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VALENCIA (VP/EP). Los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) aseguraron que Hacienda ha puesto en el punto de mira a más de 315.000 parados, divorciados y empresas de la Comunitat, entre otros colectivos, dentro de una estrategia que en su opinión es "equivocada, injusta e ineficiente" en la que investiga a los colectivos "más perjudicados" por la crisis y "descuida" otras vías de financiación "como la lucha contra la economía sumergia y grandes defraudadores".

Gestha advirtió en un comunicado de que la crisis financiera está produciendo situaciones "ciertamente disparatadas" con la Hacienda Pública que "en lugar de cambiar su modus operandi para adaptarlo a la crisis, sigue investigando a los colectivos más perjudicados".

Como primer ejemplo, cita la situación de la mayoría de los casi 300.000 desempleados de la Comunitat que cobraron en 2009 prestaciones por desempleo, aquellos que percibieron más de 1.500 euros en el conjunto del año, normalmente sin retenciones.

En estos casos, el límite para no estar obligado a declarar el Impuesto sobre la Renta baja a los 11.200 euros de ingresos íntegros, desde los 22.000 euros si hay solo un pagador.

En segundo lugar, Gestha se refiere a los casos de las personas que pierden su vivienda al no poder pagar la hipoteca, a pesar de la moratoria de dos años en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, hasta un máximo de 500 euros mensuales, aprobada a partir del 1 de enero de 2009 para los parados y trabajadores autónomos que hayan cerrado su negocio o reduzcan sus ingresos.

En estas situaciones, si el precio de la subasta o la deuda, incluidos los intereses moratorios, indemnizatorios y costas, supera el precio escriturado de la vivienda, Hacienda considerará que "el desalojado ha obtenido una ganancia patrimonial", y le exigirá entre un 19% y un 21%. Según los últimos datos provisionales del INE, entre enero y marzo las quiebras familiares aumentaron un 4,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Gestha denuncia igualmente que Hacienda ha encontrado "un filón" en los cerca de 15.000 casos de separaciones y divorcios producidos en la Comunitat Valenciana, dado que en España "se producen más de 13 rupturas por hora, -entre 2001 y 2006 crecieron más de un 277%, lo que nos situó entonces al frente de la Unión Europea, según el Instituto de Política Familiar-".

En los casos en que el principal bien de la pareja es la vivienda hipotecada, el cónyuge que se adjudica la vivienda solicitará un préstamo para pagar a su ex pareja la mitad correspondiente. Realizada esta liquidación, Hacienda considerará que "el ex cónyuge, que ha vendido la mitad, ha obtenido una ganancia patrimonial", y le reclamará entre un 19% y un 21%.

La situación también afecta a más de 1.500 empresas de la Comunitat. Así, aquellas sociedades que entraron en proceso concursal en la Comunitat Valenciana durante el pasado año padecen situaciones "absurdas" en las que, "en caso de llegar a un acuerdo con quita a los acreedores -ya que se supone que no puede pagar-, Hacienda le imputará un beneficio a distribuir en varios ejercicios que tributará en el Impuesto sobre Sociedades".

Esta situación se reproduce en las daciones en pago de deudas, que son operaciones en las que el deudor que no tiene liquidez entrega un bien para pagar una deuda, y en las disoluciones societarias provocadas por una insolvencia definitiva.

Por comunidades autónomas, la valenciana es la tercera región que concentra más situaciones de este tipo, con más de 315.000 parados, divorciados y empresas afectados, tras Andalucía y Cataluña.

Los técnicos de Hacienda consideran que la solución para equilibrar las cuentas públicas "pasa por luchar de manera eficaz contra la economía sumergida y los grandes defraudadores en lugar de poner la lupa sobre los colectivos más perjudicados por la crisis o realizar drásticos recortes sociales".