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MADRID (EP). El portavoz del Ejecutivo y ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto ley que mejorará la gestión del gasto farmacéutico y permitirá ahorrar a la Administración pública --tanto al Estado como a las comunidades autónomas-- un total de 2.400 millones de euros al año y 177 millones al conjunto de los ciudadanos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, donde estuvo acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, el portavoz del Ejecutivo ha dicho que este real decreto ley pretende "ahorrar manteniendo la calidad de la sanidad pública".

Recuerda que, a partir de ahora, los médicos tendrán que recetar los medicamentos por principio activo, no por el nombre de la marca, y que los farmacéuticos deberán dispensar el fármaco de menor precio de una misma familia.

"Esto lo hacemos desde el principio de responsabilidad, todos tenemos que tener responsabilidad en el ahorro, tiene que haber un compromiso colectivo del Gobierno, los médicos, los farmacéuticos y los ciudadanos (...) las casas no pueden estar rebosando de medicamentos sin utilizar o caducados, que pagamos todos con nuestros impuestos", asevera.

El portavoz del Ejecutivo asegura que el nuevo real decreto ley sobre el gasto farmacéutico "no tiene nada que ver" con el catálogo priorizado de medicamentos aplicado en Galicia y rechazado por el Gobierno por invadir competencias estatales.

Ha subrayado que se trata de armonizar las acciones de recortes del gasto farmacéutico que se realizan en España y "que todo el mundo tenga las mismas posibilidades" de acceso a tratamiento en todo el país. En este sentido, recuerda que este real decreto cuenta "con el respaldo unánime de todas las comunidades autónomas" y, según ha destacado, "con el apoyo explícito de Madrid y Valencia".

Asimismo, Blanco ha anunciado también que el Consejo de ministros ha aprobado la distribución de ayudas a farmacias pequeñas que se encuentran en ámbitos rurales y zonas deprimidas de España, con pequeños volúmenes de ventas. El objetivo es, dice, "garantizar la viabilidad del servicio, compensando el desarrollo de los servicios de farmacia en estas zonas con un máximo de 800 euros anuales".

Por su parte, Salgado ha destacado que esta medida de recorte del gasto farmacéutico es "una medida que ya ha sido explicada por la ministra de Sanidad con posterioridad al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde se debatió". A su juicio, la "medida fundamental" es la obligación de prescribir por principio activo y de dispensar el medicamento más barato de la misma familia.