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BRUSELAS (EP). España fue el año pasado el segundo Estado miembro que recibió más ayuda neta de la Unión Europea, una vez deducida su contribución a las arcas comunitarias, con un total de 4.100 millones de euros, cifra que equivale al 0,39% del PIB. Sólo Polonia tuvo un mejor saldo neto de subvenciones comunitarias (8.427 millones, el 2,47% del PIB), según un informe de la Comisión publicado este viernes.

Los datos se conocen justo cuando empieza la negociación de los presupuestos de la UE para el periodo 2014-2020, en el que España pasará por primera vez a ser contribuyente neto a las arcas comunitarias. El Gobierno ya ha reclamado que este tránsito se haga de forma gradual.

En 2010, España se benefició de 13.190 millones de euros de subvenciones de la UE, el importe más alto recibido por ningún Estado miembro. Las principales partidas son las ayudas agrícolas y medioambientales (7.038 millones), y los fondos regionales (5.125 millones). Por su parte, la aportación española a las arcas comunitarias ascendió a 8.937 millones de euros.

El saldo neto español de ayudas europeas alcanzó su máximo en 2002 con 8.859 millones de euros (el 1,23% del PIB). Desde entonces se redujo progresivamente hasta los 1.181 millones de euros de 2009, pero ha vuelto a aumentar en 2010.

Por detrás de Polonia y España, los mayores receptores de subvenciones netas de la UE son Grecia (3.597 millones, el 1,61% del PIB), Hungría (2.748, el 2,94% del PIB) y Portugal (2.622 millones, el 1,57% del PIB).

Los principales contribuyentes netos al presupuesto de la UE del año pasado fueron Alemania (9.223 millones de euros, el 0,36% del PIB), Reino Unido (5.625 millones, el 0,33% del PIB), Francia (5.534 millones, el 0,28% del PIB), Italia (4.534 millones, el 0,30% del PIB), Países Bajos (1.833 millones, el 0,31% del PIB), Bélgica (1.466 millones, el 0,41% del PIB) y Suecia (1.211 millones, el 0,34% del PIB).

Precisamente, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Austria, Finlandia, Suecia y Países Bajos, han enviado una carta a la Comisión en la que califican de demasiado alta su propuesta de presupuesto para 2014-2020 y exigen recortes similares a los que están aplicando los Estados miembros.