VALENCIA. Caja del Mediterráneo (CAM) se quedó ayer con una emisión de deuda de la Generalitat Valenciana de 200 millones que, en el fondo, suponen la renovación de los pagarés públicos a tres meses que la entidad alicantina cubrió el pasado mes de julio, justo unos días antes de ser intervenida por el Banco de España.
Fue una de las últimas decisiones tomadas por el consejo de administración de CAM, presidido por Modesto Crespo y con María Dolores Amorós como directora.
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), organismo a través del que la Generalitat emite su deuda, aprobó esta emisión el pasado 14 de octubre, a cuatro días de que vencieran los pagarés emitidos en julio por CAM. Es la primera emisión, más allá de las operaciones de liquidez en el Euromercado, que el Gobierno valenciano realiza desde que en mayo colocó la deuda para minorista o bonos patrióticos.
Este caso de renovación de facto de la emisión -no consta como tal ya que, en un principio, con ese dinero se cancelarán los pagarés que caducan este jueves- es un hecho poco habitual en los últimos meses, ya que las tensiones en el mercado de deuda soberana están provocando que la Generalitat tenga que amortizar sus emisiones.
La CAM, sin embargo, se ha avenido a suscribir la nueva emisión, con las mismas condiciones (tres meses, un cupón del 4,75% pagadero al vencimiento y amortización a la par el 18 de enero de 2012) que la que ahora caduca, según confirmaron a ValenciaPlaza.com desde el IVF, que han advertido que la operación fue previamente aprobada por los representantes del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que actualmente llevan las riendas de la caja alicantina.
Este hecho tiene dos lecturas: por una parte, la dificultad de la Generalitat para amortizar parte de su deuda, especialmente en el escenario actual en el que no puede lanzar nuevas emisiones. La segunda está vinculada a la CAM y a su compleja situación económica. La caja ya sorprendió en julio suscribiendo esta emisión de deuda pública unos días antes de que el Banco de España la interviniese.
La entidad está necesitada de fondos (que acabará aportando en su totalidad el Estado) para reforzar su maltrecha solvencia y, pese a que la remuneración que ofrece la Generalitat es más que interesante (duplica lo que paga el Estado por sus tramos más cortos de subasta e iguala a lo que ofrece la Generalitat de Catalunya por sus bonos a un año), no parece que este sea el momento idóneo para prestar dinero.
Las cajas Bancaja y CAM, como recurso para préstamos de difíciles
El recurso de la Generalitat a las cajas de ahorros autóctonas prácticamente ha tocado a su fin. Hace prácticamente un año, el IVF, dirigido por Jorge Vela, colocó 1.000 millones de euros en bonos a 18 meses (vencerán a finales de enero) que se quedaron a medias Bancaja y CAM.
Desde entonces, las únicas operaciones de relevancia han sido las dos emisiones de bonos patrióticos que se quedan los inversores minoristas. La primera fue la de diciembre de 2010, por valor de 1.500 millones de euros a un año, y la de mayo, que no logró vender en su totalidad, alcanzando los 724 millones, entre los tramos a 12 y 18 meses.
Con el mercado mayorista cerrado a cal y canto, el Gobierno valenciano no ha podido emitir más deuda, pese a tener autorización para ello, lo que ha dificultado su financiación. Ayer mismo el conseller de Economía, Enrique Verdeguer, anunció que preparan una nueva emisión para minoristas de cara a final de este año que, si bien aseguró que se utilizará para pagar a proveedores, en realidad servirá para renovar o devolver los también bonos minoristas a un año que, por valor de 1.500 millones se emitieron en diciembre del año pasado.
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