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VALENCIA (L. MASERES). El acuerdo no llega y según pasan los días parece más claro que no llegará. Las negociaciones entre sindicatos y la patronal sobre la reforma laboral seguían ayer, tras la reunión con el Ministerio de Trabajo, en punto muerto. Las propuestas de unos no satisfacen a otros y viceversa. A pesar de que el 31 de mayo era la fecha límite puesta por el Gobierno para alcanzar un pacto, ésta se ha vuelto a dilatar sin un día concreto en el calendario. Si los representantes de los trabajadores y empresarios no acercan posiciones, los dos actores sociales tendrán que acatar lo que diga el Ejecutivo.

"Hemos trabajado para mantener una reunión esta semana y otra la que viene", indicaron ayer fuentes sindicales. "El Gobierno podría aprobar el decreto la semana del 11 de junio o, en todo caso, la siguiente", añadieron.

El despido y las condiciones laborales de los trabajadores es el tema central de las conversaciones entre CCOO, UGT y la CEOE. Mientras que los primeros quieren preservar todos sus derechos, los segundos buscan un abaratamiento del despido.

El Gobierno central presentó, el pasado 12 abril, un documento titulado Diálogo social sobre actuaciones en el mercado de trabajo. El escrito -el último elaborado según el Ministerio de Trabajo-, señala las prioridades del Ejecutivo en relación a la reforma laboral, aunque deja claro que se trata de un "documento de trabajo abierto".

Si bien las posturas entre los actores sociales son irreconciliables (llevan meses intentando llegar a un acuerdo sin éxito), el Gobierno pretende aprobar la reforma laboral en el "corto plazo" y antes de que finalice el mes de junio.

Atendiendo a las directrices o a los "cinco ejes fundamentales" del documento del Ejecutivo, se puede atisbar cuáles serán los puntos en los que incidirá el decreto, aunque según afirmó ayer la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, "todo lo dialogado en el último año no va a caer en saco roto".

LAS PREFERENCIAS DEL GOBIERNO

Entre las preferencias del Gobierno, la principal es alcanzar la contratación estable. Cómo conseguirlo es ya otra cuestión, ya que el documento sólo da unas pinceladas de las medidas que tomaría para alcanzarlo.

Dentro de este primer punto, el Ejecutivo hace mención a la contratación de duración determinada, es decir, pretende limitar al máximo el número de contratos temporales. Entre las dos soluciones que se llevarían a cabo, se plantea por una parte desvincular este tipo de contrato de la actividad habitual de la empresa, y por otra, establecer legalmente los plazos máximos de duración del contrato para que no se dilatara en el tiempo. Para controlar que esta situación se cumple, aumentarían las inspecciones de trabajo.

En cuanto al contrato eventual, el texto afirma que lo lógico sería que se convirtiera en "fijo-discontinuo", sin afectar a la actual protección por desempleo. Es todo cuanto se dice al respecto.

Uno de los puntos más conflictivos entre los sindicatos y el Gobierno, podría ser la propuesta del Ejecutivo de no pagar indemnizaciones por fin de contrato temporal. Según argumentan, la coyuntura económica no es la más favorable para este tipo de gastos. Otra cosa son las indemnizaciones por contratos fijos, y según lo que se plantea, podrían pasar de 45 días trabajados a 33.

También aboga por la implantación del modelo austriaco de desempleo -los trabajadores cuentan con un fondo que pueden capitalizar si son despedidos o bien llevárselo a su nuevo empleo y emplearlo cuando se jubilen- y por el modelo alemán que utiliza la reducción de jornada como alternativa a los despidos.

Dentro de la contratación, el Gobierno propone también reducir el número de horas extra que puedan hacer los trabajadores, aunque también de forma ambigua. Mientras que en un apartado afirma que no se podrá alterar el horario del empleo, en el siguiente asegura que el empresario "podría modificarlo con un preaviso mínimo a determinar". La medida podría contentar a todos, ya que la postura del Ejecutivo dista mucho de ser formal.

FAVORECER A LOS JÓVENES

La crisis económica se ha llevado por delante a miles de jóvenes con edad de trabajar. Algunos, ni siquiera han tenido opción de encontrar un sitio en el mercado laboral por la gran demanda y la escasa oferta que hay.

El Gobierno considera que este colectivo, comprendido entre los 16 y años 30, es uno de los más débiles, por ello, propone medidas como: incrementar "sustancialmente" las actuales bonificaciones por la contratación indefinida de jóvenes de esas edades; contratos para la formación por las empresas y los trabajadores, y un programa específico para el empleo de los jóvenes que carezcan de cualquier título educativo.

INSERCIÓN DE LOS PARADOS

Restarle parados al dato del desempleo es el fin del Gobierno. Hasta el momento las medidas son tan abiertas que prácticamente ninguna de ellas llega a concretar nada, y la de la inserción de los parados no es menos.

Así, entiende que es necesario exigir a las empresas privadas de búsqueda de empleo que un porcentaje de los puestos de trabajo estén destinados a personas con dificultades de acceso al mercado laboral. Asimismo, destaca de nuevo que las bonificaciones se destinarían principalmente a los contratos indefinidos para jóvenes, mayores de 45 años y mujeres. Éstas serían "objeto de una evaluación rigurosa y permanente para verificar si cumplen los objetivos".

FOMENTAR LA REDUCCIÓN DE JORNADA

Para evitar los expedientes de regulación de empleo (ERE), una posible solución sería reducir la jornada de trabajo de los empleados para que conserven su puesto, aunque adaptándose a los problemas de la empresa.

La principal modificación sería establecer un límite mínimo, inferior al actual, y uno máximo para la reducción de jornada que da lugar al desempleo parcial. Además, se analizará la posibilidad de que el cómputo del periodo de prestación consumido en caso de desempleo parcial sea equivalente al porcentaje de una jornada por prestación y no un día completo, como se hace ahora.