millones de euros las facturas sin pagar a las empresas por parte de los Gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos y locales, y aludían a esta cantidad para reclamar la compensación de los pagos del Impuesto de Sociedades y del IVA por parte de las compañías, con el fin de aliviar sus problemas de liquidez.

Asimismo, denunciaban que el sector público español tardaba más de 145 días de media en saldar sus deudas, frente a los 65,3 días de media en la Unión Europea

Estas cifras, según ha confirmado Valenciaplaza.com, procedían de un informe elaborado por los técnicos de Gestha que no ha sido actualizado desde principios de 2009 dada su complejidad, según indicaron fuentes de esta asociación.

CEPYMEV "CULMINA SUS ASPIRACIONES"

Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev), declaró este martes, durante la asamblea general de la entidad, que con la ley se culminaban algunas de sus "legítimas aspiraciones", al suprimirse la posibilidad de pacto en las partes.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), José María Terciado, afirmó el 22 de junio que valoraba "positivamente" la nueva ley, a la vez que exigió la aplicación "efectiva e inmediata" de las modificaciones.

"Los efectos de la crisis han agravado la situación, aumentado los impagos y los retrasos en la liquidación de las facturas. Nos felicitamos por la reforma, que aunque llega tarde para algunas empresas, permitirá, en el medio plazo, reducir las tensiones", manifestó Navarro.

INDEMNIZACIONES ANTE LOS IMPAGOS

Además de la reducción de los días de pago y de la imposibilidad de hacer pactos para saldar las cuentas, la norma establece que cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar una indemnización por todos los costes de cobro que haya sufrido por el impago.

"La indemnización no podrá superar el 15% de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en los que la deuda no supere los 30.000 euros, el los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate", se puede leer en el texto.

Según apuntó ayer el portavoz de Compromís en Les Corts, Entirc Morera, una de las posibles consecuencias que podría conllevar la entrada en vigor de la citada Ley es el probable incremento de las demandas contra el Consell (y el resto de administraciones) por el retraso en los pagos a empresas y proveedores.

Morera denunció que el Gobierno autonómico valenciano "tiene el récord de tardar hasta 450 días en pagar", y recordó algunos casos extremos que se han dado en centros sanitarios o judiciales de toda la Comunitat Valenciana.

CESIONES A CONSTRUCTORAS Y EDITORIALES

Por otra parte, las constructoras de obra pública contarán con plazos distintos para rebajar el plazo máximo de pago de facturas a sus subcontratistas y proveedores, que actualmente supera los 100 días.

En concreto, las empresas del ramo podrán pagar a 120 días desde ayer hasta el 31 de diciembre de 2011. En el año siguiente este plazo deberá rebajarse a 90 días, para fijarlo en los 60 reglamentarios en el ejercicio 2013.

Asimismo, la ley habilitará al Gobierno para determinar un "régimen especial" de pagos para el sector del libro que tenga en cuenta las "especiales circunstancias" de este sector en relación a los ciclos de explotación, la rotación de 'stocks' y el específico régimen de depósito de libros. Además, establece que las empresas informen en su memoria de cuentas anuales sobre los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores.