31/05/2010 Mientras esperan la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), las autonomías siguen ajustando el gasto y, en su mayoría, han secundado ya el recorte salarial aprobado por el Gobierno, pero solo unas pocas emularán a Castilla-La Mancha en su decisión de suprimir varias consejerías

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MADRID (EFE). Así se desprende de la consulta que ha hecho Efe a los gobiernos regionales, inmersos ahora en la puesta en marcha de sus propios planes de ajuste y en la aplicación de las medidas incluidas en el decreto que esta semana aprobó el Congreso, sobre todo la reducción salarial de sus funcionarios.

Cataluña ha lanzado ya su plan de austeridad, con el que espera recortar el déficit en unos 1.700 millones, y ha acordado, además de las bajadas de sueldo, recortes en los conciertos sanitarios y educativos y la subida de tres impuestos -trasmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y el de matriculación-.

Sin embargo, ha aplazado un mes la decisión anunciada de subir los impuestos a las rentas más altas.
Un presupuesto "enormemente austero" para aliviar el "marasmo" en el que el Gobierno ha situado las cuentas públicas ha anunciado para 2011 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que para dar ejemplo se ha bajado el sueldo un 17 por ciento, dos puntos más que lo estipulado para los altos cargos.

Aguirre "obligará" a sus consejeros a viajar en transporte público y cuando no puedan, pondrá a su disposición una flota de coches oficiales de gama media baja.

Por motivos de seguridad, es poco probable que se reduzca la flota en el País Vasco, donde Patxi López tiene intención de mantener el "cheque bebé", ahorrar 87 millones con la bajada de sueldo de los funcionarios, disminuir el gasto corriente en 2011 en 30 millones y recortar en un 3 por ciento las subvenciones a partidos, sindicatos y asociaciones.

A 245.000 trabajadores le ha recortado el sueldo la Junta de Andalucía, cuyo presidente, José Antonio Griñán, espera la convocatoria del CPFF para tomar otras medidas que podría anunciar en el debate sobre el estado de la región.

La Xunta de Galicia no tiene pensado ajustar consejerías porque ya pasó de 13 a 10, así como sus vehículos oficiales, que pasaron de 143 a 84, pero reducirá organismos públicos y fundaciones.

"En modo alguno" estudia la Generalitat Valenciana la desaparición de algún departamento, según su conseller de Economía, Gerardo Camps, quien ha admitido, sin embargo, que se producirá una "reestructuración" del sector administrativo, lo que se sumará a los 115 millones ahorrados por la fusión o extinción de 15 empresas públicas.

El responsable económico de Canarias, José Manuel Soria (PP), ha propuesto disminuir el número de consejerías pese a las reticencias del presidente, Paulino Rivero (CC), si bien esta medida será una más de las que, en todo caso, se incluirían en el plan de ajuste que prevé recortar el gasto en 1.069 millones.
Por su parte, el Gobierno balear se plantea adelgazar su estructura, pero también incrementar el tramo autonómico del IRPF, aumentar el impuesto de trasmisiones patrimoniales e implantar un nuevo tributo medioambiental.

En siete (antes 10) se ha quedado el número de consejerías la Junta de Castilla-La Mancha presidida por José María Barreda y en 40 (antes 93) el de fundaciones, consorcios y empresas públicas, con lo que el Gobierno autonómico se ha reducido a la mitad desde el inicio de la legislatura.

Una decisión que no piensa tomar la Junta de Castilla y León porque considera que su estructura está "muy medida y tasada" y que el trabajo de sus doce consejerías ha servido para cumplir con la senda de austeridad marcada.

Tampoco es muy partidario de esa medida el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aunque puede ser "planteable" en una comunidad que contará en 2011 con un 40 por ciento menos de altos cargos.

De medidas "efectistas" ha tachado el presidente navarro, Miguel Sanz, la reducción de áreas, aunque las respeta, en tanto que la vecina Aragón se remiten a un posible acuerdo del PSOE con el PAR, partido este último que podría ser partidario de ponerla en marcha.

Aragón se quedará con un 25 por ciento menos de empresas públicas para contener el gasto, mientras que La Rioja hará "gestos" que se sumarán a los ajustes ya realizados tras la eliminación de direcciones generales y otros órganos.

Murcia ya remodeló la estructura y se quedó con 9 de las 12 consejerías, además de reducir el 20 por ciento el número de altos cargos.

Cantabria y Asturias, por su parte, estudian la adaptación del decreto de ajuste del Gobierno; Ceuta quiere ahorrar 11 millones hasta final de año, y Melilla sólo tiene previsto, de momento, bajadas salariales.