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VALENCIA. Ex diputado del Congreso por UCD, diputado de las Cortes Vlencianas preautonómica, concejal del Ayuntamiento de Madrid en la Transición y autor de numersoso libros y ensayos sobre relacionhes laborales y asesor de empresas en la misma materia, José Ramón Pin Arboledas es un referente en la teoría y prácticas de las relaciones de los trabajadores y la empresa.
-¿Qué opina de la reforma laboral propuesta por el Gobierno y de su tramitación parlamentaria ern lugar de ser aprobada como un 'decretazo'?
-Su tramitación como ley abre una ventana a la esperanza de una reforma más profunda, que no entrará en vigor hasta 2011. Pero el plan propuesto inicialmewnte por el Gobierno es desastroso, un sí pero no, que no puede ser considerado una reforma laboral, sino una mera modulación del actual Estatuto de los Trabajadores y su legislación concurrente. El decreto no reforma nada sustancia, salvo la introducción del Fogasa para financiar parte de las indemnizaciones.
-'Algo' tendrá cuando los sindicatos han reaccionado planteando una huelga general contra esta reforma...
-En mi opinión contiene sólo tres novedades. La primera, inspirada en el modelo austriaco, consiste en la creación de un autoseguro de indemnización para los trabajadores con una cotización social a cargo de su salario. Aún a falta de reglamentar, que según el Gobierno lo hará mediante otro decreto ley cuyo desarrollo llevará al menos un año, falta por saber si esta especie de fondo de capitalización podrá ser gestionado por empresas públicas o privadas. En Chile hay algo similar y lo gestionan empresas privadas. Yo soy partidario de estas últimas siempre que el trabajador pueda cambiar de un fondo a otro sin coste para él. Así serían todos más competitivos. Pero aún falta tiempo para su desarrollo.
Otra cuestión a tener en cuenta es el origen de la financiación de esos fondos. ¿Quién pone el dinero? ¿el trabajador? Entonces se estaría él mismo financiando su indmnización de despido a cargo de sus propios salarios. ¿La empresa? Entonces no se reducen los costes laborales? En fin, que son asuntos que deben ser aclarados antes de realizar una valoración objetiva de la reforma.
-Más novedades...
-Sí. La segunda es la posibilidad para las empresas de descolgarse del convenio colectivo sectorial, que según el decreto del Gobierno podrá hacerse por acuerdo entre la empresa y su comité, y por laudo arbitral cuando no lo haya. En realidad no cambia nada y sirve de poco. Debería establecerse de otro modo, por ejemplo, que las patronales y los sindicatos negociaran acuerdos sectoriales y que las empresas pudiera sumarse libremente a ellos si lo desean, o no hacerlo. Pero el Gobierno ha decidido hacerlo de otro modo manteniendo de salida asu obligatoriedad, lo cual representa una concesión en toda regla a sindicatos y patronales
-¿Y la tercera?
-Se trata de la entrada en el mercado de intermediación laboral de las empresas colaboradoras de colocación, una figura nueva que aun debe ser regulada. Yo creo que se trata de un brindis al sol y que serán los sindicatos quienes ocupen esa posición. Estos tres puntos son los novedosos, el resto, meros matices del Estatuto. Se mejora la aplicación de los contratos indefinidos y a última hora han introducido la financiación por parte del Fogasa de 8 días de indemnización, lo cual sí es una medida favorable porque rebaja el coste del despido para las empresas y los trabajadores no ven reducida su indemnización. Está bien porque de momento el Fogasa tiene superavit, pero cuando éste se acabe, quién lo financiará? ¿a cargo del Estado? Esto sería actuar de nuevo en contra de las medias antidéficit...
-¿Cómo sería, en su opinión, la reforma laboral que necesita España?
-Tendría cuatro claves. La primera, reducir de verdad el coste del despido, por lo menos como la media de Europa o más si queremos ser competitivos. La reducción que representan las medidas ahora aprobadas en el proyecto de ley serán efectivas al menos durante algunos meses, pero ya veremos más adelante.
La segunda, el establecimiento de un modelo de convenio colectivo ante el que las empresas puedan elegir sumarse o no, y no al revés, que tengan que 'trabajar' para salirse de él, como ahora.
La tercera clave es la apertura del mercado de colocaciones a las empresas privadas colaboradoras de los servicios públicos de empleo. Una empresas que recibirían sus ingresos en función de los resultados, es decir, por personas 'colocadas' con contratos superiores a seis meses. De este modo el Estado ahorra prestaciones e ingresa cotizaciones, pudiendo pagar algo por ello a las empresas que contribuyan a ello.
Finalmente, y en cuarto lugar, la flexibilización de la movilidad geográfica y funcional, contemplada en el decreto ley y que debería ser introducida como elemento negociable y/o regulable en los convenios de empresa con el comité de empresa.
-¿Por qué cree que España está tardando tanto tiempo en emprender las reformas necesarias?
-Porque a nuestros dirigentes les falta liderazgo político y social. Tenemos políticos que como mucho gestionan situaciones, pero lo que nos hacen falta son estadistas que cambien o reformen esas situaciones. Los cambios acostumbran a exigir sacrificios a la población, que sólo acepta las imposiciones si el gobernante tiene autoridad moral y la gente está convencida de que actúa por el bien común en lugar de hacerlo por sí mismo o por su partido.
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