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TOLEDO (EP). La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha avanzado un aumento de la jornada de los empleados públicos en 2,5 horas, de tal forma que pasarán de las 35 semanales a 37,5 y una reducción bruta del 3 por ciento del salario total de todos los funcionarios "con carácter transitorio", a través de la rebaja del 10 por ciento del complemento específico y asimilado, lo que supondrá un ahorro de 100 millones de euros.

Además, ha adelantado la puesta en marcha "de forma inmediata" de un plan de control del absentismo laboral, de tal forma que las bajas se presenten desde el primer día "y no en el cuarto día", dentro del paquete de medidas que forman la segunda parte del Plan de Garantía de los Servicios Básicos de Castilla-La Mancha, que prevé un ahorro total de 350 millones de euros.

La presidenta regional ha señalado que la reducción del complemento específico se aplicará "con carácter transitorio y como medida excepcional", y ha insistido en que la reducción será "bruta, no neta", en aquella parte que depende de las cantidades en las que la Junta tiene la capacidad de actuar "y que no vienen limitadas por legislación básica del Estado".

En este contexto, ha señalado que también se van a reducir las aportaciones del Ejecutivo autonómico al ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM) por valor de 12,5 millones de euros, y ha destacado que su "compromiso" de privatización se mantiene y se sustanciará "en cuanto lo permita la ley estatal".

Dentro de las medidas a adoptar en la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, María Dolores de Cospedal ha señalado que en referencia al Fondo Regional de Cooperación Local (FORCOL) "en ningún caso se van a asumir nuevas obligaciones en este programa", aunque sí se van a pagar las obligaciones contraidas por el Gobierno anterior "dejadas de pagar" que, según Cospedal, "son muchas".

INSTITUTO DE LA MUJER

En este sentido, ha indicado que la Comisión de Seguimiento ente la Junta y las entidades locales definirá lo que realice la Junta y "qué es lo que van a realizar los ayuntamientos", aunque ha adelantado que "quedarán en suspenso los convenios que estén supeditados a prórrogas automáticas hasta que no se revisen" de forma individual todos y cada uno de ellos.

El Gobierno regional también va a acometer una reducción de 9,8 millones de euros en el Instituto de la Mujer --precisamente un día después de nombrar a la que será su nueva responsable, María Teresa Novillo--.

Igualmente, se ha autorizado al gabinete jurídico de la Junta la reclamación de facturas y el cobro de las mismas por atención hospitalaria "cuando estén obligados terceros a su pago" ya que actualmente, ha declarado Cospedal, no se reclamaban estas deudas a las mutuas y compañías de seguros. Esta medida supondrá un ahorro de 3 millones de euros.

Finalmente, en el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades, la presidenta de Castilla-La Mancha ha señalado que a cuenta del Plan de Acción Social se producirá un ahorro de dos millones de euros.

SÓLO AYUDARÁ A FAMILIAS CON RENTAS BAJAS

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que sólo van a percibir ayudas sociales aquellas personas o familias con las rentas más bajas y que se va a examinar el baremo aprobado por el Gobierno central con relación a los grados de la dependencia.

Se trata de algunas de las medidas que adoptará la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y que están contenidas en la segunda parte del Plan de Garantías de los Servicios Sociales, con el que Cospedal pretende ahorrar 350 millones de euros, cantidad que se suma a los 1.815 millones de ahorro que preveía la primera parte.

"Si queremos proteger a los más débiles y a aquellos que más necesitan tenemos que hacer sacrificios de forma temporal", ha indicado la presidenta castellano-manchega cuando se ha dispuesto a enumerar las medidas referidas al capítulo de asuntos sociales.

Dicho esto, ha concretado que en el sistema de prestaciones sociales sólo van a recibir ayudas aquellas personas y familias con las rentas más bajas siempre y cuando no reciban ayudas públicas que sean "incompatibles", con el objetivo de "dar buen uso a los recursos de todos los ciudadanos de forma prioritaria y de forma solidaria".

Según Cospedal, "no nos podemos permitir ayudas a familias con rentas altas y no nos podemos permitir tarjetas naranjas o tarjetas verdes para el transporte que no estén vinculadas a necesidades sociales básicas". "Lamentablemente nos lo hemos permitido desde hace mucho tiempo sin posibilidades de pagar", ha señalado.

A su juicio, en la situación económica actual "no nos podemos encontrar situaciones de familias y de personas con rentas altas que tienen el acceso a servicios públicos, que no son esenciales, de forma totalmente gratuita".

En relación con los centros de mayores, menores, de personas con discapacidad o de dependencia, Cospedal ha anunciado que su Gobierno va a financiar las plazas ocupadas, "no las reservas de plaza" y, de acuerdo con las instrucciones del Gobierno central, se va a examinar el baremo aprobado por el Ejecutivo central con relación a los grados de la dependencia.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Tras enumerar estas medidas, Cospedal ha asegurado que el compromiso que tiene la sociedad de Castilla-La Mancha con los más pobres "siempre" va a estar vigente, "pero hoy nos es imposible asumir obligaciones que supongan la necesidad de incrementar el endeudamiento de la región que vayan vinculadas a políticas cuantitativas de gasto en materia de cooperación internacional".

"No nos podemos permitir pedir créditos y pagar intereses por importe de 40 millones de euros para hacer cooperación internacional", ha especificado.

Todas estas medidas, más las referidas a sanidad, suponen en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales un ahorro de 834 millones de euros para 2012, que se suman a los 103,6 que ya se han ahorrado en el año 2011, "sin hablar de ninguna formula de copago", ha querido remarcar.

Cospedal entiende que antes de pedir a los ciudadanos nuevos esfuerzos en forma de algún tipo de tasa o de impuesto es necesario demostrarles que el Gobierno regional es capaz de ahorrar hasta el "último céntimo" en hacer "auténticos esfuerzos de austeridad" con sus propios medios garantizando la sanidad y la educación pública.