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MADRID (OTR/PRESS). Ahogada por la lucha antiterrorista, en medio de su última tregua, y presionada por los mediadores internacionales, ETA anuncia "el cese definitivo de su actividad armada".

No es una declaración de disolución ni de entrega de armas, es un comunicado en el que, con su lenguaje habitual, reclama a los gobiernos de Francia y España que se presten a la negociación para solucionar lo que ella llama "confrontación armada". El anuncio tres días después de la Conferencia de Paz de San Sebastián, un año y medio después de su último asesinato, el del gendarme galo Jean Serge, y tras 51 años de una actividad que se ha cobrado la vida de cerca de 900 personas.

Tres activistas con el rostro cubierto y txapelas delante de un cartel con el anagrama de ETA. El del centro lee un comunicado en castellano que anuncia "el cese definitivo de su actividad armada". La banda, que se autodenomina "organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional", afirma que la declaración que salió de la Conferencia de Paz de este lunes "reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto".

Así se refiere en todo momento a su actividad terrorista. Habla de "conflicto" o "conflicto armado". No habla de disolución ni menciona la entrega de armas que le exige la mayoría de los sectores de la sociedad española. Al fin y al cabo, los mediadores internacionales citados en el Palacio de Aiete sólo pedían eso: "el cese definitivo de la violencia", con lo cual Gerry Adams, líder del Sinn Fein y miembro de la Conferencia, celebró la 'buena nueva', recogió 'Irish Times'.

Otro de los puntos clave de aquel texto reclamaba a los gobiernos de Francia y España que se prestasen a un diálogo para tratar "las consecuencias del conflicto". Fue, además, otro de los puntos destacados de la declaración de este jueves. ETA quiere negociar sobre el futuro de sus presos, que exigen una "amnistía completa", y la repatriación de sus miembros fugados a Francia y Sudamérica.

Asimismo, la declaración de Aiete hablaba de ahondar en cuestiones militares, como el desarme y el desmantelamiento de sus "estructuras" en este ámbito. El comunicado, publicado en Gara, Berria, la BBC y 'The New York Times', mantiene que "en Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político": "Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político".

Para la organización terrorista, "en Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político" y, "frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo". Los encapuchados agregaron que "el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ése es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca".

En opinión de ETA, "la lucha de largos años ha creado esta oportunidad". Los terroristas agregaron que "no ha sido un camino fácil" y que "la crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel o el exilio". Los encapuchados expresaron su "reconocimiento y más sentido homenaje" para quienes ellos ven como sus 'víctimas'.

La declaración prosigue: "En adelante, el camino tampoco será fácil". "Ante la imposición que aún perdura, cada paso, cada logro, será fruto del esfuerzo y de la lucha de la ciudadanía vasca. A lo largo de estos años, Euskal Herria ha acumulado la experiencia y la fuerza necesarias para afrontar este camino y tiene también la determinación para hacerlo".

UN TERROR DE 51 AÑOS

"Estos años" son 51, en los que la banda se ha cobrado la vida de cerca de 900 personas. La primera de ellas, Begoña Muñoz, un bebé de 22 meses que murió abrasado por una bomba en la estación de ferrocarril de Amara (Guipúzcoa) en 1960. La última, Jean Serge, un gendarme francés que feneció el 16 de marzo de 2010, en un tiroteo en Dammarie-les-Lys, en el sureste de París.

Además de atentados, ETA llevó a cabo 38 secuestros. El primero de ellos fue el del industrial Ángel Berazadi, presidente del Sigma, en 1976. Después de 22 días cautivo, murió por tiro en la cabeza. Años más tarde, en 1997, tuvo lugar uno de los secuestros que más repulsa causaron, el del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, al que los terroristas también mataron disparándole a bocajarro. Fue su respuesta al rescate del funcionario de prisiones José Ortega Lara, que pasó un año y medio en un zulo de Mondragón.

El anuncio se produce después de dos años en los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), de España y Francia, han llevado a cabo numerosas operaciones contra todas las estructuras de ETA. Desde finales de 2009, la banda ha sufrido la desarticulación de su cantera organizada en torno a las siglas de SEGI, el ahogamiento de Ekin forzándola a disolverse y el desmantelamiento de bases logísticas como la de Óbidos o arsenales como el de Legorreta (Guipúzcoa).

A esto se une la detención de decenas de terroristas, unas actividades que continuaron a pesar del anuncio, en septiembre de 2010, de que ETA había suspendido sus "acciones armadas ofensivas" y del alto al fuego "verificable y permanente" de enero de este año. Los terroristas no se quedaron de brazos cruzados; continuaron con el robo de coches en Francia y con el movimiento de militantes en el sur galo.

OTROS PUNTOS DE LA DECLARACIÓN DE AIETE

La declaración de Aiete establecía otros puntos sobre los ETA que no habló de manera expresa en su comunicado. Entre ellos se encuentra el llamamiento a "adoptar pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales".

Esta aspiración persigue la igualación de las víctimas del terrorismo etarra con las víctimas causadas por los abusos policiales, un extremo que los colectivos de damnificados de ETA rechazan. Como cuarto punto, los líderes internacionales sugerían a "los actores no violentos y representantes políticos que se reúnan y discutan cuestiones políticas así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía".

Los primeros análisis de las fuerzas de seguridad ante esta declaración interpretaron que lo que buscan con esto es establecer una mesa de partidos introduciendo otros agentes sociales para abordar cuestiones políticas, incluyendo la autodeterminación.