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MADRID (EFECOM). Incluir el techo de gasto para que la Constitución recoja la limitación del déficit, tal y como ha propuesto hoy el presidente del Gobierno y ha apoyado el líder del PP, exigirá una reforma de la Carta Magna, para la que es necesario un respaldo de los tres quintos del Parlamento.

Para llegar a esta cifra no habrá problemas si se ponen de acuerdo el PSOE y el PP, ya que ambos suman 321 escaños en el Congreso (169 de los socialistas y 152 del grupo popular) de los 350 existentes, porcentaje que aún es mayor en el Senado, donde estos dos grupos suman 226 de los 264 que componen la Cámara Alta.

En caso de que no hubiera acuerdo, lo que parece improbable en esta ocasión, se tendría que crear una comisión paritaria de diputados y senadores que elaborara un texto para su posterior votación en las Cámaras.

Si aún así no saliera adelante, y siempre que la iniciativa hubiera obtenido la mayoría absoluta en la Cámara Alta, podrá ser aprobada por el Congreso por mayoría de dos tercios.

Una vez que las Cortes le hayan dado el visto bueno, la reforma será sometida a referéndum si así lo solicitara una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los quince días siguientes a su aprobación.

La reforma, en todo caso, partiría de la propuesta francoalemana de incluir la denominada "regla de oro" o techo de déficit en las Constituciones de los 17 miembros de la eurozona, presentada el pasado 16 de agosto por Nicolas Sarkozy y Angela Merkel.

Hasta ahora, el Gobierno aprobaba cada año en Consejo de Ministros como decreto-ley el déficit previsto y después lo elevaba al Congreso y Senado para ratificarlo.

Tras la propuesta francoalemana, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró que los cambios en la Constitución son más fáciles de llevar en unos países que en otros y que lo importante es que todos los Estados se comprometan con esa "regla de oro", independientemente del instrumento legal que se utilice.

Alemania la tiene incluida, con un artículo, que entró en vigor este año, que fuerza por ley a que se logre un equilibrio presupuestario.

Se trata de establecer que, a partir de 2016, el déficit del presupuesto no puede superar el 0,35 por ciento del PIB.

En Francia, su presidente, Nicolás Sarkozy lucha por obtener el respaldo necesario y la oposición se ha mostrado contraria, mientras que en Italia ha comenzado a debatirse esta propuesta de reforma constitucional.