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MADRID (OTR/PRESS). La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, desmintió este lunes que el Gobierno esté preparando un plan de amnistía fiscal para repatriar dinero opaco colocado por los contribuyente españoles en el extranjero y dinero negro generado en España en la economía sumergida.

Por su parte, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) informó en un comunicado de que está "absolutamente" en contra de la posible amnistía fiscal para financiar la deuda pública a coste más barato que el del mercado dado que sería "muy injusta" y contraria a la Constitución.

"No existe ningún plan parecido a eso, en absoluto", aseguró Salgado al ser preguntada por una posible iniciativa del Gobierno para aflorar dinero negro sin sancionar a los defraudadores, obligándoles únicamente a suscribir deuda pública a precio inferior al de mercado.

Asimismo, destacados dirigentes del PSOE coincidieron en señalar que desconocen que el Gobierno esté discutiendo la posibilidad de establecer una amnistía fiscal. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, declaró no tener una "opinión formada" sobre este asunto, porque "hasta donde sabe el PSOE, esta medida no está encima de la mesa".

Por otra parte, Salgado destacó que el Ejecutivo ya ha puesto en marcha un plan "muy ambicioso" de lucha contra el fraude fiscal, con una parte "sancionadora", pero también una parte "preventiva" cuyo objetivo es "tratar de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales" a las grandes empresas y a todos los contribuyentes.

"Esa es una parte muy importante de la lucha contra el fraude", subrayó Salgado. "Espero que el presidente de la Agencia Tributaria pueda comparecer en un plazo breve para decir cómo está yendo ese plan de prevención del fraude fiscal", concluyó.

PÉRDIDA DE LA CREDIBILIDAD FISCAL EN LA CIUDADANÍA

Por su parte, los inspectores de Hacienda consideran que de llevarse a cabo dicha amnistía fiscal podría tener efectos "muy perjudiciales" sobre la recaudación tributaria, ya que asienta en la ciudadanía la idea de que la conducta de los defraudadores antes o después va a quedar impune.

Además, los inspectores consideran que esta medida incentiva que los contribuyentes no declaren voluntariamente todos sus ingresos y, por tanto, que defrauden a la Hacienda Pública. "La medida supone un varapalo a la lucha contra el fraude fiscal", advierte la organización.

Por otro lado los inspectores de Hacienda advirtieron de que los países que ponen en práctica este tipo de medidas pierden durante décadas seriedad y credibilidad fiscal y reducen la recaudación en periodo voluntario.

La organización recuerda que la Ley General Tributaria ya ha previsto en su artículo 27 un sistema de recargos (de menor importe que las sanciones que se impondrían por los órganos de control en su caso) que se aplicarían a todos los contribuyentes que quisieran regularizar su situación tributaria.

MEDIDA DISCRIMINATORIA Y NO EFECTIVA

El colectivo de los técnicos de Hacienda (Gestha) se manifestó también en contra de la amnistía fiscal porque considera que no reduciría la economía sumergida y que su aplicación provocaría un aumento de las responsabilidades de los técnicos para que pudieran recaudar 38.000 millones de euros procedentes de la economía irregular para situar a España en la tasa sumergida media de la Unión Europea.

Además, el sindicato alertó de que una amnistía fiscal sería "discriminatoria" respecto a quienes sí han pagado sus impuestos y recordó que sólo las personas o sociedades investigadas por fraude fiscal llegan a suscribir la deuda.

Según los datos aportados por Gestha, en 2009 la economía sumergida de origen fiscal ha ido aumentando progresivamente desde 1985, momento en el que sumaba el 17,2% del PIB, hasta el 23,3% del PIB en que se situó en 2009.

El secretario general de Gestha, José María Molinero, explicó que durante la última década España "ha pasado por alto el control de la economía sumergida porque el dinero iba entrando" y señaló que los 38.000 millones de euros que España ha dejado de ingresar anualmente por no controlar el fraude fiscal, 25.000 millones de euros correspondían a impuestos y los 13.000 restantes a cuotas a la seguridad social.