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VALENCIA (VP). "Todavía no hay nada decidido sobre el número de oficinas que podrían cerrar, ni tampoco en el ajuste de plantilla. Estamos estudiando los planes de trabajo y a partir de la semana que viene comenzaremos a diseñar el calendario de reuniones para operar como Cajas Rurales Unidas (CRU) a finales del próximo mes de abril o principios de mayo como muy tarde".

Son palabras que llegan desde Cajamar, la entidad que lleva el peso de la operación -por algo es la número uno del sector cooperativista español-, a preguntas de este digital sobre cómo va a quedar la nueva entidad resultante de la fusión aprobada ayer por las asambleas de la almeriense y Ruralcaja. 

Lo que sí se tiene claro en Cajamar -y prácticamente en todo el sector- es que las rurales deben seguir los pasos de concentración de las cajas de ahorros, pero ello dependerá de "lo que diga el Gobierno y el Banco de España ejecute". De ahí que haya que esperar a los nuevos ratios de solvencia que ponga sobre la mesa el nuevo Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, que deberán cumplir las entidades financieras españolas. "De nada sirve hacer cábalas porque no tenemos nada decidido al respecto", advierten desde Almería.

Lo que es un hecho palpable, tal y como anunciaron a mediados de diciembre ambas entidades cuando dieron cuenta de que habían llegado a un acuerdo de fusión, es que Ruralcaja y Cajamar mantendrán sus respectivas marcas hasta el 30 de junio de 2014, mientras que la valenciana seguirá operando como tal en la Comunitat pese a 'solaparse' con las oficinas de Cajamar vía la extinta CajaCampo.

Mientras tanto, los que ya se han puesto el mono de faena son los sindicatos de ambas entidades (CC OO, UGT y CGT). Sin ir más lejos, la pasada semana se reunieron y firmaron un acuerdo de mínimos por el que ningún trabajador perderá derechos ni salarios con la fusión y no se tomarán decisiones unilaterales por parte de la empresa, es decir, sin pactar con los sindicatos, han explicado fuentes de la caja.

El próximo miércoles 24 de enero volverán a reunirse para constituir una mesa de trabajo en pos de garantizar el mayor número de puestos de trabajo posible.

De momento, esta misma semana, concretamente el lunes, CC OO firmó un acuerdo de garantías con CRU, que recoge las aspiraciones y las voluntades de ambas partes para el desarrollo del proceso.

"Se trata de una especie de declaración de intenciones a la espera de conocer las necesidades de ambas entidades de cara al futuro, básicamente en lo que a personal se refiere. Hay una alta concentración de oficinas en determinadas áreas geográficas", apunta Matías Iglesias, secretario general de CC OO de la Agrupación de Cajas Rurales y de Cajamar.

"Hasta el 30 de junio tenemos tiempo para negociar, tal y como lo recoge el protocolo, pero ello no significa que la negociación no pueda ir más allá. Hay mucho trabajo por delante, pero de momento estamos tranquilos con la firma de este protocolo para comenzar a negociar con las entidades", añade.

UN PROCESO ARDUO Y LABORIOSO

Se antoja un proceso arduo y laborioso, dado que la entidad resultante (Cajas Rurales Unidas) cuenta con 1.474 oficinas y 6.360 empleados para un volumen de negocio que alcanza los 65.615 millones de euros, según los datos a 30 de septiembre pasado.

"Mucho lastre van a tener que soltar para adecuar el negocio al número de oficinas y empleados", advierten desde una firma de banca privada de la City valenciana. "O meten la tijera  o CRU nacerá con el pie cambiado", añaden.

Además, la mejora de algunos ratios tan determinantes como el de eficiencia -muy por encima de la media española- es fundamental para arrancar con buen pie un proyecto al que esperan sumarse en las próximas semanas varias rurales de la Comunitat Valenciana que continúan por libre. "Es cuestión de tiempo que se unan antes de que el Banco de España lo haga por ellas", advierte un veterano cooperativista valenciano.

Algunas como Villarreal y Vall d'Uxo mantienen conversaciones avanzadas para hacerlo, según apuntan fuentes conocedoras de la operación, mientras que algunas alicantinas -entre ellas la potente Caja Rural Central de Orihuela- podría dejarse caer también aunque fuentes oficiales de la rural alicantina han negado tajantemente este extremo.

Las mismas fuentes han manifestado al respecto que "nuestro modelo de negocio no pasa por ningún proyecto de integración al margen de la Asociación Española de Cajas Rurales".

Actualmente son quince las rurales de las tres provincias que permanecen 'solteras' -la mayor parte de Castellón-, cuyo futuro pasa por la unión a CRU o a cualquier otro proyecto que se inicie al margen de éste, puesto que rurales españolas del peso de Navarra todavía no han dicho la última palabra.

"La falta de compromisos de los consejos rectores, que ha chocado con los personalismos de cada rural, ha frenado la vieja aspiración de Cajamar de agrupar todas las rurales españolas, lo que nos hubiera dado mucha más fuerza y haber tenido ya una entidad con un mínimo de 100.000 millones de euros en activos como pide el Banco de España", zanja a modo de reflexión Matías Iglesias.