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MADRID (EP). El sindicato CC.OO. ha rechazado los cambios en la contratación que ha planteado el Gobierno en el borrador del Real Decreto-Ley que pretende aprobar el viernes, puesto que solo estimulan la temporalidad y la precariedad, las "grandes lacras" del mercado laboral español.

En un comunicado, CC.OO. considera "absolutamente rechazables" algunas de las medidas que contempla el texto, como la suspensión temporal de la aplicación del encadenamiento de contratos y la ampliación de la edad a 30 años con carácter temporal y 25 con carácter permanente en los nuevos contratos de formación.

En concreto, el sindicato cree que el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje no da respuesta a las demandas sindicales de articular un modelo formativo y de empleo para los jóvenes sin cualificación.

CC.OO. se opone también a la posible la fusión del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), puesto que se trata de una "vía de escape completamente irresponsable" para obviar la saturación del Fogasa.

A su parecer, pretender fusionar estos organismos sin corregir las deficiencias que padecen es un "despropósito" que solo puede colapsarlos y provocar retrasos en los pagos de prestaciones, salarios e indemnizaciones. "Sería de una irresponsabilidad absoluta iniciar este camino sin contar con los medios y las soluciones que los eviten", señala.

En cambio, el sindicato liderado por Ignacio Fernández Toxo valora "positivamente" la prorroga del 'Programa Prepara', una antigua reivindicación sindical, así como la no inclusión de la desregulación del contrato a tiempo parcial.

Por otro lado, critica la propuesta de reforma constitucional para controlar el gasto porque pone en riesgo la calidad y supervivencia de los servicios públicos, ya que incide directamente en el mantenimiento y calidad de los servicios y prestaciones públicas, en las políticas de impulso económico durante la crisis y en la viabilidad de administraciones pequeñas.

CRITICA LA FALTA DE DEBATE EN EL CAMBIO CONSTITUCIONAL

Además, critica que el anuncio de la reforma se hiciera "por sorpresa" y por parte de un Gobierno al que le quedan "escasos meses de vida", sin un debate previo en la sociedad, sin explicaciones de las graves consecuencias futuras, rompiendo los criterios del consenso constitucional de 1978 y "hurtando a la ciudadanía el debate y la participación directa en una medida de tanta trascendencia".

Finalmente, aprovecha para insistir en la importancia de desbloquear la negociación colectiva, ya que los salarios deben mantener una senda de moderación en su crecimiento, pero el esfuerzo será "baldío y contraproducente" si no está acompañado de un compromiso "firme" de contención de beneficios empresariales.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha rechazado la intención del Gobierno de suspender durante dos años el límite existente al encadenamiento de contratos temporales y ha advertido de que esta medida supone "apostar directamente por la temporalidad, el empleo de mala calidad y con menos derechos".

Ferrer reaccionaba así al último borrador del Real Decreto-Ley que quiere aprobar el viernes el Gobierno y que les ha enviado esta misma mañana a los sindicatos, que hasta ahora desconocían esta propuesta del Ejecutivo.

El secretario de Acción Sindical de UGT ha recordado que el límite al encadenamiento de contratos temporales es fruto de un acuerdo alcanzado por sindicatos, empresarios y Gobierno en el año 2006, en el marco del Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo, un acuerdo "que pretendía potenciar la contratación estable, la contratación indefinida y limitar y reducir la contratación temporal, sobre todo la contratación temporal abusiva".

"Estamos ante una medida aparentemente contradictoria e incoherente", asegura Ferrer, que no entiende por qué por un lado el Gobierno quiere suspender transitoriamente este límite al encadenamiento y, por otro, seguir concediendo bonificaciones a la conversión de contratos temporales en indefinidos.

NO A AMPLIAR LA EDAD DEL CONTRATO DE FORMACIÓN

En cuanto al contrato de formación, Ferrer se opone a que se eleve a 30 años la edad para acceder a esta modalidad, pues "la edad de 25 años, que tiene un carácter transitorio, pues termina este año, ya es elevada".

Ferrer considera que el contrato de formación y aprendizaje es una modalidad de contratación adecuada ante la elevada tasa de paro juvenil, del 43%, el doble que la tasa de paro general. No obstante, el representante sindical ha subrayado que la regulación de esta modalidad debe reforzarse en línea con los planteamientos sindicales.

"Nuestro sistema educativo de formación profesional debe de adoptar un sistema dual que combine la formación en los centros escolares con el trabajo en las empresas. Sin embargo, la medida del Gobierno sólo habla de contratación, pero el sistema de formación no se adapta en esta línea", argumenta.

Ferrer, que ha celebrado que el Gobierno haya renunciado por ahora a flexibilizar el contrato a tiempo parcial, ha asegurado que tanto las medidas que se aprobarán este viernes como las que se aprobaron el viernes pasado son "parciales" y no atienden al objetivo de priorizar el empleo en la política económica.

"Algunas son positivas pero insuficientes, como el Plan Prepara (ayuda de 400 euros), y otras no tienen ningún sentido, como la suspensión al límite de encadenamiento de contratos. Además, tampoco responden a la carta remitida por los secretarios generales de UGT y CC.OO. al presidente del Gobierno", alega.

Ferrer ha subrayado que los trabajadores están siendo responsables ante la crisis, por lo que se requieren compromisos empresariales de moderación de beneficios y precios y políticas públicas para fomentar la recuperación económica y el empleo".

EN CONTRA DEL 'PICOTEO FISCAL'

En materia fiscal, el secretario de Acción Sindical de UGT ha afirmado que en España hace falta una fiscalidad global y de conjunto, de carácter equitativo y progresivo, en la que las rentas altas y de capital contribuyan en función de sus ingresos.

"Lo que no se puede hacer es un picoteo fiscal, crear una figura ahora y quitarla mañana. Con estas ideas veraniegas no se soluciona la situación. Además, reforzar los ingresos es una pieza fundamental para reducir el déficit", ha precisado.

Sobre la reforma constitucional para limitar el déficit, Ferrer ha destacado que se trata de un tema "de suficiente calado" como para que la ciudadanía fuera consultada en referéndum. "Es una medida de dudosa viabilidad y éxito, con lo que no tiene sentido consagrarla con naturaleza constitucional", ha dicho.